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Una república que proteja a todos
Si la demanda por mayor institucionalidad no tiene en cuenta las obligaciones sociales del Estado y sólo se basa en un interés sectorial, gran parte de la sociedad permanecerá indiferente al problema
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PARA LA NACIONRodrigo Zarazaga
La república y sus instituciones son parte esencial del discurso del arco opositor al Gobierno. La prensa no oficialista denuncia diariamente en sus titulares que el Gobierno vulnera las instituciones republicanas. Los distintos miembros de la oposición critican al Gobierno desde el papel que asumen de fiscales de la República. Últimamente, los empresarios reunidos en distintos tipos de foros adhieren también al mismo reclamo. Sólo falta que se sumen a éste los barones del conurbano, pero, tal vez, para eso debamos esperar un poco más. La institucionalidad hace fundamentalmente a la democracia y a la República. Así como ningún deporte se puede practicar sin reglas, la democracia y la República no son posibles sin instituciones. Sin embargo, determinar cuáles son las instituciones que queremos defender y cuáles sus contenidos es un proceso más complejo de lo que el reclamo existente parecería suponer.
Los distintos sectores tienen sus motivos para el actual reclamo. Es lógico, por ejemplo, que los empresarios se hayan unido al cuestionamiento de la oposición: con frecuencia la falta de previsibilidad y reglas claras pone en jaque la ganancia de sus empresas. Un importante representante de este sector me contaba sobre las diversas peripecias que debió pasar en la última década para mantener su empresa funcionando: tuvo que sortear extorsiones y arbitrariedades. En una ocasión un alto funcionario provincial le reconoció que era esencialmente injusta la aplicación retroactiva a su negocio de un impuesto que había creado recientemente el gobernador de esa provincia, pero le aclaraba que si acudía a la Justicia, ésta tardaría demasiados años en fallar a su favor, por lo que no le quedaba más remedio que pagar. Este tipo de abuso exige una reacción que demande justicia y permita el desarrollo de las empresas.
Nuestra historia está plagada de atropellos que explican la preocupación de distintos sectores para que las instituciones los protejan. No obstante, existe el riesgo de que algunos actores cristalicen en su reclamo una peligrosa sinécdoque social en la que se entiende por República simplemente las medidas que les permitan obtener ganancias. Bajo el solemne disfraz de la República pueden ocultarse los intereses corporativos con los que el resto de la sociedad no tiene por qué sentirse identificada. Parecería que en algunos, el apego por las instituciones republicanas es inversamente proporcional a los beneficios que obtengan del Gobierno. La educación, la salud y la jubilación de los más pobres dependen también de las instituciones del Estado, pero pocas veces el reclamo de institucionalidad se extiende a estos derechos. A este riesgo se le suma la tendencia a un discurso vacío que entiende a las instituciones desencarnadas de la comunidad e historia en las que acontecen. Es como si creyeran que la Argentina no pertenece al Primer Mundo simplemente porque no tenemos las instituciones de Alemania o Estados Unidos.
Dos cuestiones se tornan entonces fundamentales para que la defensa de las instituciones no resulte estéril. La primera es que ésta no puede ser intermitente, prendiéndose y apagándose al ritmo de las ganancias de cada sector. Los sectores que, cuando obtienen grandes beneficios, no alzan la voz para defender las instituciones pierden credibilidad para alzarla en los momentos en que no resultan beneficiados. La segunda es que hay que tener en claro que la mera implementación de las instituciones republicanas no implica el desarrollo del país ni la justicia social. Los argentinos aprendimos de la peor manera que con la democracia sola no se come, no se educa ni se cura. Queremos seguridad institucional, pero también es una discusión fundamental la de los contenidos o valores que queremos sean asegurados por las instituciones. Éstas no son meras cáscaras formales, sino que implican contenidos. Sobre estos contenidos, a la Argentina todavía le falta realizar un debate fundamental.
Las instituciones deben garantizar que los partidos puedan competir, las empresas desarrollarse y el periodismo expresarse, pero también que los pobres accedan a la alimentación necesaria, la vivienda digna, el trabajo formal y una educación adecuada. Si se las vacía de sus responsabilidades sociales, una gran parte de la sociedad -aquella conformada por los "perdedores"- permanecerá indiferente a su vulneración. Si sólo protegen a algunos, su defensa será entonces un tema sólo de esos elegidos. La pregunta fundamental sin responder en nuestro país es cómo lograr mayor institucionalidad a la par de un desarrollo que garantice los derechos sociales.
El gran politólogo Guillermo O'Donnell, en su texto Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976, describía la historia del país como una constante oscilación pendular del poder entre un grupo que distribuye el ingreso y otro que se propone acumular riquezas. Cada grupo hace, desde la oposición, trastabillar al otro cuando una crisis se lo permite, dejando siempre inconclusa, como en un mito griego, la tarea del desarrollo. La historia reciente parece no alejarse demasiado de ese péndulo histórico señalado por O'Donnell. Gobiernos, en general peronistas, que llevan a cabo una distribución del consumo, no parecen saber responder a la pregunta por el crecimiento económico y, a menudo, en nombre de la justicia social arrasan con el marco institucional. Quienes se plantean como alternativa, prometen el marco institucional adecuado para el crecimiento económico pero sin dar demasiadas garantías de la sustentabilidad social de su proyecto.
El país necesita una síntesis que podría basarse en que quienes alientan la distribución del ingreso planteen cómo hacer crecer la economía, o bien que los que creen tener soluciones para los problemas del desarrollo den respuestas creíbles sobre la distribución del ingreso. Cuando las instituciones reflejen este equilibrio y los actores actúen dentro de ellas realizando ese equilibrio, serán apoyadas por algo más que un reducido grupo de actores. Los actuales candidatos a presidente deberían contarle a la sociedad cómo pretenden alcanzar la síntesis que nos aleje de otro ciclo de frustraciones.
El autor, sacerdote jesuita, es director del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) y doctor en Ciencia Política
