Coronavirus: ¿Una política de defensa pospandemia?

En medio de una pandemia de efectos deletéreos pasó casi desapercibido que el ministro de Defensa, Agustín Rossi, creara el 19 de mayo una "Comisión de análisis y redacción de las leyes de personal militar y de restructuración de las fuerzas armadas". Dicha comisión, que sesionará por 120 días, estará conformada por los exministros de Defensa Horacio Jaunarena y Nilda Garré; un integrante designado por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; uno por cada una de las fuerzas; y el secretario de Estrategia y Asuntos Militares. A su vez, se invitará a las Comisiones de Defensa del Congreso a integrar dicha comisión, con dos representantes por cada una, por el oficialismo y la oposición.

Este es un hecho auspicioso que evoca y recupera lo que caracterizó la transición democrática en materia de defensa: un Ejecutivo decidido a impulsar cambios, representación política diversa, rol importante del Legislativo, planteamiento abierto de propuestas, y búsqueda de acuerdo partidista. Quizás en esta hora tan crítica para el país se puede dar un primer paso significativo en aras de avanzar hacia una política de defensa para el siglo XXI.

Por lustros ha sido imposible elaborarla y ejecutarla. Se dirá, con razón, que la hiperinflación de fines de los 80, el efecto interno del "tequilazo" de mediados de los 90, el dramático desplome socioeconómico de 2001-02, las consecuencias domésticas de la gran recesión de 2008-10, y la gran crisis de 2018-19, que aún se padece y se ha agudizado con el Covid-19, no han permitido emprender una política de defensa medianamente sostenible en lo material e integral en su alcance. Eso es verdad y, sin duda afecta seriamente su formulación e implementación. En un estudio riguroso sobre industria militar en Sudamérica publicado en Comparative Strategy en 2018 y que analiza los casos de la Argentina, Brasil, Colombia y Chile, Patrice Franko y Mónica Herz señalan que en el caso argentino las "capacidades de las fuerzas (armadas) se han diezmado debido a las crisis económicas".

Pero hay un obstáculo mayor y adicional al estrictamente económico y que remite a la memoria colectiva (el trauma) por el terrorismo de Estado y la improvisada operación en Malvinas. El recuerdo de ambos fenómenos ha dificultado una deliberación plural, informada y sustentada en evidencia sobre la defensa nacional. Salvo en la Argentina, en ninguno de los diez países más grandes del mundo o entre el resto de los miembros del G-20 se discute la existencia de las fuerzas armadas. Entre nosotros con frecuencia surgen polémicas mediáticas en las que no falta la idea de su desmantelamiento. En efecto, a muchos, ubicados en un amplio espectro ideológico, no les interesa demasiado el estado del mundo, sus retos actuales, así como el papel de las fuerzas armadas y de la defensa ante los múltiples desafíos futuros.

Es muy elocuente, por ejemplo, que en el Integrated Country Strategies elaborado por el Departamento de Estado en septiembre de 2018 se destacara, respecto de la Argentina, "la aversión a arriesgar bajas" que predomina en el país. En cierto sentido la mirada de una Argentina cada vez menos asertiva e influyente debido a la gradual pérdida de sus atributos de poder, incluidos los militares, se reflejó en una investigación (US Presence and the Incidence of Conflict) de 2018 de la prestigiosa RAND Corporation que remarca el poderío de Estados Unidos en tanto potencia global, así como el de las potencias medias en distintos espacios geopolíticos. Según ese trabajo, la Argentina fue un "poder regional" entre 1946 y 1990. Después de esa fecha dejó de serlo y solo Brasil mantuvo su estatus de potencia regional.

Para ese mismo año, George Allison en una nota para UK Defence Journal, señaló que "la Argentina dejó de tener un poder militar con capacidad". No debió sorprender entonces que en el ranking de Fuerza Militar el Military Watch Magazine identificara a 54 países en seis niveles de fortaleza diferente: Brasil estaba en el quinto grupo, Venezuela en el sexto y la Argentina no fue siquiera mencionada.

La menor relevancia militar de la Argentina, en comparación con sus pares latinoamericanos, se refleja con los datos del Global Firepower que elabora el ranking anual más completo sobre poder militar. Cubre 138 países, utiliza 55 indicadores para evaluar la capacidad militar de las naciones y publica sus resultados desde 2006. En ese año, Brasil, México y la Argentina ocuparon, respectivamente, las posiciones 8, 19 y 33. En 2019, Brasil se situó en el puesto 14, México en el 34 y la Argentina en el 38. En el informe de 2020 Brasil se ubica en el número 10, Colombia 37, México 38, Perú 40, Venezuela 41 y la Argentina 43. No es sorprendente, en consecuencia, que en una nota del 9 de diciembre de 2019 en The National Interest su editor en defensa, David Axe, afirme que el debilitamiento del poder militar del país es tal que "la armada y la fuerza aérea están en peligro" producto de "la negligencia política y la inversión decreciente".

En síntesis, el declive militar de la Argentina es cada año más elocuente; en particular visto desde afuera.

En ese contexto, el país necesita comenzar un diálogo profundo y positivo sobre una política de defensa para este siglo. Hoy hay, indudablemente, dos grandes urgencias: el manejo del coronavirus y la negociación de la deuda; fenómenos cruciales para el inmediato futuro social, económico y político. Sin embargo, posponer o eludir la deliberación sobre la defensa nos conducirá muy pronto a la indefensión y la irrelevancia. Y hacerlo no implica abandonar la política de derechos humanos que nos caracteriza y constituye, junto con la postura sobre la no proliferación nuclear, un activo en materia de soft power.

Ahora bien, en el escenario pospandemia ese poder blando no es suficiente. La disputa entre Washington y Pekín se agudizará y tendrá a América del Sur como un espacio en el que esa rivalidad exacerbada se pondrá a prueba. La proyección de poder de China en la Antártica es un hecho cada día más evidente e impactará en la geopolítica del Cono Sur. El reto a la seguridad marítima en el Atlántico Sur -con su gran riqueza en minerales, pesca y energía- es creciente. Las ciberamenazas aumentan por doquier en el plano global y el regional. La pugna por recursos naturales vitales entre varias potencias, y con un papel relevante de actores privados, se acentuará y le generará encrucijadas mayúsculas a una América Latina cada vez más fragmentada, fragilizada e inestable. El entorno estratégico de la región tiende a deteriorarse y la relación entre la Argentina y Brasil está en uno de los momentos más delicados desde la instalación de la democracia en ambos países. El listado de dilemas y desafíos podría ampliarse: en todo caso es cada día más apremiante divisar, diseñar y desplegar una política de defensa. La comisión recientemente creada puede ser un ámbito apropiado para dialogar y consensuar al respecto.

Vicerrector de la Universidad Di Tella