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Vacancias, opacidad y caos: las críticas de la OCDE a la Justicia
La Argentina atraviesa, una vez más, una evaluación crítica por parte del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE. No se trata de un informe técnico más ni de una observación diplomática: es un diagnóstico duro sobre la capacidad real del Poder Judicial para investigar corrupción, el crimen organizado y los delitos económicos complejos. Y, como viene ocurriendo desde hace años, el problema no está solo en el Código Penal sino en la arquitectura institucional que sostiene -o entorpece- su aplicación.
¿Por qué es importante salir bien de esta evaluación? Porque para acceder a la OCDE, la Argentina debe cumplir con los compromisos internacionales asumidos en el marco de las convenciones y tratados de la Organización.
El organismo internacional fue claro en cuatro puntos: la crisis de vacantes y la opacidad del proceso de selección de magistrados; la falta de estadísticas confiables que permitan medir resultados; el retraso acumulado en la implementación del Código Procesal Penal Federal acusatorio y, por último, un déficit estructural en materia de ética e integridad judicial. Nada de esto es nuevo, pero por primera vez se activaron respuestas concretas desde el Consejo de la Magistratura que buscan transformar una observación internacional en una oportunidad de reforma profunda.
El primer problema es tan elemental como devastador: el 35% de los cargos de la justicia federal están vacantes. En fueros sensibles, como el de la seguridad social, supera el 58%, y en el penal económico la alcanza al 38%. La OCDE lo formuló sin eufemismos: un sistema con semejante nivel de vacancia estructural no puede investigar ni sancionar cohecho transnacional de manera seria. Y la situación política lo agrava: por primera vez en la historia democrática reciente, el Poder Ejecutivo cumplió dos años sin enviar un solo pliego al Senado. Mientras tanto, más de la mitad de las ternas ya están listas y esperan una decisión que no llega.
Frente a este escenario, la modernización de los concursos dejó de ser un debate técnico para convertirse en una urgencia institucional. El proceso actual -todavía basado en expedientes de papel, sorteos con bolillero y exámenes con problemas de trazabilidad- no sólo retrasa la cobertura de cargos: genera desconfianza y alimenta sospechas de discrecionalidad. Casos duplicados en sobres, fallos reales utilizados para evaluar concursantes que ya los conocían de antemano, falta de transparencia en los criterios de corrección y calificaciones sin fundamentos, así como entrevistas personales que alteran órdenes de mérito sin suficiente justificación son apenas algunos de los síntomas de un sistema desactualizado.
Por eso, hemos presentado al Consejo un paquete de reformas que incluye la creación de un banco público de casos con apoyo de IA, la fijación de criterios de corrección y puntuación de exámenes, así como su publicación, la automatización del puntaje de antecedentes y la fijación de reglas objetivas para entrevistas y ponderación final. El objetivo es sencillo y ambicioso a la vez: modernización, objetividad y transparencia para que ingresar a la magistratura dependa del mérito y no de la opacidad; que cada decisión sea trazable; y que la Argentina pueda mostrarle a la OCDE que los estándares de independencia judicial no son declamaciones sino reglas efectivas.
El segundo señalamiento de la OCDE fue igual de contundente: sin estadísticas confiables no hay control posible. Durante casi una década, el Poder Judicial de la Nación funcionó en un “apagón estadístico”, con datos incompletos, inconsistentes o inexistentes. Para medir si un país investiga corrupción en serio no alcanza con abrir causas: hay que saber cuántas audiencias se realizan, cuánto tardan las investigaciones, cuántas sentencias se dictan y con qué índices de revocabilidad. La respuesta fue el lanzamiento de un Plan Estadístico para actualizar series interrumpidas desde 2012, automatizar la extracción de datos desde el LEX 100, entrecruzar datos de gestión y avanzar en el uso de IA para analizar información desestructurada. Por primera vez, jueces y ciudadanos pueden acceder a indicadores reales de desempeño. Sin datos, la Justicia es un relato; con datos, empieza a ser una institución evaluable.
El tercer eje es el más estratégico: la implementación del sistema acusatorio. Se trata de la herramienta central para agilizar investigaciones complejas, organizar audiencias y avanzar contra el crimen organizado. Aunque hubo avances importantes en Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca y Mar del Plata, la reforma sigue frenada en Comodoro Py. Ya dos veces se pospuso su implementación en el último año. En paralelo, las vacantes en el Ministerio Público Fiscal alcanzan niveles incompatibles con cualquier modelo acusatorio serio: en el fuero penal económico, el 60% de los cargos está vacante. La OCDE lo sabe y lo remarca: sin fiscales designados, sin equipos periciales robustos y sin infraestructura adecuada, el sistema acusatorio queda reducido a un anuncio.
La última observación toca un nervio sensible: la ética judicial. La Convención de la ONU contra la Corrupción y la OCDE vienen señalando en sus evaluaciones la ausencia de un código de ética propio para el Poder Judicial de la Nación y la falta de un órgano consultivo especializado. Hoy, la conducta judicial sigue regulada por un reglamento de 1952. Ante ese déficit, se avanzó en un proyecto de Código de Ética moderno, que elaboramos en conjunto con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Federación Argentina de Colegios de Abogados y el Colegio de Abogados de la Ciudad. El texto incorpora estándares internacionales como los Principios de Bangalore y el Código Iberoamericano de Ética Judicial, prevé reglas sobre conflictos de interés como la participación de jueces en clubes de fútbol, en redes sociales, criterios de ética digital, transparencia en actividades financiadas por terceros y protección de datos, y propone capacitaciones obligatorias en ética judicial para quienes aspiren a la magistratura.
Es un paso que llega tarde, pero llega: sin reglas éticas claras, la independencia judicial se convierte en un privilegio sin responsabilidades.
Las observaciones de la OCDE no deberían verse como una humillación externa, sino como un recordatorio de lo que ya sabemos. La Argentina necesita reformas profundas si pretende tener un sistema de justicia capaz de enfrentar delitos complejos y recuperar la confianza pública. Y por primera vez en años, hay proyectos concretos que avanzan en esa dirección.
La pregunta es si tendremos la decisión política -y el consenso institucional- para sostenerlos. Porque la lucha contra la corrupción transnacional no empieza en los tribunales: empieza en cómo elegimos a nuestros jueces, cómo medimos su desempeño y qué estándares éticos les exigimos. Y esta vez, el mundo nos está mirando de cerca.
Consejera de la Magistratura Nacional
