Un reto a la democracia

En las muy contadas condenas en relevantes hechos de corrupción en nuestro país, ninguna ha sido tan oportuna y necesaria como la que ayer resolvió el Tribunal Oral Federal N° 4 en el caso de la imprenta Ciccone Calcográfica al considerar culpable a Amado Boudou de recibir sobornos y realizar negociaciones incompatibles con la función pública, delitos por los cuales fue condenado a cinco años y diez meses de prisión.

Hablamos de una condena necesaria precisamente por la larga y abusiva pasividad de la Justicia Federal de la Capital en los casos de corrupción que involucraron a importantes exfuncionarios y que pocas veces llegaron a juicio oral y, mucho menos, a condenas de prisión efectiva. Aunque a la luz de la avalancha de escándalos del kirchnerismo y de los nuevos elementos probatorios, como los cuadernos del chofer Oscar Centeno, los hechos protagonizados por Boudou puedan parecer menores, de ninguna manera lo son, precisamente por los cargos que ejerció y que lo convierten en el primer exvicepresidente condenado a prisión.

Aunque no perteneció al círculo más íntimo del kirchnerismo, Boudou fue una pieza importante del anterior régimen y lo prueba el apoyo que en los peores momentos del caso Ciccone recibió de Cristina Kirchner, cuando el anterior régimen logró apartar al juez y al fiscal del caso y obtuvo la renuncia del entonces procurador general de la Nación con el fin de proteger a Boudou.

Hablamos también de una condena oportuna porque coincide con los importantes avances en el caso de los cuadernos de Centeno. La prisión efectiva de un culpable de corrupción, aunque aún no está firme, muestra un corte en la larga cadena de impunidad y puede convencer a otros imputados de acogerse al régimen del arrepentido, como hizo Alejandro Vandenbroele en la causa Ciccone, en donde recibió una condena excarcelable.

Los casos de corrupción complejos como los que mencionamos requieren reforzar los equipos de funcionarios judiciales intervinientes, y en este sentido debe destacarse la decisión de reforzar la fiscalía de Carlos Stornelli con el apoyo brindado por el fiscal Carlos Rívolo.

Estos hitos en la lucha contra la corrupción constituyen un reto para la democracia y una oportunidad histórica para que nuestras instituciones retomen el rumbo que jamás debieron abandonar. Un sistema republicano eficaz y sano tendría que haber impedido el voraz frenesí del kirchnerismo para apoderarse de lo ajeno en todos los ámbitos. No hubo frenos y por eso ahora una sentencia condenatoria nos permite abrigar la esperanza de dejar atrás la impunidad. Para lograrlo en forma plena, faltaría avanzar en la recuperación de los fondos robados en todos los casos que investiga la Justicia y perseverar en esta senda, por ejemplo, mediante la sanción de una adecuada ley de extinción de dominio.