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Venezuela y las transiciones democráticas: lecciones del Cono Sur
El sábado 3 de enero Nicolás Maduro fue capturado por la DEA, sacado de Venezuela y trasladado a Nueva York para ser juzgado por los delitos cometidos durante su permanencia en el poder. América Latina amaneció con una noticia que despertó una felicidad inmediata en todos aquellos que, desde hace años, soñamos con una Venezuela libre.
Esa madrugada, Venezuela comenzó a transitar su camino de salida del autoritarismo. Pero sería un error confundir el inicio de ese proceso con la restauración automática de una democracia republicana, con libertades plenas y respeto efectivo por los derechos humanos. Las libertades arrebatadas no se restituyen de un día para el otro. Las transiciones democráticas, como muestra la experiencia histórica, son siempre más lentas, frágiles y conflictivas de lo que la ansiedad social —amplificada por las redes— está dispuesta a tolerar.
Las dictaduras que se consolidan durante décadas no caen en cuestión de horas. América Latina lo aprendió en los años ochenta: las salidas del autoritarismo implican negociaciones incómodas, tensiones entre actores civiles y militares, pactos explícitos o implícitos y, casi siempre, un tiempo político más extenso que el deseado. En todos los casos hubo avances parciales, retrocesos y conflictos internos. La historia de las transiciones en el Cono Sur ofrece, en ese sentido, un marco realista para pensar el futuro que empieza a perfilarse en Venezuela.
La experiencia argentina es, quizá, la menos trasladable. En ese caso, la derrota militar en la guerra de Malvinas provocó el colapso de la legitimidad de dictadura y la desintegración de su cohesión interna, dando lugar a una transición que no fue pactada, sino producto de un derrumbe. Aun así, entre la rendición del 14 de junio de 1982 y las elecciones de octubre de 1983 transcurrió más de un año de reconfiguración política, intensa movilización social y disputa sobre el sentido de la salida democrática. El liderazgo de Raúl Alfonsín, con su decisión de juzgar los crímenes ocurridos durante la dictadura -tanto los de los militares como los de las organizaciones armadas-, marcó una diferencia decisiva frente a otras alternativas que proponían amnistías o acuerdos de impunidad. Quizá lo único que pueda encontrarse en común entre esta experiencia y la venezolana sea la presencia de un hecho violento que desencadena el cambio político, aunque con diferencias sustantivas: en la Argentina se trató de una derrota en una guerra con otro Estado; en Venezuela, de una intervención externa que -hasta el momento- muestra un alcance limitado, sin ocupación territorial ni confrontación directa entre ejércitos.
Brasil, Uruguay y Chile ofrecen modelos más cercanos a lo que hoy enfrenta Venezuela: transiciones negociadas, sin ruptura abrupta. En Brasil, la salida del régimen fue una retirada administrada por los propios militares, que conservaron la iniciativa y fijaron las reglas del cambio. La democracia se recuperó en 1985 a través de una elección indirecta y un acuerdo amplio, pero con fuertes continuidades institucionales.
En Uruguay, el rechazo ciudadano al proyecto constitucional militar en 1980 abrió un proceso de debilitamiento progresivo del régimen. La transición se ordenó mediante el Pacto del Club Naval, que fijó condiciones y garantías para los militares, y culminó con las elecciones de 1984. Los partidos políticos jugaron un rol central como articuladores y garantes del proceso.
Chile, por su parte, transitó una salida estrictamente institucionalizada. La Constitución de 1980 preveía el plebiscito de 1988, que terminó derrotando a Pinochet y abrió una transición electoral clara, aunque condicionada por enclaves autoritarios que sobrevivieron durante años. En los tres casos, la democracia nació de acuerdos que combinaron legitimidad popular con negociaciones de poder.
Estas experiencias recuerdan que la caída de una figura central no implica la desaparición automática del régimen y las transiciones a la democracia no se resuelven en cuestión de días. En Venezuela, la captura de Maduro no desmanteló las estructuras políticas, judiciales y militares que vienen sosteniendo al chavismo. La designación de Delcy Rodríguez como presidenta interina, con respaldo de sectores de las Fuerzas Armadas, muestra que el autoritarismo no colapsó: se reconfiguró.
La figura de Diosdado Cabello sigue siendo relevante, aun cuando su poder efectivo hoy no esté del todo claro. Representa un entramado de lealtades, redes clientelares y vínculos con los aparatos de seguridad que cualquier transición deberá enfrentar si pretende desarmar los enclaves autoritarios persistentes.
Frente a esa estructura, la oposición venezolana, representada por María Corina Machado y Edmundo González, expresa el principio de legitimidad que nace de la voluntad popular. Machado, distinguida con el Premio Nobel de la Paz, y González, reconocido internacionalmente como el ganador legítimo de unas elecciones que la dictadura jamás aceptó, ocupan un lugar central en la democracia que está llamada a reconstruirse. Pero, como enseñan todas las transiciones del Cono Sur, la legitimidad electoral no alcanza si no existe control efectivo sobre el Estado y las Fuerzas Armadas.
Por eso, en esta etapa inicial, el acompañamiento tutelado de Estados Unidos —o de una coalición internacional comprometida con la democracia— no es una injerencia indebida, sino una condición de viabilidad. No para sustituir al liderazgo venezolano, sino para garantizar reglas, seguridad institucional y una salida que no reproduzca enclaves autoritarios bajo formas democráticas.
Las transiciones democráticas no son actos instantáneos ni gestos heroicos aislados: son procesos largos, imperfectos y exigentes, que ponen a prueba la paciencia de los pueblos y la responsabilidad de sus dirigentes. Pero también son el único camino posible cuando una sociedad decide dejar atrás el miedo y recuperar su voz. Venezuela ha comenzado ese camino, y aunque el trayecto será difícil, ya no es invisible ni solitario.
En ese camino, la región tiene una responsabilidad ineludible. Países comprometidos con la libertad y la democracia, como el nuestro, deben acompañar activamente este proceso para que Venezuela pueda reconstruir sus instituciones y su vida política en paz. La transición no será plena hasta que el pueblo venezolano pueda volver a vivir en libertad y hasta que se produzca el abrazo del reencuentro: el regreso de los más de ocho millones de venezolanos que la dictadura obligó al exilio.
Por Sabrina Ajmechet
Tipo de trabajo:
opinión
