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Vacío legal y discrecionalidad en TV
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La decisión del gobierno nacional de autorizar al Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) para que adjudique licencias para el funcionamiento de dos nuevos canales de televisión en Rosario y en Córdoba _concretada mediante los decretos 85/98 y 86/98 del Poder Ejecutivo_ demuestra que el campo de la telerradiodifusión sigue siendo una suerte de tierra de nadie, en la que imperan el oportunismo político y la completa discrecionalidad de los gobernantes de turno.
El país necesita contar con un sistema de medios de comunicación electrónica que sea el resultado de procesos de asignación de licencias absolutamente transparentes, en los que el poder político no esté en condiciones de hacer valer su influencia para determinar la orientación política o la naturaleza cultural o ideológica de las emisoras que se crean.
Para que eso sea posible es necesario que el Congreso asuma cuanto antes la responsabilidad de dictar la ley de telecomunicaciones que está faltando _la cual deberá aportar el marco jurídico básico en la materia_ y elabore, en ese contexto legal, un plan orgánico de adjudicación de frecuencias basado en pautas rigurosas de libertad, equidad y juego limpio, de modo que el escenario de los medios masivos de comunicación esté determinado por el principio de la libre competencia entre las empresas privadas que aspiren a participar en el marcado de la televisión y de la radio con genuino espíritu profesional, en completo pie de igualdad, sin nexos sospechosos con el poder político y sin esquemas legales anárquicos que posibiliten la arbitrariedad o el favoritismo.
No es posible que las licitaciones para el establecimiento de futuras emisoras sean usadas como instrumento de políticas de reparto urdidas en función de intereses partidistas o como prenda de negociación entre el gobierno central y determinadas autoridades provinciales. Nadie puede asegurar que ésos hayan sido los móviles del Poder Ejecutivo en este caso, pero la discrecionalidad del mecanismo empleado genera un clima de suspicacias y sospechas.
El destino de los medios de comunicación social está íntimamente ligado al desarrollo cultural, institucional y político de la comunidad, pues los órganos de la prensa electrónica _como los de la prensa gráfica_ son elementos estratégicos insustituibles para la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho.
El gobierno del presidente Carlos Menem tiene el mérito de haber transferido a manos privadas los medios de televisión y de radio que durante un larguísimo período de nuestra historia permanecieron en manos del Estado. Lo que se espera ahora del Poder Ejecutivo es que adopte una política de medios acorde con ese honroso antecedente y no que apele a manejos caprichosos o antojadizos para promover la apertura de nuevas emisoras en lugares del país cuidadosamente elegidos.
ElPoder Ejecutivo y el Congreso tienen la obligación de poner en marcha un proceso de adjudicación de ondas de televisión y de radio regido con normas claras, de modo que todas las licencias del país se abran a licitación en cumplimiento de planes orgánicos integrales trazados en función de principios y criterios técnicos y no de medidas discrecionales dictadas al amparo de un vacío legal inexplicablemente prolongado.
