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Una nueva propuesta venenosa
Frente a la evidente necesidad de mejorar el servicio de administración de justicia, el paquete de leyes enviado al Congreso bajo la cautivante consigna de su "democratización" puede lucir cierto atractivo. Pero como ocurría con las manzanas del cuento de Blancanieves, si bien dentro de la canasta de propuestas hay algunas que vale considerar, otras, en rigor, contienen un veneno que, de aceptarse el convite, nos llevaría a la destrucción completa del sistema de controles y división de poderes sobre el que se asienta una república.
No se trata de una sustancia desconocida. La dosis maligna que fomenta la discordia y los enfrentamientos sobre los naturales disensos, que impone la mayoría sin margen alguno para procurar el consenso, y que pretende controlar todos los resortes de poder ya está, lamentablemente, instalada entre nosotros. El organismo social parece resignarse en muchos de sus miembros, pero quedan partes vitales que procuran defenderse, como la prensa y la Justicia.
Con el mismo discurso en favor de la democracia y contrario a las corporaciones, hace ya más de tres años el Gobierno consiguió la sanción de la ley de medios, y hoy ya domina buena parte de ese espectro. A quienes todavía se resisten no sólo se les niega la pauta de avisos oficiales, sino que más recientemente se ha forzado a las empresas privadas a no contratarles publicidad. No parece que hayamos tomado todavía adecuada dimensión de la gravedad institucional de este boicot. Hoy el oficialismo redobla los ataques contra el Poder Judicial, despechado por sentencias judiciales adversas a sus pretensiones y movido por la misma lógica de querer dominarlo todo.
En los regímenes democráticos, los jueces no son elegidos en forma directa por el voto popular, sino a través de diversos mecanismos que garanticen su independencia, probidad y solvencia técnica. Para procurar mejorar ese proceso, con la reforma de la Constitución en 1994 se creó el Consejo de la Magistratura, al que se encomienda la selección y destitución de los jueces, y cuyos miembros son representantes de cuatro ámbitos: la política, los jueces, los abogados y la academia. A partir de una reforma ocurrida en su composición en 2006, a instancias del kirchnerismo gobernante, se acrecentó la dependencia de este cuerpo a la política partidaria. Pero, no satisfechos con esto, el Gobierno va por más y propone ahora que sus representantes sean elegidos por el voto popular, contrariando así el texto constitucional y el sentido de la existencia de este órgano. No se trata de que los jueces y abogados tengan "coronita", como dijo la Presidenta, sino que resulta inadmisible pretender que los fallos judiciales se dicten al calor de la política.
Otra de las propuestas, como la creación de nuevas cámaras de casación, parece más un pretexto para "sacar de juego" a la Corte Suprema, cuya actual integración, paradójicamente, es uno de los logros que se ha reconocido al kirchnerismo. Además, esto significará un innecesario alargamiento del plazo de los procesos, especialmente grave en el caso de los reclamos de los jubilados.
Las limitaciones previstas para el otorgamiento de medidas cautelares suponen un menoscabo inadmisible al principio de la tutela judicial efectiva. Antes que ampliados, los ciudadanos veremos así restringidos nuestros derechos, lo que parece en clara pugna con la declamada democratización.
Las iniciativas para publicar las causas judiciales en la página web y para transparentar las declaraciones juradas y abrir concursos para cubrir los cargos tribunalicios no pueden sino acompañarse, aunque exigiendo en los últimos casos en paralelo su aplicación en los ámbitos de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Los argentinos aspiramos a una sociedad democrática, abierta y pluralista. Por eso rechazamos tanto los monopolios de prensa, así como aquellas decisiones en las que, bajo la invocación de la libre información y pluralidad de voces, se percibe a las claras la aviesa finalidad gubernamental de controlar los medios de comunicación en favor de su juego político. Del mismo modo, tanto debe denunciarse (y sancionarse) todo intento ilegítimo de cualquier corporación por torcer las decisiones judiciales en su propio beneficio, como repudiar esta manifiesta y más grave aún intromisión del Gobierno que, bajo el ropaje de una Justicia más democrática, lo que de verdad pretende es convalidar legalmente sus maniobras para contar con una Justicia más adicta.
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