Usurpación de tierras: Tomando partido, el gobierno acrecienta el conflicto
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PARA LA NACIONDaniel Santa Cruz
Las tomas de tierras y de propiedades públicas y privadas ya no asombran y comienzan a ser vistas como hechos regulares y no extraordinarios, como deberían tomarse en un país donde el estado de derecho se sostenga y se aplique bajo estricta custodia de la vigencia de la ley. Lamentablemente, no es el caso de la Argentina actual.
El más emblemático es el de Guernica, la toma de terrenos más grandes del conurbano. Esta ocupación muestra el descarnado rostro de una realidad social apropiada por la política. Allí se puede ver cómo un sector social rezagado, que no tiene ninguna posibilidad de acceder a una vivienda digna, es manipulado por actores políticos marginales que coquetean con un oficialismo al que también incomodan y jaquean con sus actitudes.
Pero hay otras, varias, y cada una encierra una problemática distinta. Están las relacionadas con reclamos de pueblos originarios que, con violencia en algunos casos, sobre todo con el conflicto Mapuche en la zona de Bariloche, actúan desconociendo no solo la ley sino también el estado y la Constitución Nacional. Son grupos que provocan quemando símbolos patrios y se consideran un poder fáctico, que pueden resolver sus problemas de tierra, trabajo y vivienda, con una ley distinta a la del resto de los argentinos.
Algo similar a lo de la Patagonia, sucedió en Los Alisos, en la localidad jujeña de Palpalá, donde la rápida intervención de la policía provincial logró retirar a los ocupantes, pertenecientes a la comunidad aborigen Tusca Pacha, de terrenos pertenecientes a una empresa inmobiliaria que reclamó ante la Justicia.
En estos casos directamente existe, de parte de los usurpadores, la negación a cualquier tratado social para la construcción de un estado organizado. Es muy difícil encontrar una solución cuando unos desconocen la ley y otros, el gobierno, duda en cómo y cuándo aplicarla.
Nadie puede negar que existe un problema histórico respecto al tratamiento que le han dado varios gobiernos a los pueblos ancestrales; de hecho, los distintos estados tienen reparticiones que se dedican a atender especialmente a dicha población, como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y que tienen derechos consagrados en el Art. 75 de la Constitución Nacional.
Pero una cosa es el desarrollo de una política integral y otro apostar a una política clientelista, a las que fueron sometidos durante décadas distintas comunidades, como los Qom, Wichis o Tobas, por los gobiernos de Chaco y Formosa. Nunca buscaron una solución de fondo, siempre se procuró capturar el voto seguro a cambio de una mísera prebenda.
Muchas de las tomas en las que participan pueblos ancestrales también son el resultado de esas malas prácticas clientelistas llevadas adelante durante años.
El último conflicto relacionado con la toma de tierras esta semana, suscitado en Entre Ríos, es distinto al resto, porque tiene la particularidad de esconder una puja privada por las propiedades de la familia del exministro de agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, que debe resolver en lo inmediato la justicia. Pero que también volvería a involucrar al gobierno si se confirma lo denunciado por el exministro de Macri, que señaló que Gabriela Carpineti, integrante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, acompañó a los supuestos "usurpadores" durante toda la última noche dentro del campo.
Juan Grabois, que desconoció tener que ver esta semana con las tomas a realizadas por grupos relacionados con la agrupación Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), al Palacio Municipal de Junín, algo parecido a lo que sucedió días atrás en el municipio de Olavarría, sí le puso el cuerpo, como representante legal de Dolores Etchevehere, al producido en Santa Elena.
Para Grabois, se trata de un escenario perfecto para poner sobre la mesa de debate sus aspiraciones de agenda política y social: debatir sobre la socialización de ciertas tierras. En este caso, la realización de un proyecto agroecológico basado en una donación particular, le permitiría abrir un debate público y de fondo sobre sus intenciones de socializar tierras señaladas como improductivas.
Pero también, lamentablemente, el escenario de Sana Elena nos regala una imagen de conflicto inminente, al ver cómo 100 militantes de una agrupación social que se encuentran sitiando el casco de la estancia supuestamente usurpada, son rodeados por 800 productores entrerrianos que salen a defenderse. Todo es al límite, pareciera que bastara una chispa en medio de un desborde para que se desencadene un enfrentamiento violento, que, de producirse, además de ser lamentable como todo contexto de violencia, nos transportaría a una situación de anomia peligrosa: nos veríamos obligados a volver a discutir la consagración del derecho a la propiedad privada.
Todo es al límite, pareciera que bastara una chispa en medio de un desborde para que se desencadene un enfrentamiento violento
Hay un agravante: en casi todos los casos las tomas ilegales de tierras contaron con la participación y el acompañamiento de militancia oficialista y hasta de funcionarios nacionales, que actúan fuera de la ley escoltando a quienes la violan y no ayudándolos a cumplirlas. ¿Es mucho pedir que cumplan con su trabajo apegados a la ley?
Se entiende que cada uno de estos conflictos encierran problemáticas sociales, culturales y políticas, y hasta judiciales, como el de Entre Ríos, lo que los hace muy complicados de resolver y nadie espera que sea la violencia represiva un modo de procedimiento.
Pero si hay un camino equivocado, es aquel que muestra a funcionarios tomando partido, a un gobierno que, hablando a través de la actitud de sus miembros o callando, da la sensación de estar otorgando cierta complicidad a quienes infringen la ley.
Parecieran no reparar en que, mientras hacen su juego político, están dejando crecer un conflicto que puede llegar a ser inmanejable hasta para los mismos protagonistas.
