Una medida que afecta a millones de argentinos

Ante el tremendo dislate y la gravedad del decreto-ley que afecta al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses al habilitar dejarlo en pesos, amparándose en diversas resoluciones de organismos estatales, se siembra inquietud en las jubilaciones y pensiones de ocho millones de argentinos. Todos saben que esto significa una futura devaluación de su sustento de vida, llenando de angustia no sólo a quienes han transitado la mayor parte de su vida sino también a familiares y amigos.

Jurídicamente se sabe que más allá de la lucha de la oposición, será difícil o casi imposible su derogación. De modo que la mano jurídica que lo redactó y lo presentó en forma intempestiva podría haber estado inspirada en el personaje radial y televisivo conocido como el Doctor Tramoya.

Pero cortos nos quedamos en el número de afectados. ¿Qué opinarán los trabajadores en blanco, que suman una cantidad similar a los señalados anteriormente? ¿Valdrá la pena para ellos invertir todos los meses parte de su sueldo, en forma compulsiva, con un destino incierto?

Si hacemos la sumatoria, son más de quince millones de argentinos los que están, de hecho, afectados. Asimismo, para que se entienda aún más, un ejemplo que fue parte de nuestra historia política a la hora de satirizar este tipo de episodios. Vale recordar la entrevista del inolvidable Tato Bores con el actor Hugo Arana interpretando el personaje que decía representar al Sindicato de Giles Libres Asociados(Sigila), y portaba una bolsa de vidrio molido: “Me dieron esto para comer”, decía.

Esta realidad reclama que más allá de actuar la oposición en el Parlamento y/o derogar esta norma, lo que corresponde es que señalemos cómo parte de nuestra población queda afectada doblemente: por un lado en sus condiciones de vida, y por el otro en la posibilidad de incorporarse al trabajo en blanco cuando ve que sus aportes a futuro tienen dudoso destino. Que todos los que luchamos dentro de Juntos por el Cambio y tengamos la posibilidad de expresarnos señalemos con toda la potencia de nuestra pluma y de nuestra voz esta desgraciada situación. No dudemos de que la verdad debe expresarse siempre para poder construir en serio un futuro distinto.

Como corolario de esta farsa, el responsable de esta medida se comprometió a solicitar la opinión de la Universidad de Buenos Aires, sabiendo que dentro del funcionamiento republicano disposiciones de esta magnitud tienen el trámite que fija la Constitución Nacional. Y además, estando el Parlamento en época de sesiones ordinarias no corresponde de ninguna manera un DNU. Finalmente, creo que la Universidad de Buenos Aires, considerada entre las mejores del mundo, no debería ni siquiera ser implicada en esta cuestión.

Exsenador de la Nación (UCR-CABA)