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Una estrategia soberana para Malvinas
A treinta años del 2 de abril de 1982, la fecha nos evoca nuestro reclamo legítimo y soberano sobre las islas del Atlántico Sur y, al mismo tiempo, la irresponsable y fallida aventura militar promovida por la dictadura genocida. Tres décadas después, la cuestión Malvinas se reafirma como una verdadera causa nacional, que encierra aspectos históricos, territoriales, políticos, económicos y culturales.
Desde el retorno de la democracia, las diversas estrategias ensayadas sobre Malvinas han mostrado sucesivos fracasos. En 1989, el presidente Carlos Menem reanudó las relaciones bilaterales mediante los Acuerdos de Madrid: un acta de capitulación que permitiría al Reino Unido apoderarse de ingentes recursos energéticos y pesqueros, violando las resoluciones de las Naciones Unidas y congelando la negociación de la soberanía. El Convenio Bilateral de Protección y Promoción de Inversiones (ley 24.184, 1991), el Acuerdo de Cooperación Militar (1998), el Régimen de Vuelos (1998) y otros instrumentos fueron construyendo el andamiaje legal del neocolonialismo: tales acuerdos continúan vigentes, sin haber sido denunciados por los posteriores gobiernos.
Durante la presidencia de Néstor Kirchner se inició un cambio de estrategia: el rechazo a la política pesquera británica en 2005; la terminación del Acuerdo de Cooperación Costa Afuera en 2007, y el decreto 256/2010, que obliga a los buques que van a Malvinas a solicitar permiso a las autoridades nacionales. A ello se sumó la fundamental solidaridad activa de América latina, manifestada en Unasur, Mercosur y Celac.
Sin embargo, la actual política oficial es limitada y presenta serias deficiencias. Por ejemplo, en 2007 la explotación de nuestro mayor yacimiento de petróleo, Cerro Dragón, fue entregada arbitrariamente hasta el año 2043 a la Pan American Energy, cuyo capital accionario pertenece en gran parte a la British Petroleum. A su vez, se ignoran los estrechos vínculos empresarios y de intereses de corporaciones mineras, petroleras y financieras con las empresas que actualmente explotan el petróleo en las islas: entre otros, la Barrick Gold, Minera Bajo La Alumbrera y Cerro Vanguardia son copropietarios de las petroleras Desire Petroleum, Rockhopper Exploration, FOGL y Southern & Borders Petroleum, y a ellas se suman capitales especulativos como la banca Barclays, accionista de una de estas petroleras y contratada por el Gobierno para negociar el canje de deuda.
Una vez más, hoy se pretende ignorar esta realidad: la extensión de los territorios en disputa con el Reino Unido -casi cinco millones de kilómetros cuadrados, que incluyen el archipiélago y la extensión hacia la Antártida- equivale al doble de nuestro territorio continental. Como señala Mario Cafiero, esta Pampa sumergida tiene un altísimo valor geoestratégico. Por estas razones ha sido usurpada por el Reino Unido con el respaldo de las potencias occidentales y actualmente ha reforzado su militarización con la base extraterritorial más importante de la región.
En este contexto, es preciso desplegar una estrategia soberana, incluyendo la futura integración de los isleños con una garantía plena de sus derechos conforme a nuestras leyes y a la tradición argentina. Además, es necesario mostrar firmeza en las negociaciones mediante una efectiva presencia soberana en nuestro mar, junto a una presión legítima en lo económico-financiero, que signifique un alto costo para Gran Bretaña mantener su enclave colonial en las islas. Con esta perspectiva, un instrumento clave es la ley 26.659, cuyo proyecto impulsamos y que fue votada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso de la Nación en abril de 2011. En ella se establecen una serie de requisitos para la exploración y explotación petrolera en la plataforma continental y fuertes sanciones en caso de incumplimiento, incluyendo sanciones a las empresas instaladas en territorio argentino que mantengan intereses y/o vínculos económicos o financieros con las corporaciones que están explotando el petróleo en Malvinas. No obstante, la ley 26.659 no ha sido aún reglamentada ni aplicada.
El 2 de abril se cumplió además un nuevo aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra del Atlántico Sur. Ellos son parte de una historia que nos convoca a implementar con dignidad e inteligencia una estrategia que nos permita recuperar la soberanía sobre esos territorios que sin dudas nos pertenecen por la historia, la geografía y la opinión solidaria de América latina junto a gran parte de los pueblos del mundo.
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