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Universidad pública, igualdad de oportunidades y equidad
El verdadero objetivo de la igualdad de oportunidades no se logra repitiendo el dogma de la gratuidad indiscriminada
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Para LA NACIONRoberto Agosta
Pocas cuestiones del sistema universitario argentino generan tanta unanimidad retórica y han tenido tan poco análisis como la gratuidad de la enseñanza pública superior. Desde su consagración constitucional, la gratuidad universitaria ha adquirido el estatuto de dogma: se la invoca y ya no se la examina. Cualquier intento de problematizarla es recibido como un ataque a los pobres o como una concesión al mercado.
Los datos son conocidos, pero raramente se los coloca en su verdadero contexto. El Estado Nacional destina al pago de salarios más del 90% de los fondos girados a las principales universidades nacionales. Prácticamente nada resta para laboratorios, infraestructura o actualización tecnológica. En ingeniería, menos del 20% de los estudiantes de universidades estatales egresa en el tiempo previsto, el tiempo real de graduación oscila entre ocho y diez años, y de cada 100 ingresantes a universidades públicas se gradúan aproximadamente 20, frente a 41 en las universidades privadas, 82 en Chile y más de 91 en Japón.
Cuando se incorpora la tasa de graduación al cálculo del costo por egresado —no por alumno matriculado— el subsidio público resulta significativamente mayor de lo que el debate habitual reconoce. Y aquí aparece la paradoja que el sistema prefiere ignorar: ¿quiénes son los que efectivamente se gradúan?
Los datos muestran que las tasas de deserción temprana son marcadamente más altas entre estudiantes de contextos socioeconómicos vulnerables. El impedimento más severo para un joven de escasos recursos obviamente no es el costo de la matrícula, que es nulo, sino el costo de oportunidad de estudiar: dedicar tiempo al estudio requiere restar tiempo a la generación de ingresos para colaborar en la subsistencia del hogar. La gratuidad del arancel es una condición necesaria pero insuficiente para garantizar la igualdad de oportunidades si no va acompañada de un sistema efectivo de becas de manutención, que en Argentina prácticamente no existe.
El resultado es que la universidad pública gratuita termina siendo utilizada en mayor proporción por quienes provienen de familias con mayor capital cultural y económico, mientras que los sectores más postergados suelen verse impedidos de completar sus estudios y graduarse. La gratuidad universal no es, en la práctica, un mecanismo redistributivo: es una transferencia regresiva desde quienes menos tienen —que pagan impuestos indirectos y no acceden efectivamente a la universidad— hacia quienes más tienen, que se benefician de la formación que los habilitará a ocupar los puestos mejor remunerados de la economía.
La pregunta pertinente, entonces, no es si la universidad debe ser gratuita en el momento de cursarla. Sobre ese punto no hay ambigüedad: el nivel de ingresos de una persona no debe ser jamás un impedimento para acceder a la educación superior. Los fundamentos constitucionales son robustos y el principio es irrenunciable. La pregunta es otra, si es admisible que quienes obtuvieron de esa inversión colectiva los retornos privados más altos no devuelvan al sistema ni un peso. El médico, el contador, el abogado, el ingeniero o cualquier otro profesional que perciba ingresos importantes por su trabajo recibió del Estado —es decir, de todos los argentinos, incluyendo quienes nunca pisaron una universidad— una formación por la que no se le cobró nada, pero que obviamente tuvo un costo, simplemente que pagado por otros. Exigir que una fracción de ese retorno vuelva al sistema no es ideología, es aritmética.
Una herramienta posible para mejorar la equiparación de las oportunidades sería introducir un suplemento contributivo sobre el impuesto a las ganancias de personas físicas calibrado básicamente en función del nivel de ingresos alcanzado. No es arancelamiento, ya que no se paga al momento de estudiar, sino una contribución ex post al costo de la inversión pública de la que se benefició quien llega a ocupar un lugar en la cima de la distribución del ingreso. Australia lleva más de treinta años aplicando un sistema de este tipo con resultados documentados. El Reino Unido, Nueva Zelanda y otros diez países han adoptado variantes del mismo principio.
Los recursos así generados deberían destinarse a lo más urgente: un sistema real de becas de manutención que permita a los jóvenes de menores recursos dedicarse efectivamente a estudiar, y luego a la modernización tecnológica de un sistema que hoy tiene dificultades para financiar sus propios laboratorios.
El verdadero objetivo de la igualdad de oportunidades no se logra repitiendo el dogma de la gratuidad indiscriminada. Se logra financiando mejor el sistema para que quienes menos tienen puedan realmente acceder a más y mejor educación, garantizando que quienes más retorno privado obtuvieron de sus estudios públicos contribuyan en mayor medida a sostener ese acceso para quienes vienen detrás. Ese es el sentido genuino de la equidad que la Constitución manda garantizar.
*El autor es ingeniero, profesor de postgrado de la Universidad Di Tella, profesor emérito de la Universidad Católica Argentina, y profesor titular regular retirado de la Universidad de Buenos Aires.
