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Una calesita dudosamente legal
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Desde 2002, el cuadrilátero este de la plaza del Congreso -y no de los Dos Congresos, tal como se equivoca con inexcusable insistencia el gobierno porteño- alberga una artística calesita. Todo el encanto que debería provocar tan querible entretenimiento infantil se diluye y da paso a varios interrogantes, al saber que fue instalada en forma ilegal y perdura merced a una discutible autorización de las autoridades porteñas.
La vistosa calesita es propiedad de la Asociación Rebeldía y Esperanza Madres de Plaza de Mayo, junto con otros juegos y algunos puestos de venta de productos alimenticios, baratijas, artesanías y libros, también instalados en ese lugar por la misma entidad, cuya sede está enfrente, calle Hipólito Yrigoyen por medio.
Ocurre que la calesita no debería estar donde está: la plaza del Congreso forma parte del Área de Protección Histórica 1 (APH 1), ha sido declarada lugar histórico y, además, la legislación local -ordenanza 46.299/92, actualmente con fuerza de ley- prohíbe "otorgar concesión, cesión, transferencia, tenencia precaria, permiso de uso ni cambio de destino a todo espacio destinado a parques, plazas, plazoletas y todo espacio verde de dominio público", con la expresa salvedad de las ferias artesanales instaladas en la plazoleta Santa Fe, Vuelta de Rocha, parques Centenario y Lezama, y plazas Intendente Alvear, Dorrego y Houssay.
Dada la fecha en que se la ubicó en la plaza del Congreso, cae de maduro que la calesita ocupó ese espacio público en forma indebida. Sin embargo, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, el 9 de marzo último suscribió el decreto 285/05 en el cual, entre otros permisos de uso gratuito y precario, autorizó la explotación del juego infantil por el término de un año, "renovable por un único período, igual al originalmente otorgado", con el objeto de "regularizar la explotación que viene desarrollando de hecho".
Sea cual fuere la finalidad de la existencia de la calesita, resulta claro que la autorización otorgada tolera una irregularidad previa y manifiesta. Se trata de una determinación a todas luces irresponsable, porque incita a imitar el procedimiento ilegal, y discriminatoria, dado que hace lugar a una situación particular que en otros casos ha sido sancionada.
No es novedoso inferir que muchos de nuestros problemas institucionales, políticos y sociales entrarán en vías de solución cuando en todos nosotros, gobernantes y gobernados, se haga carne que la ley debe ser acatada y cumplida por todos, sin excepción alguna. Puede que esta calesita embellezca la bastante alicaída fisonomía de la plaza del Congreso, pero su presencia entristece a quienes tienen por norma invariable respetar la legislación vigente, pilar insustituible de la convivencia social.
