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Una construcción colectiva
Por Aníbal Ibarra
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Estoy convencido de que el mayor desafío que tenemos por delante no se mide en relación con el desempeño de una persona en particular sino con el enorme esfuerzo colectivo que supondrá construir la original experiencia de un gobierno de coalición que redefina la escena política del país, sobre todo después de una década de hegemonía del menemismo y con el horizonte de la entrada a un nuevo siglo que se presenta en medio de una profunda crisis económica y de fuertes realineamientos políticos a nivel internacional.
En nuestro país, los últimos diez años de gobierno del menemismo han producido una serie asociada de transformaciones de largo alcance. Los discursos oficiales suelen hacer su propia selección: estabilidad monetaria, privatizaciones, reforma del Estado, reformulación del papel de la Fuerzas Armadas, profundización del proceso de integración regional, apertura al mundo.
Continuidad y discontinuidad
Esta selección es olvidadiza respecto de los niveles de recesión y desempleo, del aumento de la pobreza y la exclusión social, de la crisis del sistema de seguridad, de los altos niveles de corrupción pública, del deterioro de la calidad institucional, en especial del servicio de justicia.
Por eso es que un gobierno de coalición integrado por fuerzas progresistas y alentado por una profunda convicción democrática y reformista debe generar un nuevo acuerdo político en el país, que trascienda el marco de la Alianza y permita dar cauce a un conjunto de demandas insatisfechas y a la generación de un nuevo equilibrio entre sector público y privado.
Para conseguir una eficacia significativa en la gestión de los intereses públicos hace falta recomponer la capacidad de mediación política y social del Estado democrático: legitimarlo como instrumento de transformaciones y dotarlo de los instrumentos necesarios para fortalecer su capacidad de negociación y redistribución al interior de la sociedad.
Quienquiera que sea el presidente, un gobierno de la Alianza tendrá que plantearse entonces, por un lado, grandes líneas de continuidad y discontinuidad con el gobierno antecedente y, por otro, novedosos desafíos hacia el futuro en el marco del proceso de globalización creciente.
Así, deberá mantener y fortalecer la estabilidad macroeconómica, respetar la reestructuración producida en el área de los servicios, sostener el nuevo papel de las Fuerzas Armadas y profundizar los procesos de integración en el ámbito de los mercados comunes regionales e interregionales.
No habrá caudillos salvadores
Del mismo modo, es obvio que el jefe de Estado de un gobierno de nuevo signo deberá desarrollar políticas activas que tiendan a disminuir el desempleo y promover la actividad productiva, elevar los niveles de educación, desarrollar políticas de bienestar, respetar la independencia de los poderes, prestigiar las instituciones y la función pública y tender en todo a la construcción de una sociedad más incluyente.
A nivel internacional, sabemos que muchas de las viejas certidumbres han quedado desdibujadas: tenemos en el horizonte nuevas amenazas y nuevos desafíos que en muchos casos requieren formas de cooperación hasta ahora no ensayadas. Por otra parte, las fuerzas progresistas están hoy en el centro de la escena política internacional y lo que se está juzgando justamente es su capacidad para ofrecer soluciones eficaces y solidarias a viejos problemas. Si bien es cierto que un gobierno de coalición progresista sería una experiencia inédita en nuestro país, tendría extramuros un marco de contención y desarrollo ampliamente favorable.
Pero seguramente con esto no alcanza. Se requiere una apuesta fuerte de la ciudadanía, una renovación general de la fe en la política, un enorme compromiso por parte de los dirigentes y una gran capacidad de convocatoria nacional para realizar los cambios que hacen falta sobre el fin del milenio. No habrá fórmulas hechas ni caudillos salvadores que faciliten el camino: tendrá que ser el fruto de un proceso de construcción colectiva cuyo norte no deje de ser nunca el de mayor bienestar general y el de la defensa irrestricta de las instituciones.
