Un sutil parecido de Máximo con Néstor
Alberto Fernández está atrapado en una perplejidad. Tiene 3 años de gobierno por delante, pero necesita ganar tiempo. Tal vez se lo provea la vacuna contra el Covid-19 si cumple lo que insinuó durante el anuncio de la extensión de la cuarentena hasta el 30 de agosto. Esa medida podría renovarse mientras no estén dadas las condiciones para que sea utilizada. Algo que debería ocurrir el primer trimestre del año que viene, dentro de 7 meses como mínimo. Un plazo para hallar una salida de la compleja situación que atraviesa su administración. Si terminara con la restricción de algunas actividades, se aceleraría la circulación de pesos y podría provocar que la enorme masa de dinero emitido presionara sobre el valor del dólar y de otros precios. Podría derivar en un crecimiento de la inflación, por ahora en niveles bajos gracias a una economía deprimida. Un contexto propenso al fogonazo augurado para fin de año que el Gobierno intenta eludir.
El problema es la relevancia que están adquiriendo quienes rechazan esa consecuencia de la cuarentena. Al 57,9% de los consultados por Synopsis la primera semana de agosto les preocupa más la situación económica que la pandemia (39,3%). Resulta probable que la preeminencia de la valoración negativa (43,3%) sobre la positiva (40,6%) en la imagen del Presidente sea parte de esa tendencia adversa en la opinión pública. En apariencias, un clima inapropiado para insistir en prolongar el aislamiento. Para justificar la posibilidad de aplicarlo de nuevo con rigidez, Fernández apeló a un recurso extremo: negar que exista. La distorsión entre lo que describe el Gobierno y lo percibido por la opinión pública promete ser una dificultad creciente para el oficialismo.
Los intendentes del conurbano ya recorren el interior bonaerense para ajustar la logística electoral del año que viene
Kicillof fue más enfático en exigir una pausa. "Párenla. Nosotros no estamos haciendo política en esta mesa". Es una afirmación arbitraria. Los intendentes del conurbano ya recorren el interior bonaerense para ajustar la logística electoral del año que viene. Lo hacen con un estímulo del que carecían hace unos meses: la posibilidad de que se suspendan por única vez los efectos de la ley 14.032, sancionada en 2016, que impone una sola reelección en sus cargos. La contracción económica es la causa de este prodigio que obliga a Cristina Kirchner y a La Cámpora a desechar los planes que tenían: un aparente movimiento revolucionario por el que dirigentes afines debían sustituir a los intendentes en 2023.
El traspié en esa área pone en duda el título de "mejor alumno de Néstor (Kirchner)" que se arroga Fernández y habilita a Máximo a disputárselo. Aunque para eso depende de superar la instancia que su padre no atravesó con éxito: evitar la traición de los intendentes en las elecciones. Es a lo que atribuyó Kirchner su derrota en 2009. Un hecho que modificó el sistema electoral con la incorporación de las PASO. Y que definió la desconfianza recíproca como el rasgo saliente de la relación de Cristina con los jefes comunales, que prevalece hasta ahora. Es una de las pocas semejanzas entre aquellos comicios legislativos y los que tendrán lugar en 2021.
La cuarentena es una de las grandes diferencias. Complicó la estrategia original de La Cámpora: contrarrestar el aparato electoral montado alrededor de los municipios con las delegaciones del PAMI y de la Anses. La mayoría de esas oficinas permanecen cerradas para evitar la propagación de contagios. Lo que hace recobrar valor al cargo de concejal. Igual que el de consejero escolar y de legislador provincial, alcanzado por la ley. Pero asignado por lo general a los denominados punteros políticos. Quienes garantizan la expresión de la voluntad electoral de los intendentes con su inserción en los barrios. Sobre todo los de la periferia, donde reside el mayor número de electores. Un tramo de la lista de candidatos que los jefes comunales retacean compartir. Sobre todo con La Cámpora. ¿Lo harían a cambio de destrabar su reelección? El tema fue debatido el 17 de julio en Avellaneda por Máximo, Massa, Katopodis, Ferraresi e Insaurralde.
Los intendentes de San Martín, Avellaneda y Lomas de Zamora están convencidos de que la pandemia consolidó su fortaleza interna en el Frente de Todos. La preocupación es no cometer un error crucial para esa iniciativa. La elección del momento oportuno para hacer pública esa intención. A diferencia de Fernández, el tiempo los apremia. La presentación de un amparo que suspenda el efecto de la ley debería ocurrir antes de las elecciones de 2021. Si llegasen sin recurso, experimentarían una pérdida de poder. Con fecha de vencimiento, es muy difícil que un liderazgo sea respetado. Hasta ahora la alternativa más viable es recurrir al fuero contencioso administrativo bonaerense.
Bastaría que el gobierno de Kicillof no contradijera ese pedido. Es lo que debería garantizar Máximo. La creencia es que la medida sería menos controvertida si el pedido de excepción fuese realizado por un opositor. Posse aparece mencionado en esa hipótesis. Es intendente de San Isidro desde hace 16 años. Su entorno rechaza esa versión y se la atribuye a la interna por la conducción de la UCR que debería realizar en octubre y al interés de Pro en que se imponga su competidor, Maxi Abad.
Pro no lo niega. Lo que vuelve llamativa la intervención de Sanz en esa puja. El 11 de agosto compartió un Zoom con dirigentes radicales en el que reveló que, con Vidal, se propone "rescatar" a Monzó. El exdiputado colabora con Lousteau, aliado de Posse en esa disputa. Los dos responden a Enrique Nosiglia, enemistado con Sanz. Curioso: Nosiglia tiene buena relación con Abad, protegido de Sanz. Posse y Abad rechazan la posibilidad de un acuerdo. Lo que vuelve lógico el interés de Pro. Teme ser víctima de la tradición de unidad que impera en la UCR. La treintena de intendentes de ese partido forman parte del circuito mediante el que Vidal mantiene activo su liderazgo en el interior. La exgobernadora participó la semana pasada de una reunión virtual con empresarios extranjeros organizada por Susan Segal, del Consejo de las Américas.
Vidal suele aludir al procurador general, Conte Grand, y el límite impuesto a la reelección de intendentes como su legado a los bonaerenses. Un gesto que trasunta pocas posibilidades de una candidatura en la provincia. Lo que tal vez le facilite criticar la suspensión de la ley 14.032, cuya autoría compartió con Massa, que en la reunión de Avellaneda avaló la iniciativa propuesta por los alcaldes peronistas. No trascendió si ese tema fue abordado por Santilli en la visita que efectuó a Grindetti en Lanús. El intendente es el responsable de organizar a Pro en la tercera sección electoral. En el sondeo de Aresco, el saldo de imagen positiva y negativa favorece al vicejefe del gobierno porteño (29,4%), más que a Fernández (28,8%). Santilli solo es superado por su jefe, Rodríguez Larreta (50,5%).En ese trabajo, Sergio Berni (22,9%) se impone a Vidal (16,7%). Hasta antes de contraer Covid-19, Berni tenía prevista una conferencia de prensa con Conte Grand para tratar el aumento del delito. Una transversalidad audaz de parte de un miembro de un gabinete de ministros hostil al procurador general. Y un gesto difícil de concretar sin el respaldo de Máximo. Un sutil parecido con Néstor.
