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Una sede para el Tratado Antártico
Por Angel Ernesto Molinari Para LA NACION
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Muchos años llevó a los miembros del Tratado Antártico de 1961 aceptar que debían contar con una Secretaría Permanente, para que los asistiera en los cada vez más numerosos canales de información sobre las actividades realizadas en la Antártida, además de colaborar en la organización de las costosas reuniones plenarias anuales. La resistencia hallaba fundamento en los buenos resultados obtenidos con las reglas de juego originarias, esto es, comunicación directa entre las partes, utilización de procedimientos diplomáticos muy fluidos e informales no mediatizados por funcionarios internacionales o infraestructuras intermedias, y la aplicación del principio del consenso para adoptar decisiones.
Pero el grupo antártico creció y necesitaba disponer de una estructura burocrática de dimensiones pequeñas, subordinada a las partes, de forma que el vínculo entre los gobiernos y la Secretaría fuera una relación de "amo a sirviente", como muy bien la definió un embajador chino en el momento de argumentar a favor de su existencia. Así que, ocho años atrás, en Venecia, los miembros del Tratado Antártico acordaron crear una Secretaría Permanente y, al mismo tiempo, recogieron el ofrecimiento de la Argentina y los Estados Unidos para que entre sus respectivas capitales se resolviera dónde establecer la sede. Aunque poco tiempo después fue retirada la oferta de Washington, ya en aquella oportunidad numerosas delegaciones se habían expresado a favor de la Argentina, reconociéndole un espacio a América Latina en la estructura institucional del sistema antártico.
A partir de entonces, el respaldo a Buenos Aires crece progresivamente hasta llegar a concentrar el apoyo de prácticamente todos los países vinculados con el Tratado Antártico, con la única oposición del Reino Unido, cuyo veto impide hasta hoy alcanzar el consenso necesario para seguir adelante con la iniciativa.
El discurso británico para bloquear el ofrecimiento argentino nunca fue suficientemente preciso. En un principio señalaba que no era apropiado que la Argentina, en su condición de Estado correclamante de territorios antárticos, se presentara como candidata a la sede de la Secretaría; más tarde invocó un grado de "militarización" en la actividad antártica argentina, que a su juicio operaría como factor contrario al espíritu del Tratado.
En realidad, se trata de argumentos que el Foreign Office englobará con el concepto general de diplomatic reasons , pero que básicamente es lo más parecido a una estrategia de "malvinización" de las relaciones bilaterales con la Argentina. Éste es quizás el camino menos conveniente que ambas partes pueden elegir, ya que inevitablemente contamina otros aspectos de esa relación bilateral, en los que pueden alcanzar aceptables niveles de acercamiento, como sin duda es la cooperación en materia antártica.
Argumentos poco consistentes
Retomando las objeciones británicas, al primer punto se responde que el artículo cuarto del Tratado Antártico tutela situaciones como la descripta, estableciendo una suerte de medida de no innovar en materia de reclamos territoriales. Aun así, debe recordarse que el Reino Unido en la misma condición que nuestro país, es sede del Comité Científico para las Investigaciones Antárticas (SCAR) y depositario de la Convención para la Conservación de Focas Antárticas, lo cual convierte a su veto en una forma de inaceptable discriminación.
En cuanto a la participación de las Fuerzas Armadas en los programas antárticos gubernamentales, se trata en mayor o menor grado de un hecho común a casi la totalidad de los países que llevan a cabo actividades en un escenario de condiciones geográficas y climáticas extremas, lo cual impone una logística específica y recursos humanos altamente especializados. Esto es una realidad aun en los países con larga tradición antártica, a la que el Reino Unido no es ajeno, ya que, por ejemplo, el rompehielos Endurance y las embarcaciones menores de patrulla que operan en la zona están tripulados por personal militar.
Al iniciar su gestión, el actual gobierno argentino pone al frente de la Dirección Nacional del Antártico a un funcionario civil, interrumpiendo la práctica de colocar en dicho cargo a un oficial superior retirado de las Fuerzas Armadas. Este hecho, junto con la reestructuración interna de ese organismo, pretende asimilarlo a los modernos modelos de administración existentes. La revisión del programa antártico argentino también afectará a las Fuerzas Armadas, que si bien poseen apropiada capacidad operativa, su presencia deberá ser proporcional a las dimensiones del nuevo modelo que se pretende poner en práctica.
Finalmente, se busca acelerar el tratamiento de leyes pendientes, tales como la que adopta el sistema de áreas protegidas acordado por el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente Antártico, o la que establece mecanismos de control pesquero en aguas antárticas.
Todas estas medidas en ejecución por parte de la Argentina, que por un lado tienden a mejorar el funcionamiento de su programa antártico y por el otro responden a su permanente compromiso con el Tratado del que el país es parte, además del mayoritario y sostenido apoyo de la comunidad antártica internacional, colocan al Reino Unido en una incómoda oposición.
De ahí que revista enorme importancia la declaración conjunta argentino-británica en la conferencia de Wilton Park realizada a mediados del mes de mayo. Encuentro que patrocinó el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y un Comité Organizador Británico compuesto por el Consejo del Atlántico Sur y la Sociedad Anglo-Argentina, propiciando un ámbito de discusión no oficial donde legisladores, empresarios, funcionarios y especialistas de ambos países abordaron desde su punto de vista personal los temas más sensibles de la agenda bilateral.
En la cuestión sobre la sede de la Secretaría del Tratado Antártico, la conferencia fue contundente al recomendar el apoyo a la propuesta de establecerla en la ciudad de Buenos Aires, iniciativa que surge del presidente de la delegación británica, Alastair Forsyth, y se inspira en la determinación expresada por la Argentina sobre la naturaleza científica del programa antártico y la preocupación por los efectos negativos que la falta de dicha infraestructura provoca al sistema del Tratado.
La hora del sentido común
El valor de la declaración de Wilton Park radica en sumar un influyente grupo de ciudadanos británicos al amplio apoyo a Buenos Aires como futura sede de la Secretaría. La fuerza de la razón esta vez golpea las puertas del Foreign Office desde su propio frente interno.
Un tema aparentemente menor, cual es la habilitación de una oficina burocrática, termina siendo una cuestión de Estados. Una diferencia bilateral proyecta líneas de tensión sobre un sistema multilateral que atraviesa su coyuntura más difícil, que por primera vez no encuentra país anfitrión para celebrar la reunión plenaria de sus miembros. La negociación de un texto sobre responsabilidad por daños al medio ambiente alcanzó un punto de no progreso, se impone un fuerte compromiso colectivo para controlar la pesca ilegal en aguas antárticas y el derecho del mar parece apurar con sus plazos la demarcación de las plataformas continentales de la Antártida.
Como nunca es necesaria una Secretaría Permanente que ayude a crear un marco administrativo propicio para ordenar todos estos vectores que se disparan al mismo tiempo, con la misma intensidad y en diferentes sentidos. El Reino Unido es uno de los pioneros en la Antártida, tanto en el esfuerzo por descifrar sus misterios como por haber formado parte del pequeño grupo de países constructores del Tratado Antártico. Ha llegado el momento de acompañar esa tradición apelando simplemente al sentido común.
