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Una ola de desánimo envuelve a los jefes del Frente de Todos
Todo un gobierno parece preso de aquel arranque de Lorenzino: “Me quiero ir”, dijo en 2013, al escuchar una pregunta sobre la inflación; “llegamos a 2023 con agonía”, dicen en el Instituto Patria
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LA NACIONFrancisco Olivera
Hay algo en lo que coinciden dirigentes que visitan cada tanto a Cristina Kirchner: la ven con menos energía que otras veces. Como si estuviera desencantada. Dicen que puede haber habido un punto de inflexión después del atentado. Que ella está renuente a exponerse en actos públicos. Como si el gatillo de Sabag Montiel, además de atentar contra su vida, la hubiera desprovisto de su destreza política más poderosa: la comunicación con la gente. No parece algo irrelevante. De ese modo, a fuerza de cadenas nacionales diarias, la expresidenta afrontó la última parte de su administración, la más pobre en resultados económicos. La Argentina no crea empresas en términos netos desde 2011, el año en que empezaba aquel segundo mandato. Se acababan de perder el autoabastecimiento energético y los superávits gemelos.
Si es acertado, este diagnóstico sobre el estado de ánimo de la vicepresidenta coincide con el que se le percibe a casi todo el gabinete, algunos de cuyos miembros han manifestado ya la decisión de abandonar sus cargos. Manzur, por ejemplo, que tiene pensado volver en febrero a Tucumán para iniciar otra campaña de candidato a gobernador. O Zabaleta, de nuevo en la Municipalidad de Hurlingham. Algo pasa en la política cuando el puesto nacional resulta menos atractivo que el provincial o comunal y todo un gobierno parece preso de aquel arranque de Lorenzino ante la periodista griega. “Me quiero ir”, dijo en 2013, al escuchar la pregunta sobre inflación. “Llegamos a 2023 con agonía”, resume ahora ante este diario alguien que trabaja para lo más encumbrado del Instituto Patria.
El desafío de Massa es mayúsculo. Debe estabilizar la economía desde una coalición de brazos caídos en la que, a lo sumo, los que no han perdido el entusiasmo decidieron destinarlo a sus respectivos proyectos personales. Eso indican, por ejemplo, los últimos movimientos de Máximo Kirchner, para los que en la Casa Rosada creen tener una interpretación. No es que esté dispuesto, razonan, a romper el Frente de Todos o a horadar la gestión del ministro de Economía: su discurso contrario al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional consiste más bien en atajarse por si Massa fracasa. “El candidato que venga va a tener que enfrentar al poder económico”, planteó el diputado en el acto del Día de la Lealtad. El problema de las causas individuales o partidarias es que conspiran contra el programa. En este momento, el Gobierno no está ni siquiera en condiciones de trabajar con posibilidades de éxito ni por medidas que podrían favorecerlo, como la eliminación de las primarias.
Es entendible que Massa haya decidido bajar el perfil. Está convencido del respaldo de Cristina Kirchner, con quien dice consultar cada medida, y de que su prioridad es el camino inverso de las sobreactuaciones de Máximo: sin alineamientos con Estados Unidos ni buena relación con el Fondo no habrá dólares ni futuro. “La gobernabilidad es el dólar”, resumen en el Frente de Todos.
Es una mala noticia para las urgencias de, por ejemplo, los industriales que aguardan divisas para importar insumos. Algunos de ellos explotaron esta semana por el tema. En la reunión de junta directiva de la Unión Industrial Argentina, la representante de Córdoba advirtió que si estas restricciones llevaban, como suponía, a paradas de plantas, tal vez era hora de plantearle al Ministerio de Trabajo volver a los programas preventivos de crisis. Tres automotrices de esa provincia, Nissan, Renault e Iveco, detuvieron su producción esta semana.
A los industriales les molestó que el cambio de sistema de administración de divisas debutara esta semana con escasísimas autorizaciones y nuevos condicionamientos. No pudieron tener ni siquiera para anticipos de bienes de capital. Los que pidieron dólares por operaciones que pretenden cancelar en 15 o 30 días recibieron como plazo mínimo 180 días. Matías Tombolini, secretario de Comercio, admitió ante ellos también la existencia de una especie de lista negra de palabra que incluye a los que están investigados en causas de subfacturación de importaciones y a quienes obtuvieron dólares gracias a recursos de amparo presentados en la Justicia. El Gobierno dice que por esa vía salieron más de 2000 millones de dólares en los últimos meses.
Todo es demasiado drástico como para que el Palacio de Hacienda no piense al menos en mejorar las apariencias. En el plan Ahora 30, por ejemplo, que celebran las empresas instaladas en Tierra del Fuego y que el Gobierno acordó con comercios y bancos. Será financiado en un 48% por las cadenas de electrodomésticos y el resto por los bancos, que se comprometieron a destinar 100.000 millones de pesos para una tasa de interés que no llega a la mitad de la que rige hoy en el mercado. El Gobierno promete al respecto precios “congelados”, y el sector privado, “sugeridos”, pero en el fondo ambos saben que gran parte del misterio estará oculto dentro de la nominalidad argentina: lo pagarán los compradores en el valor final del producto.
Es la misma discusión con las alimentarias por la propuesta de consignar los precios en los envases. No parece sencillo con remarcaciones diarias: hasta los almaceneros han reemplazado la impresora por la birome para las góndolas. “Esto es confidencial”, les pidió el secretario a los ejecutivos, pero la cuestión trascendió enseguida a la prensa. Los empresarios no lo ven convencido de la idea, una vieja propuesta de Kicillof y Augusto Costa que en su momento, en condiciones menos adversas y con los mismos resultados, ensayó también Paula Español.
El Gobierno debe resolver estos dilemas en medio de una creciente conflictividad. El miércoles, el Sindicato de Camioneros cortó la calle de la oficina del Ministerio de Trabajo en que transcurría la audiencia por la paritaria con los transportistas. “Vayan a explicárselo a los de abajo”, les contestaron Pablo Moyano y Jorge Taboada, su par del gremio de Chubut, a los empresarios que en ese momento no les ofrecían más que un 84% de aumento salarial, 45 puntos porcentuales menos de lo que reclaman.
Por eso hay ejecutivos que le reclaman al Gobierno un acuerdo de precios y salarios. “Ceder para crecer”, decía el eslogan del Coloquio de IDEA. Massa duda. El programa de estabilización que les viene prometiendo a hombres de negocios de confianza, que incluye una devaluación y cuya autoría atribuye a Roberto Lavagna, parece inaplicable sin un ingreso previo y razonable de dólares. Y obliga a llevarse bien con Estados Unidos.
Es probable que esta certeza haya terminado de acotar las ambiciones de todos. De Massa, por lo pronto, que afirma ahora que su objetivo no es otro que evitar que la situación se desmadre y que eso tal vez le alcance para quedar como un referente en el futuro. Un Lavagna. Aclara además que no le interesa ser candidato en 2023. “Salvo que vea que mide 30 puntos”, le desconfían en el entorno de Alberto Fernández. Parecen, de todos modos, estrategias edificadas sobre supuestos pesimistas. Como el ánimo de la vicepresidenta. Desde una lógica cambiaria podría no resultar tan dramático: no sería la primera vez que la inminencia de un fin de ciclo termina de calmar una corrida. Quedaría como el reverso del 12 de agosto de 2019, el día en que el mercado la vio regresar.
Tipo de trabajo:opinión
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