Una condena al Estado de los derechos humanos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunirá este viernes para escuchar el alegato del gobierno argentino en la causa que Memoria Activa y el CELS reactivaron con esfuerzo. La demanda llega ante la CIDH 17 años después de la “solución amistosa” alcanzada por el Estado y los querellantes ante la CIDH, con las reiteradas promesas de verdad y justicia incumplidas y en medio de la férrea voluntad de los poderes de Estado para no investigar ni esclarecer su propia responsabilidad en el ataque terrorista de la calle Pasteur y en su encubrimiento. La audiencia es la última antes del probable fallo condenatorio.

Lo que se discute va más allá del incumplimiento de las pobres medidas dispuestas en la “solución amistosa” y en el propio decreto presidencial que reconoció “encubrimiento grave y deliberado de la función de investigación” del atentado. Se trata de una operación política compleja. Los denunciantes creen que no se puede “reconstruir la verdad después de todos estos años” (Página/12, 3/10/22). Hicieron públicos sus deseos: “La condena marcará un hito regional y generará la obligación al Estado… por cambios institucionales” (P. Litvachky, 18/07/22). Confían en una nueva ley de Inteligencia para una reforma del Estado y no en un fallo que abra el camino para esclarecer el atentado. Por su parte, el Estado se presenta negando cualquier responsabilidad pero negociando el “grado” de su eventual culpabilidad y, al mismo tiempo, vuelve a prometer justicia o algún reconocimiento por los delitos que él mismo comete. Se encuentra a ambos lados del mostrador. Una operación política que involucra al Poder Ejecutivo (PEN), a la Procuración y al Poder Judicial en materia de negociación de política interior e internacional. Para este bloque institucional, es mejor ser condenado por parecer un “Estado bobo” que por un “crimen de Estado” cometido en democracia.

La audiencia será la oportunidad para que el PEN defienda lo que considera su derecho para seguir ocultando los archivos de inteligencia que el gobierno bloquea después de ponerlos a disposición del sistema judicial y de las víctimas. Cuenta con muchos años de imperdonable complicidad judicial. El PEN reconoció el deterioro deliberado que provocaron a esos mismos archivos (hoy abandonados o contaminados con asbesto) que desde hace 7 años están a disposición del Poder Judicial y la Fiscalía. Con increíbles excusas tampoco facilitan su preservación digital y el análisis de sus contenidos. La Fiscalía intentó cargar toda responsabilidad sobre los fantasmas de una supuesta conexión internacional y negar de manera absurda la existencia de “conexión local”. Su conducta es incalificable. Difícil explicar cómo es que el Poder Judicial se muestra tan impotente si no es por la trama política que lo envuelve… Llegaron a tomar decisiones que después se niegan a hacer cumplir, como por ejemplo, ordenar que nos entreguen las pruebas … El Poder Judicial es dependiente del Ejecutivo y de su estrategia de ocultamiento de las responsabilidades del Estado. El Estado que enarbola la bandera de los derechos humanos tiene el apoyo de todo el arco político y el respaldo internacional para sostener tanto encubrimiento... El Mossad y la Cancillería de Israel llegaron en su auxilio. En julio pasado presentaron un vergonzoso informe de inteligencia para ayudar a sostener esta política institucional y salvar la responsabilidad local. Toda una definición política. Frente al atentado a la AMIA y a propósito de Argentina, 1985, el gobierno y la oposición se esfuerzan por sostener con argumentos vulgares los mitos de la construcción democrática. El atentado pone en crisis el relato de la democracia del “Nunca más”. ¿Un próximo fallo condenatorio de la Corte Interamericana abrirá un camino de verdad y justicia? Es difícil. Sin embargo, sí se puede conocer la verdad a condición de abrir los archivos y analizarlos.

La reforma de la Ley de Inteligencia no será un aporte a la verdad ni es necesaria para abrir los archivos. Las respuestas que buscamos vendrán sólo de nuestra sociedad. Trabajamos por una comisión investigadora con acceso a los archivos secretos, una Conadep de la verdad, para esclarecer el atentado y conocer las responsabilidades locales e internacionales en el ataque terrorista a la AMIA. Conocer la verdad es la condición para hacer justicia.

Miembros de la Asociación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia)

Por Pablo Gitter y Laura Ginsberg

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