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Una corrección a la ley de génericos
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LA NACION
El 28 de agosto de 2002 se sancionó en nuestro país la ley 25.649 de "Especialidades Medicinales y Promoción de la Utilización de Medicamentos por su Nombre Genérico", que indica que toda receta o prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria expresando el nombre genérico del medicamento. Sin embargo, en el segundo párrafo de la ley se puntualiza como criterio adicional que la receta podrá indicar, además del nombre genérico, el nombre o marca comercial. Este agregado dejó abierta la puerta para que, luego de un período de buenos resultados (hasta el año 2006), comenzara el incumplimiento de la ley.
La prescripción del genérico ha quedado desvirtuada por la presión de los laboratorios, que imponen en el mercado medicamentos de determinadas marcas a través del marketing y otro tipo de prácticas, como el lobby empresarial. La ley de genéricos, vigente en la actualidad, se cumple en menos del 30% de las recetas.
Según datos de la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y Uso Hospitalario (Capgen), hasta el año 2006 el negocio de los genéricos llegó a alcanzar el 40% del mercado, pero ya en 2013 los genéricos cubrían el 9% del mercado total. Como revelan las estadísticas, la situación actual del mercado de genéricos en nuestro país es visiblemente contraria a los fines perseguidos. Esto demuestra, sin duda alguna, que los objetivos de la ley hoy no están cumpliéndose. En este contexto, junto a otros diputados nacionales presentamos un proyecto de ley -expediente 770-D-2016-, que retoma el espíritu del proyecto de la diputada nacional (MC) Gloria Bidegain, que tiene como fin asegurar el efectivo cumplimiento de la "ley de genéricos". El proyecto de ley presentado propone la eliminación definitiva del nombre comercial (o marca) del medicamento en las recetas, a fin de asegurar el derecho de acceso a los medicamentos a un precio razonable, garantizando de este modo el derecho básico y fundamental a la salud. Es decir, la iniciativa legislativa propone algo simple: que se cumpla una ley que ya existe.
Según Capgen, los costos de los medicamentos de marcas comerciales reconocidas pueden resultar entre un 40% y un 80% más caros que adquirir la misma droga de un genérico. Esto es preocupante si tenemos en cuenta que la diferencia de precio entre los medicamentos que tienen la misma droga la padecen especialmente los sectores de menores recursos, a quienes la ley debe proteger. Como antecedente internacional, encontramos que en países europeos, paradójicamente, sede de los grandes laboratorios productores de especialidades medicinales, las políticas de Estado fomentan cada vez más el uso de genéricos: en el Reino Unido, la venta en unidades de medicamentos genéricos llega al 78%; en los Estados Unidos, al 68%; en Francia, al 63%; en España, al 54% y en Canadá, al 67%.
Con esta propuesta de modificación de la ley de genéricos intentamos que la norma sea una herramienta eficaz para que los pacientes no sean víctimas de abusos comerciales y puedan elegir libremente los medicamentos, evitando ser inducidos a adquirir una marca en particular. Desde nuestro espacio político, abordamos el acceso al medicamento como una política de Estado, enmarcada en una política pública de Salud que lo garantice. Y en este sentido, como legisladores, debemos trabajar para garantizar el acceso al bien social que es el medicamento: las reglas de juego no pueden quedar libradas al mercado. Más allá del costo excesivo que representan los medicamentos para los ciudadanos, el Estado también se ve afectado: los precios de los medicamentos ponen en jaque nuestro sistema de salud, ya que casi un tercio de la inversión en salud de nuestro país se lo lleva la industria farmacéutica. Debido a los precios de mercado sobredimensionados por la cartelización de los laboratorios, el Estado gasta un tercio de su presupuesto en salud pública en comprar medicamentos. Esto es mucho más de lo que invierte en investigación y desarrollo. La modificación a la ley de genéricos es parte fundamental de una política pública que permita priorizar el acceso a medicamentos de calidad a precios bajos para toda la población.
Diputada Nacional por Entre Ríos (FpV), presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Nación
Carolina Gaillard
LA NACION
