Una búsqueda salvaje por el poder absoluto
Hace meses que el Gobierno lanzó una cruzada contra la independencia del Poder Judicial, sin antecedentes en nuestra historia institucional.
Sabemos que las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial no son nuevas, ocurren en otros países -incluso los más democráticos- y hasta pueden ser a veces comprensibles.
Pero los ataques cristinistas son inadmisibles. Son mera política hegemónica, son ataques institucionales que buscan romper la Constitución que juraron defender y que les pone los límites que tanto detestan.
El Gobierno quiere desplazar del poder al Poder Judicial. Empezó denunciando penalmente a los consejeros de la Magistratura que no se le sometieron, siguió quitándole quórum al propio Consejo, desencadenando desde los primeros días de enero una lluvia de agravios lamentable y adoptando un discurso de barricada para un enemigo de un país en guerra, inconcebible en un país en paz y destinado a la Justicia.
No fue un arrebato impensado: fue el prolegómeno de la batería de leyes bautizada como "democratización" (léase dominación) de la Justicia.
La elección partidista de los consejeros de la Magistratura ya fue declarada inconstitucional. Falta confirmar la inconstitucionalidad de la ley de cautelares y la invalidación de otros aspectos nefastos, como la ausencia de requisitos para ser consejero, las magras mayorías de las votaciones, la absurda forma de las ternas, las intromisiones del Gobierno en la Justicia y las esterilizantes cámaras de casación, que se pretende llenar con jueces subrogantes, para lograr el sueño gubernamental de los jueces-empleados-militantes.
Tras el memorable fallo de la Corte en el caso Rizzo, volvieron las embestidas y burlas que, lejos de menoscabar a sus destinatarios, agravian a quienes las profieren.
Ahora se ha sumado otro proyecto de ley, que, con una lectura perversa de la Constitución, pretende que el Consejo de la Magistratura, al administrar, puede sobreponerse a la Corte Suprema.
Jurídicamente es un error monumental porque las facultades del inc. 3 del art. 114 de la Constitución son para secundar a la Corte, cabeza y titular del Poder Judicial por el art. 108.
Políticamente es un intento de dominación del Poder Judicial, algo prohibido por el art. 109: si se admite esa supremacía del Consejo, el Poder Ejecutivo dominaría al Judicial indirectamente por su mayoría simple en el Consejo de la Magistratura.
Para explicar el absurdo con un ejemplo, esta interpretación gubernamental llevaría a que las facultades del presidente, previstas en el art. 99 quedarían desplazadas por la capacidad de administrar del jefe de Gabinete, concedidas en el art. 100.
Cualquier abogado sabe que existen reglas interpretativas extensas y complejas para que las leyes y la Constitución puedan aplicarse con equidad e inteligencia. Una es el análisis contextual. Otra, la búsqueda de la intención de cada norma. Una tercera, la lectura de las palabras conforme lo que significan. Y así sucesivamente.
Nada de eso es nuevo, se trata del resultado de miles de años de evolución jurídica para lograr resultados lógicos, equilibrados, ecuánimes y objetivos. Exactamente lo contrario de lo que viene haciendo el Gobierno.
Pretender que la mera facultad administrativa del Consejo se sobreponga a la Corte, titular y cabeza por antonomasia del Poder Judicial, es un sinsentido que sigue en la línea del "paquete democratizador", tratando de darle al Ejecutivo las facultades extraordinarias y la suma del poder, que la propia Constitución llama delito en su art. 29.
Más allá de juridicismos y de floridos desarrollos teóricos, estamos ante una búsqueda salvaje por el poder absoluto, una lucha unilateral porque sólo hay un lado, con un Gobierno que actúa como es notorio, apoyado en la caja y en su mayoría en el Congreso. En Tribunales no hay una contraparte, no hay otro lado, sino simplemente un estoico grupo de jueces, encabezados por la Corte, que cumplen con su deber de aplicar la Constitución. Algo que hoy se ha vuelto heroico, porque los intentos de seducción se alternan con intentos de amedrentamiento. Ambos han fracasado y estamos seguros de que seguirán así.
Pero esto no es una película, y nosotros, espectadores. Se está jugando nuestro país y nuestro futuro, y quienes queremos una Justicia independiente tenemos la obligación de acompañar, ayudar y sostener a este Poder Judicial, que, con sus más y sus menos, con sus problemas, debilidades y falencias, con todo lo que pueda achacársele, está demostrando que cuando alguien viene por todo, no lo va a lograr, porque para eso están los límites de la Constitución.
En estos días -aunque la cotidianidad a veces lo haga imperceptible- estamos entre todos ejerciendo la República.
Tenemos que estar orgullosos y sobre todo, mantenernos cada vez más firmes, porque los que quieren todo no se amilanan. Nosotros, tampoco.
© LA NACION
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