Unanimidad y ocultamiento: la tragedia universitaria
El problema del financiamiento, real y grave, impide ver otras cosas que pasan en el sistema; lo que acaba de ocurrir en La Plata es una demostración del extremo que ha alcanzado la degradación institucional en muchas casas de estudio
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Imaginemos una universidad donde todos piensan lo mismo. No existen las discrepancias ni los debates. Cuando hay que tomar una decisión o elegir una autoridad, todos levantan la mano en el mismo sentido y de manera automática, como si fuera una estructura jerárquica y uniformada. Si uno tiene dudas o diferencias, se lo expulsa. Y si alguien intenta formular preguntas o pedir información, se lo elude con argucias burocráticas o se lo acusa, directamente, de atentar “contra la universidad nacional y popular”.
Parece la trama de una novela de ciencia ficción, que nos remite de alguna forma a 1984, la célebre distopía de George Orwell. Sin embargo, es exactamente lo que ocurre hoy en la Universidad Nacional de La Plata, una de las instituciones que históricamente ha representado -junto con la UBA y la de Córdoba- el estamento más elevado del sistema universitario, y donde tuvo raíces muy fuertes la Reforma del 18.
Esa emblemática casa de estudios acaba de reelegir a su presidente por unanimidad absoluta. La asamblea universitaria, en la que están representados los tres claustros de todas las facultades (profesores, estudiantes y graduados), funcionó como una maquinaria sin fisuras: eligió a un candidato único que cumplirá su tercer mandato como rector y que ocupó, en los períodos en los que no podía ser reelecto por limitación estatutaria, el cargo de vicerrector.
El problema del financiamiento, que es real y además es grave, funciona también como una especie de niebla que impide ver muchas otras cosas que pasan en el sistema universitario. Lo que acaba de ocurrir en La Plata es una demostración del extremo que ha alcanzado la degradación institucional en muchas casas de estudio, manejadas como si fueran feudos y concebidas como “una caja” en la que se canjean votos a cambio de recursos y parcelas de poder. Lejos de ser una excepción, La Plata funciona como un modelo.
En una institución universitaria, el consenso absoluto es un síntoma sospechoso al que deberíamos prestarle atención. Una asamblea en la que no hay matices, discusiones ni debates, más que una asamblea parece una fachada. Esa uniformidad funciona, en realidad, como una confesión: las voces críticas han sido expulsadas, cooptadas o silenciadas. La consolidación de un esquema de candidato único remite más a una hegemonía disfrazada de consenso que al resultado de sanas negociaciones. Y asemeja a la universidad al sistema de “elecciones” de muchos sindicatos, o incluso de instituciones como la AFA, donde impera la lista única y se naturaliza la perpetuidad en las poltronas de conducción.
La asociación con la AFA no es una mención arbitraria. Hay hilos bastante visibles que vinculan al sistema de poder universitario con el mundo del fútbol: la “universidad” de Chiqui Tapia es manejada por un exrector de la UBA. Y la que acaba de crear Estudiantes de La Plata está a cargo de un desprendimiento del rectorado de la UNLP. ¿Casualidad o afinidades?
La universidad, en lugar de funcionar como un faro de transparencia, de calidad democrática y de convivencia plural, parece copiar e irradiar un modelo teñido de opacidad, donde el “toma y daca” reemplaza el debate político y académico y se naturalizan esquemas hegemónicos con cargos a perpetuidad. Funciona como un laboratorio de experimentos institucionales que luego vemos en otros niveles de la política. La “calesita” de cargos, con la asunción, en los interregnos, de especies de “testaferros institucionales”, ya llevaba un tiempo en la Universidad de La Plata cuando se empezó a ver en los niveles más encumbrados de la política. Con ese atajo se salva el cumplimiento formal de la letra estatutaria, pero se traicionan su espíritu y su finalidad, que es la de limitar los mandatos y evitar la concentración de poder personal. En derecho constitucional eso tiene un nombre: fraude a la ley.
Frente a nada de esto parece haber una reacción. Profesores y estudiantes salen a las calles a reclamar presupuesto –lo cual está muy bien–, pero nadie reclama ética, transparencia ni calidad democrática en el manejo de la propia universidad. Hoy mismo, las facultades de todo el país están “en estado de protesta” por la cuestión del financiamiento, pero en medio de esa efervescencia no hay un solo debate, por ejemplo, sobre el manejo de los recursos propios que generan las universidades a través de contratos y negocios, muchas veces millonarios, que manejan rectorados y facultades.
La Universidad de La Plata vuelve a ser, en ese punto, un inquietante “caso testigo”. Cuando el diario El Día intentó averiguar detalles sobre el volumen de contratos que tiene la Facultad de Ingeniería a través de una fundación, chocó contra un muro infranqueable de oscuridad y de silencio. Tuvo que recurrir a los tribunales para que un juez “condenara” a la Facultad (así lo dice la sentencia) a brindar la información pública sobre esos negocios.
Aun así, no existe información accesible y transparente sobre los millones y millones de dólares que implican los contratos que tiene esa universidad con municipios del país y del exterior por el sistema de estacionamiento medido, como tampoco hubo rendición de cuentas sobre un convenio que duró años con la Lotería bonaerense (el histórico coto de Insaurralde) para controlar desde una dependencia universitaria las tragamonedas de los bingos.
El debate sobre la cuestión presupuestaria nunca incluye un capítulo sobre el aporte que podría hacer la universidad a su propio financiamiento. El gobierno nacional, en ese sentido, no ha tenido ni la sofisticación ni el coraje como para plantear una discusión más amplia y más de fondo sobre las fuentes de ingreso de la educación superior. ¿No debería haber un sistema de aportes, al menos voluntarios, por parte de estudiantes o graduados? ¿No sería una política equitativa en un país en el que la pobreza ha bajado, pero sigue en niveles altísimos? ¿No sería ético y solidario para reforzar los recursos de la educación primaria y secundaria de los sectores más vulnerables? Son preguntas que remiten a uno de los tantos temas que la universidad no discute.
Cuando se ven los indicadores universitarios en materia de calidad, tasas de egreso, niveles de deserción y jerarquía docente, resulta aún más llamativa la falta de debate. Como si la universidad se negara a mirarse a sí misma con un sentido autocrítico y aspirara, en realidad, a convertirse en una institución monolítica que rechaza cualquier revisión y solo reacciona “ante la amenaza externa”.
En las universidades argentinas, por ejemplo, hay solo 20 egresados cada 100 ingresantes, una tasa que las ubica muy por debajo de las de Brasil (27) y Chile (82), según cifras oficiales. Pero en algunos casos, como el de la Facultad de Medicina de La Plata, la tasa de egreso apenas alcanza el 13%. En materia de calidad y dedicación docente, hay un dato que la universidad barre bajo la alfombra: solo el 10% de sus profesores tiene dedicación exclusiva, según un trabajo publicado por el investigador del Conicet Héctor Ghiretti. Más del 50% de los estudiantes de las universidades públicas (el 55,2%, según un informe de la Fundación Libertad) no aprueba más de una materia por año.
En esa atmósfera de uniformidad y hegemonía que quedó escenificada en la asamblea universitaria de La Plata, esos datos no se discuten. No hay ni siquiera un resquicio para plantear debates sobre el ingreso, el financiamiento, las condiciones de regularidad ni la calidad institucional. Todo es obediencia, silencio y manos levantadas; una especie de democracia anestesiada o de baja intensidad. Aquel espíritu de la reforma universitaria, que concebía el sistema de cogobierno como un esquema de tensión deliberativa, ha sido reemplazado por una trama de prácticas vidriosas que atenta contra la alternancia y promueve un inmovilismo confortable.
Ni siquiera genera incomodidad ni debate interno el hecho de que instituciones universitarias se conviertan, en forma desembozada, en espacios cooptados por una facción política. Que la sede de una facultad como la de Periodismo de La Plata se llame “Néstor Kirchner” es un símbolo de esa desviación. Pero tampoco es un caso aislado; mucho menos, una excepción. Para no ir demasiado lejos, basta reparar, como botón de muestra, en lo que ocurrirá mañana mismo en el Colegio Nacional de La Plata, una institución que supo ser emblema de la excelencia educativa, pero también de la diversidad y el pluralismo. Allí se desarrollará una “charla abierta” bajo una consigna que no suena precisamente ecuménica, ni amplia, ni institucional: “Cristina libre”. La lista de expositores incluye a varios dirigentes del ultrakirchnerismo.

¿Qué pensarían René Favaloro o Ernesto Sabato, por mencionar solo a dos egresados ilustres de ese histórico colegio de esta deriva sectaria y partidizada? ¿Alguien saldrá a la calle a reclamar por aquellos viejos valores del pluralismo, la diversidad y la transparencia vinculados a la esencia del espíritu universitario? ¿Los estudiantes convalidarán esta ostentación de feudalismo académico? Si vemos el coro uniforme y monocorde de la asamblea que consagró la triple reelección del rector en La Plata, no parece haber mucho espacio para el optimismo. Pero la unanimidad siempre ha sido la antítesis de la universidad. Lo decía Borges con exquisitez: “La duda es uno de los nombres de la inteligencia”. Si la universidad sigue viva, ya veremos un germen de rebeldía.






