Un país de pobres millonarios
En términos monetarios, hoy somos un país de millonarios. Cualquiera que tenga su casa y un auto puede considerarse, además de afortunado, un magnate cuyo patrimonio se valúa en millones (de pesos). El tema es que el peso no vale nada, generando la paradoja económica de encontrar “pobres ricos” y, paralelamente, “ricos pobres”, que se mezclan en nuestra sociedad y buscan “ganarle a la inflación”. Competencia perdida de antemano, porque por más entrenados que estemos, la carrera que propone nuestro “sistema” es de largo aliento, y desde hace años nos falta aire.
La inflación que nos aqueja desde hace décadas no tiene color político partidario, es responsabilidad de todos (y todas) y responde a la desconfianza que genera lo que aceptamos como parte de nuestra idiosincrasia, lo que nos caracteriza ante el mundo: la imprevisibilidad. Cuando la ley no se cumple, cada vez que aparece una norma de dudosa constitucionalidad, en cada oportunidad que un decreto pone en ciernes el ejercicio de los derechos; cuando se cuestiona la propiedad privada o la carga impositiva opera como única variable de ajuste para el desfase presupuestario; si se consagra la impunidad de algunos o se hace la vista gorda por la persecución arbitraria de otros; con los diferentes vaivenes político-partidarios, los cambios de gabinete y los giros inesperados o desesperados para conseguir consensos o boicotear acuerdos; al verificarse la ausencia de claridad en políticas económicas a (cuanto menos) mediano plazo; incluso con las chanzas, desplantes y tejemanejes políticos de cualquier espectro, aunque algunos parezcan inofensivos, se genera un combo que produce más desconfianza y, con ella, más inflación. Ni hablar cuando, en ese contexto, se ataca sistemáticamente al Poder Judicial y se critica a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (una de cuyas funciones es, justamente, garantizar la seguridad jurídica).
Respecto de esto último, tómese nota de que las empresas importantes y los grandes inversores (generadores de trabajo genuino y capital real), antes de pisar un destino, observan, primero que nada, qué confianza les merece ese lugar y especialmente a quién van a recurrir en caso de que el gobierno –cualquiera sea– no cumpla con las pautas que ellos tuvieron en cuenta para invertir. Confianza y seguridad jurídica; si alguna de ambas no les cierra, no invierten y buscan otro destino. Así de fácil se pierde la posibilidad de que nos crean y de crecer.
La confianza que acelera los procesos económicos favorables, tal como explicó Stephen M.R. Covey en La velocidad de la confianza se desarrolla a partir de: la confianza en uno mismo, que requiere integridad, intenciones claras, capacidad y la obtención de resultados concretos y ciertos; la confianza en las relaciones, que exige coherencia, claridad, respeto, transparencia, corregir los errores, enfrentar la realidad y también rendir cuentas; la confianza organizacional (vale para todas las estructuras del Estado, incluido el Poder Judicial), que supone innovación, colaboración, ejecución fluida y reducción de la burocracia; la confianza del mercado, porque los negocios se hacen a la velocidad de la credibilidad y la seguridad, y la confianza social, que se da cuando la mayoría de los individuos de una sociedad reconoce y actúa conforme las cuatro “olas de confianza” anteriores.
Los países desarrollados y las monedas fuertes lo son, en parte, gracias a la confianza que han sabido conquistar, con tiempo, paciencia y actitud. A nosotros nos queda solo esta última para revertir la situación que nos aqueja. La inflación es como un síntoma, nos muestra que estamos mal, pero la verdadera enfermedad es la desconfianza. Hoy, como pocas veces, existe un imperativo social y moral para que, ya, cada uno en la esfera de su competencia, procure generar más confianza, no menos.






