Una reprobable ley que pretende reescribir la historia

Martín Kanenguiser
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4 de marzo de 2018  • 18:00

La reciente ley polaca que castiga con penas de prisión a quienes responsabilicen a ese país por los crímenes nazis ratifica que el ejercicio de la memoria colectiva siempre resulta doloroso. Pocos países se han alzado en contra de esta normativa, que ya provocó una denuncia contra un artículo del diario Página 12. Apenas Israel y algún gobierno aliado han protestado por esta ley, como si la negación del evento más abominable del siglo 20 debiera ser condenada solamente por la comunidad judía.

Polonia, claro está, también sufrió por la ocupación nazi y no puede ser señalada como responsable primaria del Holocausto. Pero la complicidad de sus autoridades en la muerte de millones de seres humanos en los campos de Auschwitz y Treblinka también es innegable. Por esta razón, a casi 73 años del final de la Segunda Guerra Mundial, no sólo resulta incomprensible sino también riesgoso que un país quiera reescribir la historia.

Con mucho trabajo, Alemania asumió su responsabilidad primaria en esta catástrofe. A Francia también le costó casi 50 años aceptar que el régimen de Vichy había colaborado en forma activa en la deportación de judíos a los campos, mucho más allá de las exigencias del Tercer Reich.

Esta ley no salió de la nada: hace dos años, la justicia polaca acusó a Jan Gross, profesor de la universidad estadounidense de Princeton, de origen polaco, por revelar la matanza del 10 de julio de 1941 de los judíos del pueblo de Jedwabne. Ese hecho estuvo a cargo de los propios polacos, quienes, luego de torturar a los judíos, los quemaron vivos. "Aunque los polacos están orgullosos con razón de su resistencia ante los nazis, mataron más judíos que los alemanes durante la guerra", dijo Gross, en una frase que constituyó el eje de la acusación judicial. En la película "What our fathers did: A nazi legacy", basada en la novela "Calle Este Oeste" de Phillipe Sand, dos hijos de jerarcas nazis, Niklas Frank y Horst von Wachter, se plantean el dilema sobre la responsabilidad de sus respectivos padres en el exterminio de los judíos en Polonia. Uno la asume en forma plena, mientras que el otro la evita a toda costa. Son los dos caminos que se pueden asumir ahora, ante esta ley.

La decisión de Polonia de negar una parte de su historia debe generar una condena diplomática e intelectual generalizada, que por supuesto debe incluir al gobierno argentino. Las cicatrices provocadas por la dictadura militar -cuando a los prisioneros judíos se los vejó con mayor alevosía que a otros- y por el atentado a la AMIA, son razones más que suficientes para que la sociedad y su dirigencia en su conjunto reaccionen de inmediato y en forma enérgica. Sobre todo, porque, a partir de la denuncia al diario Página 12, la ley polaca dejó de ser una mera amenaza a la verdad, para transformarse también en un atentado a la libertad de expresión con un alcance desconocido. Por esta razón, también en este caso, vale esa consigna tan breve como poderosa inmortalizada en el juicio a las juntas militares: Nunca más.

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