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Verdad y consecuencias del Pacto de Olivos
Resulta por lo menos sorprendente que el mismo dirigente que sostiene que el megadecreto de necesidad y urgencia del Gobierno es inconstitucional porque el Congreso está en condiciones de sancionar las leyes necesarias para enfrentar la emergencia sea el mismo que ha bloqueado por semanas la aprobación de la Ley Bases. ¿Le parece razonable al senador Lousteau que el presidente que heredó esta catastrófica situación económico-social esté llegando a la mitad del año sin una sola ley sancionada? ¿En qué estado cree que se encontraría el país si el DNU de Milei hubiera seguido el mismo recorrido parlamentario que la Ley Bases, que fue motivo de la llamada a sesiones extraordinarias de enero y febrero, redujo de 664 a 232 el número de sus artículos y fue modificada infinitas veces para facilitar su aprobación pero sigue dando vueltas por los despachos, jibarizada y empantanada?
Diez días tardó Néstor Kirchner en que el Congreso le sancionara la primera ley. También diez, Alberto Fernández. Once días y dieciséis días, Cristina, en sus dos mandatos. ¿Macri? Ciento once días. ¿Milei? Ciento setenta y cinco días en el momento en que escribo estas líneas. ¿Casualidad? No lo creo. ¡Teléfono, senador Lousteau!
Ni una sola ley le ha concedido el Poder Legislativo al gobierno que heredó la peor crisis económica de nuestra historia, con récord mundial de inflación, amenaza de híper y una combinación inédita de PBI estancado desde hace diez años, Banco Central vaciado, pobreza creciente, déficit fiscal y comercial galopantes, desabastecimiento, emisión descontrolada, y tipo de cambio y tarifas atrasadas. Y no está dicho que lo consiga en las próximas semanas, ni a qué precio. Mientras tanto, mientras en el Senado algunos siguen colaborando con el poder de veto peronista que se llevó puestas las mejores iniciativas legislativas opositoras -desde la ley Mucci hasta la reforma laboral de Cambiemos- en Diputados se auspician sesiones especiales convocadas por el radicalismo, el peronismo y el trotskismo que apuntan a quebrar el dificultoso equilibrio fiscal logrado por el Gobierno. ¿Casualidad? Tampoco me parece.
Este mecanismo, de bloqueo sistemático a las reformas anticorporativas por parte de los principales partidos del fracasado siglo XX argentino, no empezó ayer. Tiene una larga historia. Es fruto, principalmente, de dos factores: el tradicional síndrome de Estocolmo que padece la oposición al peronismo y un ordenamiento constitucional surgido de él, que hoy padecemos. Estoy hablando del Pacto de Olivos y de la Constitución nacida del Pacto de Olivos, que cristalizó por treinta años la relación de poder existente en 1994; con el peronismo gobernando y la oposición acompañando y tratando, de ser posible, de que a los muchachos no se les vaya la mano.
Si la actitud del presidente del radicalismo en el Senado es significativa, mucho más lo es que en un país en el que la mayoría atribuye sus principales males a la casta política se sigan escuchando tantos elogios a una Constitución que ha facilitado estos treinta años de poder hegemónico de la gran casta política argentina: la peronista. Y si buena parte de la responsabilidad la tienen los ciudadanos argentinos, siempre dispuestos a darle una nueva oportunidad a los del bombo y la marchita y a retaceársela al resto de las fuerzas políticas, otra parte depende directamente de dos mecanismos instaurados por la reforma constitucional de 1994: las votaciones de medio término y el sistema de atribución de bancas y renovación parcial de las cámaras.
El efecto catastrófico de la primera es difícil de subestimar. En un país culturalmente tendiente al cortoplacismo, las elecciones de medio término consolidan esta tendencia y propician de mil maneras el “pan para hoy, hambre para mañana”. Desde luego, con beneplácito del peronismo, que ha hecho de esta estrategia un arte. Se sabe: los días más felices son peronistas y después lo vamos viendo. Con Perón, con Menem y con los Kirchner. De manera que los gobiernos no peronistas llegan siempre al poder en situación de emergencia, con enormes desequilibrios macroeconómicos y la exigencia de ofrecer resultados en solo dos años, antes de las elecciones de medio término. El fracaso de De la Rúa y la Alianza en las elecciones de 2001 fue decisivo para la caída de ese gobierno. Y si a Macri le fue mejor, fue al precio de postergar muchas reformas estructurales y correcciones macroeconómicas necesarias. Cambiemos triunfó en las elecciones de medio término de 2017 pero pocos meses después sufrió una corrida cambiaria que acabó con la reelección de Macri, que hasta entonces parecía un hecho. Y adiós reformas. Finalmente, ante la misma situación, Milei parece haber adoptado la estrategia de apurar todos los ajustes mediante un shock. Resta por verse en qué condiciones llega a octubre de 2025, pero es imposible disociar la velocidad del ajuste actual de la existencia de las elecciones de medio término.
El sistema de atribución de bancas y renovación parcial de las cámaras tampoco ayuda. Pensado para limitar los abusos de poder evitando el alineamiento automático del Congreso con el Poder Ejecutivo, ha resultado en lo contrario: un mecanismo tendiente a bloquear reformas y consolidar el statu quo presidencialista. En beneficio, también, del peronismo, que cuando ha estado en el gobierno ha hecho del Congreso una escribanía y que cuando le ha tocado ser oposición se ha dedicado, desde el Congreso, a poner palos en la rueda. Se lo han permitido 25 años de ser primera minoría y 16 años mayoría en Diputados; y 8 años de ser primera minoría y 33 mayoría en el Senado. Pero también el sistema que atribuye la totalidad de las bancas legislativas a las elecciones de medio término y al primer turno de las generales, ignorando a los partidos que llegan al balotaje y a su ganador. Súmese a esto que en cada elección presidencial se renueva solo la mitad de Diputados y un tercio del Senado y se entenderá por qué el 55,7% del voto a Milei no tiene reflejo en el Poder Legislativo, donde solo el 14,3% de los diputados y el 9,7% de los senadores responden al partido de gobierno. Otro producto del Pacto de Olivos: un Congreso nacional transformado en escribanía con el peronismo en el poder y en máquina de impedir cuando otros tienen que hacerse cargo de los desastres provocados por los combatientes contra el capital y la república.
Solo por los mecanismos previsto por la Constitución de 1994 se explica que un presidente que asumió con 12 puntos de ventaja sobre su adversario tenga que enfrentar enormes trabas parlamentarias. Su combinación es el mecanismo perfecto para trabar reformas: cada vez que un gobierno no peronista asume y tiene que pagar la cuenta de los días más felices peronistas se enfrenta con el triple cepo de la oposición bloqueándole todo, del escaso tiempo disponible hasta las elecciones de medio término y del mínimo poder legislativo.
El equilibrio político surgido de Olivos, con un peronismo fuerte y una oposición débil ya fuera en la oposición o en el poder, estalló en siete años, provocando en 2001 una de las crisis más dramáticas de nuestra historia. Lo siguió un país peor, con un ventenio de hegemonía peronista-kirchnerista que nos dejó en estado calamitoso. Más allá de las intenciones de sus firmantes, la desastrosa situación actual es inseparable de las consecuencias de aquel pacto. No es tiempo hoy de corregir aquella Constitución, ya que otras son las urgencias. Pero sí es tiempo de que los partidos que han tenido responsabilidad en su sanción hagan lo posible para mitigar sus consecuencias en lugar de reforzar su lógica. La lógica del “club del helicóptero”, desaparecido temporariamente de la escena pero que calienta motores en el hangar.
