Un gobierno contra su pueblo
La derogación del decreto que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales representa un riesgo para la seguridad, además de franquear la puerta a los narcos
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PARA LA NACIONCarlos Manfroni
Con la derogación del DNU 70 de 2017, que permitía a las autoridades argentinas impedir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales, el Gobierno acaba de avanzar varios casilleros hacia la conversión de nuestro país en un narcoestado.
En septiembre pasado habíamos advertido desde las páginas de LA NACION que el Gobierno estaba dando todos los pasos hacia ese fin. Su determinación comenzaba a mostrarse con el regreso del denominado “minimalismo penal”, esa perversión jurídica que consiste en considerar al delincuente como una víctima y a las víctimas como culpables del infortunio de quienes caen en el delito. Un minimalismo que se transforma en “maximalismo” cuando los jueces aplican las más severas penas contra los miembros de las fuerzas de seguridad que cumplen con su deber o contra los ciudadanos que se defienden.
A ese retroceso en la aplicación de la ley se sumó la liberación de miles de presos durante la pandemia, con el argumento de un sentimiento humanitario que, si alguien lo había creído por entonces, quedó completamente desbaratado cuando los funcionarios revirtieron el orden de vacunación en beneficio de sí mismos y en perjuicio de los grupos vulnerables.
Resultaba también sospechosa la prolongación innecesaria del cierre de locales de escasa concentración de público, en el contexto de las medidas contra el Covid-19, algo que produjo la quiebra de miles de comercios y el aumento del empobrecimiento de la población. Y también levantó una ola de indignación la tolerancia a las usurpaciones de tierras, incluyendo las ocupaciones por parte de grupos que desconocen la soberanía argentina.
Todo eso formaba un verdadero combo que contribuía al caos, a la pobreza y a la impunidad, el mejor caldo de cultivo para el crimen organizado.
Ahora, en medio de una situación económica desastrosa, de un escándalo por los privilegios de los funcionarios en la aplicación de las escasas vacunas existentes, de las críticas por el atropello a la justicia y de las propias restricciones sufridas por los argentinos para salir o entrar en el país, no dudaron en derogar un decreto que contenía la mínima condición que puede imponer un Estado al ingreso de extranjeros: la ausencia de antecedentes penales.
El decreto 138, firmado por el Presidente, sostiene que el DNU de 2017 presenta “caracteres regresivos”. La única “acción regresiva” de esa medida consistía en que los extranjeros potencialmente peligrosos debían regresar a su lugar de origen en lugar de transformarse en una amenaza para la población argentina.
En su Opinión Consultiva 18, de septiembre de 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que “los Estados gozan de un margen de discreción para establecer distinciones de tratamiento entre nacionales y extranjeros en la aplicación de las leyes inmigratorias”.
La exigencia de antecedentes libres de fundadas sospechas no puede ser considerada violatoria de los derechos humanos. Desde 2016 hasta 2019, la proporción de extranjeros en las cárceles federales del país disminuyó del 23% al 18%. En las cárceles federales están alojados, justamente, los detenidos por delitos vinculados con el tráfico de estupefacientes.
La exigencia de antecedentes libres de fundadas sospechas no puede ser considerada violatoria de los derechos humanos
La Argentina necesita incluso una legislación más restrictiva en materia de migraciones, que permita la expulsión de los extranjeros que impidieren el paso del transporte –lo cual es un delito- o de quienes destruyeren patrimonio público. Un elemental deber de gratitud demanda que aquel a quien se le han abierto las puertas para trabajar en un país no destruya los bienes comunes pagados por los contribuyentes de ese Estado o vuelva insoportable la jornada de trabajo de los residentes mediante el bloqueo de rutas, calles o avenidas.
Más allá de cualquier consideración, llama la atención que en este momento de caída abrupta de su imagen, el Gobierno dicte esta impopular medida. Todo parece indicar que hay un mandato, una exigencia, una urgencia que trasciende su propio deseo de popularidad. Demasiado peligroso.
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