1
Víctimas de causas inventadas
Todos los años, la justicia oral debe desarmar procesos contra personas que estuvieron detenidas sin condena e imputadas por un delito que no cometieron. Son víctimas de pruebas inventadas y causas armadas por la policía, un problema que persiste en la marginalidad del sistema judicial
1 minuto de lectura'
Dos años y diez meses pasó Darío Neves en la cárcel de Devoto. Había sido acusado de participar en un secuestro por una testigo que, a la hora de presentarse a declarar en el juicio oral, nunca apareció. Pero además fueron tantas las contradicciones de los policías que el Tribunal Oral Criminal 1 de San Isidro desestimó el proceso en 40 minutos. Es decir, dos años y diez meses de encierro y horror resueltos en menos de una hora. Y durante todo ese tiempo, los policías que lo llevaron a Devoto sabían que era inocente.
Todos los años, la justicia oral debe desarmar procesos contra personas que estuvieron detenidas sin condena e imputadas por un delito que no cometieron. Son víctimas de pruebas inventadas y causas armadas por la policía, como ocurrió con Darío Neves; un problema que persiste en la marginalidad del sistema judicial y expresa la contratara de las acusaciones por liberaciones indiscriminadas.
"Son casos en los cuales la investigación se lleva adelante con papeles y recién sale a la luz con el juicio oral: ahí queda en evidencia que hay pruebas que no existen o que derivan de testigos de identidad reservada que nunca aparecen. El funcionamiento del sistema es muy perverso: se imputa un delito, se dicta la prisión preventiva, se juntan papeles para la investigación y recién a los tres o cuatro años, en el juicio oral, alguien empieza a mirar y descubre que no hay ningún fundamento. Entre tanto, se tuvo a un inocente durante años en prisión y, encima, el crimen real nunca se investigó", denuncia Paula Litvachky, directora del programa Justicia Democrática del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Junto con otros miembros del equipo del CELS, Litvachky viene recopilando anualmente un voluminoso caudal de testimonios de inocentes encarcelados, en especial en la provincia de Buenos Aires. No existen estadísticas oficiales. Pero su diagnóstico es que, más allá de las reformas policiales, las causas armadas "siguen existiendo y es necesaria una investigación profunda para detectar los núcleos problemáticos".
Un índice es síntoma claro del problema: el 75 por ciento de las personas detenidas en la provincia se encuentra en prisión preventiva, es decir, sin una condena firme.
Las denuncias también afectan a la Policía Federal. La semana pasada, el sobreviviente de Cromañon Osvaldo Gómez, de 28 años, recuperó su libertad después de pasar preso siete meses en la cárcel de Marcos Paz, acusado de haber cometido cinco violaciones. Estudios de ADN y el testimonio de una víctima demostraron su inocencia. Había sido detenido en 2007 por efectivos de la Policía Federal que buscaban a un violador que atacaba en el barrio de Flores. Lo apresaron porque llevaba una remera roja, al igual que el sospechoso. Y el sábado pasado, tres policías de la Federal fueron acusados de secuestrar, golpear y extorsionar a una persona sospechada de vender paco en la zona de Plaza Constitución. Los investigadores sospechan que los policías lo amenazaban con armarle una causa como una forma de sacarle dinero o droga.
Parecido al sospechoso
Sebastián Salazar esperaba el colectivo en San Justo, La Matanza. Iba a ir a buscar a su hija para compartir su cumpleaños. De pronto se detuvo un patrullero. A unas cuadras había habido un robo. Un policía había visto a uno de los asaltantes y transmitió por radio las características del ladrón. El móvil que se cruzó con Salazar consideró que se parecía al sospechoso. El padre nunca llegó al cumpleaños de su hija. Después de estar detenido en comisarías y pasar dos meses en la cárcel de Olmos, en febrero pasado la fiscalía retiró la acusación cuando llegó la instancia del juicio oral.
"La justicia actúa con desidia, no investiga y, salvo excepciones, avala lo que trae la policía hasta que llega el juicio oral", se lamenta la abogada Paula Squassi, quien defendió a Salazar y tiene una larga experiencia en representar a víctimas de causas armadas a través de su asesoramiento a la asociación Madres de La Matanza Contra la Impunidad.
En el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, aseguran que en sus registros no existen casos de inocentes detenidos por pruebas inventadas por la policía durante la actual gestión de Carlos Stornelli, es decir, entre diciembre de 2007 y el presente. La Auditora General del Ministerio, María Alejandra Provitola, precisa que entre las 8790 investigaciones internas realizadas durante la gestión de Stornelli se detectaron casos de policías que pedían dinero bajo la amenaza de plantarles pruebas o inventarles causas a inocentes. Pero Provitola argumenta que las mejoras en los sistemas de denuncias y en los "mecanismos de información" internos permitieron separar a los policías antes que la extorsión se concretara y que las pruebas falsas llegaran a la justicia.
Los responsables de asuntos internos catalogan la falsificación de pruebas bajo la categoría de "abusos funcionales o corrupción", un delito que durante el último año llevó a exonerar o cesantear a 68 policías, según la información del Ministerio. "Son hechos aislados frente al conjunto de los 50 mil buenos policías de la fuerza", enfatiza Provitola.
El problema es que, como consecuencia del tiempo que lleva una investigación antes de llegar al juicio oral, los casos que salen a la luz en el presente corresponden a gestiones anteriores. En el futuro se sabrá si, entre los miles de detenidos que hay hoy en la provincia con prisión preventiva, existen también inocentes que fueron llevados a la cárcel con pruebas inventadas.
Durante la gestión de León Arslanian al frente del área de Seguridad bonaerense, los funcionarios de la secretaría descubrieron casos de personas que habían sido arrestadas sin fundamentos. Al analizar los casos, como el de Darío Neves, los funcionarios tuvieron la convicción de que se trataba de causas inventadas y comenzaron entonces a derivarlas a abogados de confianza para auxiliar a las víctimas. La situación se mantuvo en secreto durante años hasta la presente investigación de Enfoques.
Los casos fueron descubiertos a través de los foros de seguridad que estaban por entonces a cargo de Martha Arriola, subsecretaria de Participación Comunitaria. "En su mayoría aparecían en barrios pobres y eran causas armadas por la policía para limpiar sus ropas, elegían un perejil y lo arrestaban", recuerda Arriola, quien durante la actual gestión fue echada del gobierno bonaerense por sus críticas al proyecto de Daniel Scioli para bajar la edad de imputabilidad y por calificar la situación de los menores en la provincia como una "catástrofe".
Neves salió vivo de Devoto, donde fue golpeado y apuñalado por otros presos. Pero una vez en libertad enfrentó el problema de reconstruir su vida, encontrar trabajo y acostumbrarse a vivir con miedo, con la sensación de que sin motivos puede volver a prisión. Su caso no fue el único que llegó a los oídos de los responsables de Seguridad durante la gestión de Arslanian. Entre las causas que los funcionarios derivaron a los abogados con la sospecha de que habían sido injustamente acusados figuraban también:
- Luis Alberto Pedace, acusado de robo calificado por el uso de arma. La policía lo arrestó en la puerta de su casa, en pantalón de pijama. Pedace aseguró que había salido a ver qué sucedía. La policía decía que era el ladrón que se había fugado por los techos. Estuvo dos años preso sin condena y fue absuelto cuando la causa llegó a juicio oral.
- Cristian Sosa Domínguez, también acusado por un robo agravado por el uso de armas. La policía salió en busca de los responsables de un asalto y arrestó a Sosa Domínguez y un amigo menor. Ellos aseguraban que cuando fueron detenidos iban en busca de un certificado del colegio. Sosa Domínguez estuvo cuatro años y medio en prisión. Cuando llevaba cuatro años en la cárcel, la justicia le ofreció un juicio abreviado para salir inmediatamente en libertad. Pero prefirió quedar detenido hasta el juicio para probar su inocencia. En la audiencia, el fiscal desistió de la acusación y Sosa Domínguez fue absuelto.
- Daniel Galloso, acusado de homicidio agravado. Se le imputó el homicidio de su empleador. Durante la etapa de instrucción, los abogados presentaron pruebas para demostrar que había estado en una reunión en la noche del crimen. Igualmente estuvo detenido más de dos años. Lo apresaron tiempo después del homicidio. Al declarar en el juicio oral, el testigo que lo había acusado se quebró y dijo que la acusación había sido consecuencia de las presiones recibidas para inculpar a Galloso, quien finalmente fue absuelto por el Tribunal Oral de Morón.
- Cristian Roldán. Se le imputó el asesinato de un policía. Los abogados del acusado presentaron pruebas a lo largo del juicio para demostrar que había sido acusado a través de una maniobra armada. Se dictó sentencia absolutoria. El homicidio sigue impune.
- Claudio Marcelo Herrera. Se lo acusó de matar a la dueña de un local bailable de Quilmes. Estuvo cuatro años y medio preso y fue absuelto en el juicio oral. El tribunal ordenó que se investigara a una policía que declaró en su contra.
Cuando el miedo es más fuerte
En un café del barrio de Congreso, Gloria Sosa Domínguez finalmente acepta la entrevista. La madre del joven que estuvo cuatro años y medio preso tras ser detenido cuando iba a buscar un certificado al colegio llega al café con bronca contenida, escéptica. "Ya no creo en nada, ni en la policía, ni en la justicia, en nada", anticipa y dirige su recelo también sobre el periodista que la escucha, como si también fuera parte del entramado que la separó de su hijo, que la llevó a recorrer juzgados y a golpear las puertas de la gobernación.
Gloria Sosa Domínguez formó una agrupación llamada "Rompiendo cadenas" con el objetivo de reunir a personas cuyos familiares hubieran sido injustamente detenidos. Pero el miedo terminó por ganar a quienes se acercaban y la agrupación quedó trunca.
"Nadie quiere involucrarse. Somos pobres, sin recursos, todos tienen temor a que la policía les arme algo", se lamenta. La mujer recorrió las cárceles, donde dice que los presos son "muertos en vida", "consumidos por las drogas y el alcohol que les pasan" los mismos guardiacárceles.
"La cana no se mancha con la clase media", sentencia la abogada Squassi. La condición económica de las víctimas explica también por qué el problema se mantiene fuera de la agenda masiva de la inseguridad.
En febrero pasado, ante nuevos juicios orales que dejaron en libertad a personas inocentes que habían pasado años detenidas, la Suprema Corte bonaerense solicitó a los cinco tribunales orales de La Plata un pedido de informes que dieran cuenta de la cantidad de juicios pendientes y la situación procesal de cada imputado.
"Las causas armadas por personal policial, durante mi paso como asesor por el Ministerio de Seguridad, fueron muchas, y no todas pudieron ser resueltas, por la falta de estructura necesaria. Estoy convencido de que hoy siguen dándose en igual cantidad. Esas causas se arman ante la indiferencia -y a veces algo más- de los fiscales intervinientes, quienes por su experiencia saben perfectamente lo que está pasando y no hacen nada para impedirlo: declaraciones apócrifas, pruebas plantadas, testigos de identidad reservada truchos, entre otras cosas", enumera el abogado Atilio Neira, uno de los asesores a los que el ministerio derivó la defensa de las víctimas.
Neira recuerda que "en el caso Galloso, por ejemplo, el Tribunal Oral lo absolvió y ordenó investigar la actuación del fiscal De los Santos y del personal policial", pero que, por otro lado, las investigaciones "terminan en una vía muerta por la lógica perversa que rige el sistema".
"Por eso, en las causas de resonancia pública, hay que desconfiar casi siempre de las detenciones practicadas en los primeros momentos de la investigación, pues lo importante en esos casos, para la policía, para el poder judicial y para el poder político, es solamente mostrar el caso como resuelto ante la opinión pública y sacarlo de los medios. Lo terrible es que no se vacila en hacerlo aun a costa de la prisión atroz de gente inocente", añade.
A fines de marzo, y a pedido del CELS, se realizó una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington sobre la situación carcelaria en la provincia, donde se alertó sobre los altos porcentajes de detenidos sin sentencia firme y donde el comisionado Florentín Meléndez aseguró que se trata de los niveles "más elevados en toda América latina".
Marcelo Vernet confirma ante las preguntas de LA NACION que, mientras se desempeñaba como director General de Participación Comunitaria, con Arslanian al frente de la seguridad bonaerense, se vieron obligados a derivar a abogados de confianza las causas de quienes, según surgía de testimonios y elementos judiciales, podían ser víctimas de causas inventadas.
"La matriz de fondo es la administración de los delitos cometidos por pibes por parte de sectores de la policía, y también puede ocurrir, si es necesario mejorar las estadísticas, que metan presos a quienes, por diferentes motivos, puede resultar fácil detener. Todo es muy difícil de probar y por eso son fundamentales la conducción política de la fuerza y la participación comunitaria en el control social", evalúa Vernet.
El problema tiene diferentes diagnósticos. Para los colaboradores de Arslanian, el problema de las causas inventadas debe ser enfrentado con una continuidad de los lineamientos de la reforma puesta en marcha en 2004. Otros piensan que los cambios dejaron desde el principio áreas desnudas que mantuvieron inalterables nichos de corrupción policial.
"La reforma se manejó a nivel de cúpula y con normas generales pero tuvo poca traducción en la profesionalización concreta de los policías de abajo, en sus prácticas habituales, en su cultura institucional; no hubo cambios sustantivos y hubo casos de corrupción en la fuerza o de gatillo fácil que fueron ocultados; los sobresueldos son prácticas habituales, la policía sigue regulando gran parte de los negocios más rentables, como el tráfico de drogas; en definitiva, creo que hubo un discurso reformista, muy declamativo pero poco efectivo", sostiene el especialista en seguridad y titular de la Policía Aeroportuaria, Marcelo Saín.
Su valoración se vuelve todavía más negativa frente a la gestión actual. "Scioli planteó que había que darle más poder a la policía, que la fuerza estaba maniatada, habla como si fuera Suiza, puso a cargo a improvisados, de mucha ignorancia, sin equipo, sin planes", afirma. En el ministerio prefieren no salir al cruce de Saín y puntualizan que las investigaciones internas en la policía aumentaron un 200 por ciento desde que asumió Scioli.
Saín y un equipo de académicos lleva adelante una investigación en la universidad de Quilmes con entrevistas a policías bonaerenses en actividad. La investigación, según adelanta, arroja resultados muy preocupantes en cuanto al nivel de capacitación.
El mayor avance en lo que se refiere a la detección y condena de los responsables de causas inventadas se remonta al año 2000, cuando la Procuración General de la Nación implementó la Comisión Investigadora de Procedimientos Policiales Fraguados. La tarea, a cargo del actual juez federal Daniel Rafecas, cruzó información y logró desnudar una práctica de la Policía Federal para mejorar estadísticas, práctica cuyas víctimas eran, en su mayoría, desempleados a los cuales se les tendía una trampa para dejarlos involucrados en un delito.
Cuando se lo llevaron de su casa, los hijos de Darío Neves estaban presentes. Es lo primero que recuerda. Y luego, la llegada a la cárcel. "Ahí -rememora- nadie pregunta si sos inocente."
Marta Arriola, ex subsecretaria de Participación Comunitaria bonaerense
"En su mayoría aparecían en barrios pobres y eran causas armadas por la policía para limpiar sus ropas, elegían un perejil y lo arrestaban."
María Alejandra Provitola, auditora general del Ministerio de Seguridad bonaerense
La falsificación de pruebas bajo la categoría de abusos funcionales o corrupción, "son hechos aislados frente al conjunto de los 50 mil buenos policías de la fuerza".
Paula Squassi, abogada defensora de una víctima
"La justicia actúa con desidia, no investiga y salvo excepciones avala lo que trae la policía, hasta que llega el juicio oral."
Paula Livatchky, directora del programa Justicia Democrática del CELS
"El funcionamiento del sistema es muy perverso: se imputa un delito, se dicta la prisión preventiva, se junta papeles para la investigación y recién a los tres o cuatro años, en el juicio oral, alguien empieza a mirar y descubre que no tiene ningún fundamento."
