Un testigo clave cuando buscan la impunidad
¿Es el contador Víctor Manzanares uno de esos místicos que dicen haber visto la aparición de la Virgen? ¿O es simplemente un hombre de fe que llegó por ese camino al absoluto arrepentimiento? ¿Es un "arrepentido moral" que significa una "bomba de tiempo", como lo describió el fiscal general Germán Moldes ? ¿O es, en cambio, un hablador compulsivo que mezcla lo que sabe, lo que infiere y lo que escuchó? La Justicia no ha terminado todavía de responderse esas preguntas, al menos en todas sus instancias. Manzanares es un testigo crucial, porque su trabajo como contador de confianza de la familia Kirchner le permite apuntar directamente contra esa dinastía política. Antiguo integrante de la orden católica Opus Dei (ya no lo es), Manzanares suele postrarse ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli pidiendo perdón a sus padres, a los amigos de sus padres, a sus hijos, a los ciudadanos de Santa Cruz y, ya que está, a los de toda la Argentina. No reclama ningún beneficio para su futura condena. "Merezco estar preso", repite como si practicara la flagelación de los antiguos frailes.
Stornelli no lo considera un místico, ni mucho menos; solo un hombre que cree en Dios y a quien el arrepentimiento le costó un largo proceso personal. Manzanares tiene un valor especial porque habla de lo que hacían los dos Kirchner que llegaron al poder.
Hay testimonios más importantes de empresarios, porque estos cuentan un sistema de corrupción dentro del Estado, pero no hablan de los Kirchner. Nunca le entregaron personalmente un peso ni un dólar a los Kirchner. Hablan de los intermediarios que llegaban en nombre de los Kirchner para desplumarlos: Julio De Vido , Roberto Baratta , José López y Ricardo Jaime , entre otros. En más de 25 horas de confesiones ante el fiscal, Manzanares habló de haber manejado o visto una fortuna de unos 350 millones de dólares. Unos 150 millones en propiedades dentro y fuera del país, y 200 millones que los Kirchner guardaban en canutos, escondrijos o bóvedas secretas. 200 millones de dólares en efectivo. Dio nuevos nombres y nuevas pistas que servirían para profundizar la investigación. Habló de la familia Eskenazi, dueña del banco de Santa Cruz; es fácil de comprobar si esa aseveración es cierta o no porque los movimientos de un banco están supervisados por el Banco Central. Los Eskenazi lo desmintieron. La Justicia pedirá una urgente auditoría.
Los fiscales nunca hablan de declaraciones que no han sido homologadas por el juez. Bonadio no homologó todavía el testimonio de Manzanares. El silencio no solo es una obligación de los fiscales, sino también un compromiso moral. Bonadio cree que las filtraciones de las declaraciones de Manzanares salieron de los abogados de este para presionar al juez. Sabe que uno de los abogados defensores le pidió a un periodista que le sacara una foto en las escaleras de los tribunales. El vedetismo forma parte de la profesión. La presión a Bonadio es la mejor receta para que Bonadio se vaya por la dirección contraria. Bonadio es más cauto que los fiscales. No homologará el testimonio de Manzanares hasta comprobar que, al menos, una parte es cierta. Tal vez supone que hay más misticismo que fe en ese hombre que nunca cesa de hablar. Manzanares demora hasta cinco minutos en contestar una pregunta que solo debe responder con un sí o con un no.
Bonadio, que suele conocer las causas que lleva del derecho y del revés, encontró incoherencias e inconsistencias en el largo palabrerío de Manzanares. Los detalles son los escondrijos del demonio. ¿Es posible que haya visto una piscina llena de dólares, como él dice, o solo copió la historieta de Tío Rico McPato? Manzanares contó cómo llevaron cinco millones de dólares de Néstor Kirchner para comprar un hotel en Santa Cruz, pero no contó de dónde sacaron esa plata. Habló poco y nada de Máximo Kirchner, una figura esencial después de la muerte de su padre en la administración de los bienes que sirvieron para lavar el dinero mal habido. Pidió la condición de testigo protegido, que se la dieron, luego de contarles voluntariamente a sus compañeros de cárcel que se arrepentiría ante el juez. Nadie lo amenazó. Tiene, eso sí, una memoria de elefante: recordaba, sin leer ningún papel, no solo el nombre completo de las personas que inculpó, sino también el número de CUIT de cada una de ellas.
Una pregunta que el juez debe despejar también es si no hay algo de resentimiento en Manzanares. Contó que los Kirchner le prometieron que le regalarían un departamento por su tarea de blanquear y esconder el dinero. No se lo regalaron. También le prometieron que le darían un registro de automotores. No se lo dieron. Y también le anunciaron que se haría cargo de la administración de uno de los hoteles en Santa Cruz. Nunca se hizo cargo. Veía mientras tanto, relató, cómo crecía el favor y la fortuna de Osvaldo "Bochi" Sanfelice, el administrador de todos los bienes inmobiliarios de la familia Kirchner. La homologación, que seguramente sucederá, necesita cierto grado de comprobación de que todo lo que dijo Manzanares es cierto, según explican muy cerca del juez.
El juez y los fiscales sospechan que los otros no están pacíficamente en la cárcel o en sus casas esperando las decisiones de los tribunales. Hay versiones, que no son del juez ni de los fiscales, que indican que integrantes de los servicios de inteligencia de Cristina y de Milani están actuando para sacarles la causa a Bonadio y a Stornelli. Pruebas no faltan. La reciente operación contra Stornelli fracasó. El falso abogado Marcelo D’Alessio lo apartó de cualquier denuncia, pero la información anterior indicaba que fue él quien se presentó ante el empresario agropecuario Pedro Etchebest reclamando un soborno en nombre de Stornelli, para que este lo sacara de un expediente en el que Etchebest nunca estuvo. ¿La operación contra Stornelli la hizo D’Alessio o Etchebest? ¿O los dos, junto a Baratta, el exmano derecha de De Vido, integran una logia de embaucadores condenados a terminar en la nadería de las fábulas?
Dentro de ese paisaje de corrupciones, complicidades y delaciones se inscribió el peronismo de cualquier pelaje para voltear el decreto de necesidad y urgencia de Macri para la extinción de dominio de los bienes adquiridos con dinero de la corrupción, del narcotráfico o de cualquier otro delito. Kirchneristas, massistas y peronistas alternativos se juntaron con el argumento de que no había necesidad ni urgencia que justificaran el decreto. Y que el Gobierno no se puede meter en un tema que está tratando el Congreso. Sería cierto si no fuera que el Congreso lleva tres años cajoneando ese proyecto.
La primera aprobación de Diputados sucedió pocos días después de que José López revoleara los bolsos con dólares en un convento de General Rodríguez. No podían decir que no. El Senado aprobó un proyecto modificado pocos días después de que LA NACION destapara el escándalo de los cuadernos de Oscar Centeno. Tampoco podían decir que no. Los cambios en el Senado obligan a una nueva e interminable revisión en Diputados. Mientras tanto, el flamante avión privado que depositó en Buenos Aires a Lázaro Báez (lo metieron preso en el aeropuerto) quedó inutilizado por el paso del tiempo y el descuido. El lujoso yate de Ricardo Jaime es usado por la Prefectura cuando esta podría venderlo para comprar una embarcación militar.
El segundo argumento es que se trata de condenas por delitos penales, que están excluidos de los decretos de necesidad y urgencia. No hay en el DNU de Macri ninguna modificación del Código Penal, sino del Código Civil. El DNU prevé que un juez civil y un fiscal civil actúen para trasladar al Estado el dominio de los bienes de la corrupción. Si fuera un decreto que tratara sobre delitos penales, entonces tampoco podría ser retroactivo. Habría que devolverle los bolsos a López y los casi cincos millones de dólares a Florencia Kirchner. Habría que restituirle a Báez las muchas estancias y las decenas de miles de hectáreas que poseía en Santa Cruz. La reforma del Senado, que podría tratar Diputados, vuelca el proyecto más hacia el fuero penal que al civil; es decir, las disposiciones no serían retroactivas. Los peronistas tienen, además, mayor influencia en Comodoro Py, donde están los tribunales penales.
Un mensaje cuasi mafioso le llegó a los legisladores oficialistas de parte de algunos peronistas: "Ojo. Este DNU puede ser un bumerán para ustedes el día de mañana". La venganza no es un código de la política; es una amenaza del delito.
