Una cadena de cadenas

Gerardo Milman
Gerardo Milman PARA LA NACION
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1 de junio de 2015  

Uno de los rasgos más característicos del kirchnerismo es su permanente propensión a desconocer o forzar según convenga los límites de la ley. Junto a la corrupción, esto forma parte de la matriz que define al Gobierno. Un Gobierno que reescribe la historia a su antojo e intenta imponerla, literalmente, por todos los medios. Para esto acaba de aumentar un 50,8% la partida presupuestaria destinada a publicidad oficial mientras hace uso y abuso de la cadena nacional con fines inequívocamente electorales.

En la cadena nacional emitida el 14 de mayo pasado, la Presidenta manifestó que seguiría con este tipo de acción comunicacional dos veces a la semana. Semejante anuncio viene a confirmar la expresa voluntad de hacer caso omiso al artículo 75 de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece que el Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer la integración de la cadena de radiodifusión nacional frente a "situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional".

Como puede apreciarse, el Gobierno, en campaña, no respeta ni las propias leyes por las que tanto bregó. Lamentablemente, no extraña esta actitud toda vez que, por ejemplo, ha empleado mecanismos institucionales fulminantes y hasta decretos de necesidad y urgencia para impulsar cuestiones absolutamente reñidas con las nociones de urgencia y necesidad.

Durante los últimos 10 años hemos asistido a la naturalización de lo anormal, a una normalización de "lo extraordinario" que amenaza con enajenar a todos al forzar las instituciones, vulnerar derechos y afectar la libertad de expresión.

La noción de "trascendencia institucional" fue definida por la Corte Suprema de Justicia en 2004 como un "interés que trascienda al de las partes y se proyecte sobre la comunidad o ciertos sectores o grupos de ella". Desde esta perspectiva, sólo tres de las 21 cadenas nacionales emitidas este año reunirían los requisitos que la norma establece para su disposición. Éstas fueron las del martes 27 de enero (anuncio de la reforma del sistema de inteligencia del Estado y envío de proyecto de ley al Congreso de la Nación); domingo 1 de marzo (discurso de inauguración del 133er período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional; y la del jueves 2 de abril (acto central del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas). El resto de las cadenas no ha reunido los requisitos establecidos por la norma, ninguna de ellas obedeció a la necesidad de comunicar situaciones de gravedad que afecten el interés general o público o que por su trascendencia hayan comprometido las instituciones básicas. En síntesis, tres sobre 21: proselitismo puro.

Lo que sucede es que el Gobierno identifica interés institucional con preservación del poder para continuar administrando el Estado como si se tratase de un bien propio y para alfombrar el camino hacia la impunidad.

Cada cadena nacional proselitista viola la ley, nos invade y pone en desventaja al resto de los partidos políticos. Cada emisión afecta nuestros derechos en tanto audiencia, ocasiona severos trastornos a los anunciantes y pérdidas económicas a los medios.

La transmisión masiva de cadenas obliga a los medios a levantar sus pautas publicitarias y ceder espacios de programación mientras la audiencia puede, en última o en primera instancia, apagar el receptor. En lo que va del año, la pérdida de los canales de televisión abierta (excluida la TV Pública) por la cesión obligatoria de su aire se estima en 22 millones de pesos, considerando que las cadenas duran un promedio de 42 minutos.

Con todo, el rating, medido tanto por Ibope como por los números oficiales que ofrece Sifema, no acompañan al relato. Si sumamos las cifras obtenidas por cada canal de aire desde 2011 a la fecha, el récord se lo lleva la cadena que transmitió la apertura de sesiones de 2014, con 10,1 puntos de rating. De allí en adelante la declinación se ha hecho evidente: no supera jamás los 6 puntos de pico.

Hoy el Gobierno gasta 5 millones de pesos diarios en pauta oficial, más lo que se "ahorra" con las cadenas nacionales.

Para frenar semejante descalabro en un país que debería tener otras prioridades mientras día a día aumenta su déficit fiscal, hace falta cambiar de gobierno, auditar gastos y no volver a abusar a los codazos de las leyes que el Congreso aprueba a mano alzada.

Como miembro del directorio de la Afsca no puedo avalar la violación de la ley por la que tengo que velar. Y no puedo dejar de señalar cómo la mayoría del directorio oficialista se pliega a la estrategia comunicacional del Poder Ejecutivo obedeciendo a su proyecto antes que a la ley.

Es de esperar que la Justicia haga lugar a la acción de amparo que he presentado junto a la Fundación LED para que se impida el uso de la cadena nacional para fines distintos a los estrictamente previstos por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El diputado Mario Negri también ha realizado una presentación de similar tenor ante la Defensoría del Público. Sería saludable para la democracia que estas presentaciones prosperen en resguardo de los derechos afectados, para que nunca más se confunda el estrecho límite que separa la discrecionalidad de la arbitrariedad.

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