Un debate público que suma confusión

Corren tiempos difíciles para la Justicia. La coyuntura política ha puesto al Poder Judicial en el centro de la escena política. En un ambiente sumamente polarizado, alimentado por acusaciones y críticas por parte de autoridades del Gobierno, líderes sociales e incluso medios de comunicación, la labor de los jueces se ha puesto en jaque. Esto se ha visto agravado por el masivo repudio social a ciertas decisiones judiciales recientes.

En este contexto, es necesario poner el acento en la mala calidad del debate público y su impacto sobre la percepción que los ciudadanos tienen del sistema de justicia. En primer lugar, las propuestas de algunos actores políticos no han hecho sino agravar la confusión general. Un buen ejemplo de ello es la afirmación de la presidenta de la Nación sobre la necesidad de democratizar la Justicia. No hay certezas sobre qué significa ni cuáles son las propuestas para concretarlo. Para el Gobierno, ¿democratizar es que los jueces fallen de acuerdo con el clamor popular, sean más transparentes, o paguen impuestos al igual que todos? No lo sabemos.

Por otra parte, referirse a la Justicia como si fuera una sola tampoco ayuda a informar a la sociedad. Además de la justicia federal, cada provincia tiene su propio Poder Judicial. Hacer una reflexión crítica sobre el funcionamiento global de la Justicia sobre la base de un fallo de un tribunal oral provincial (como en el caso de Marita Verón), pareciera ser no sólo oportunista sino también desproporcionado. De poco sirve aprovechar una supuesta mala sentencia para cuestionar a todo el Poder Judicial.

Los medios de comunicación no están exentos de este problema en tanto son canales y generadores de información que instruyen y moldean el debate público. La cobertura de temas judiciales, especialmente en coyunturas tan delicadas como la actual, requiere de esfuerzos especiales por garantizar un abordaje adecuado de los temas y un énfasis en llevar a los ciudadanos información relevante y de calidad. Aquí hay una deuda pendiente.

Por último, el Poder Judicial tiene también su responsabilidad en esta cuestión, ya que tiene la obligación de informar a la comunidad sobre su labor. Las carencias actuales en este sentido son notorias. Sin embargo, iniciativas como el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son sumamente promisorias. Su réplica en otras jurisdicciones se torna ya inevitable.

La sociedad necesita confiar en su sistema de justicia, ya que es un elemento básico para la gobernabilidad de cualquier sistema político. En tal sentido, existe una responsabilidad compartida que debe ser asumida de manera oportuna por todos los actores políticos, para así consolidar los logros alcanzados a partir de la renovación de la Corte Suprema en la década pasada.