A un mes de haber acordado paritarias, el Gobierno y los gremios estatales negocian por un aumento adicional

El Estado Nacional, en su rol de empleador, selló el 26 de mayo pasado un acuerdo salarial con los gremios de UPCN y ATE. Se pactó un aumento de 35 por ciento en seis cuotas (la primera ya se efectivizó) y en noviembre próximo se podría ejecutar una cláusula de revisión por la inflación. Hoy, a un mes del apretón de manos, el Gobierno abrió una nueva negociación con los dos gremios estatales para revisar la paritaria y sumar un 10% adicional. Es decir, cerrar un trato de 45%, en línea con la nueva pauta salarial de referencia para el sector público y privado que impuso la escalada inflacionaria, que acumula 21,5% en cinco meses, según el Indec.

La negociación entre los gremios estatales y el Gobierno fue reconocida por fuentes sindicales. El viernes hubo un encuentro entre dirigentes gremiales y funcionarios de la Jefatura de Gabinete en donde se conversó de la posibilidad real de aumentar un 10% en agosto, antes de las elecciones legislativas primarias del 12 de septiembre próximo. En el país hay unos 3.000.000 de empleados públicos. Del Estado nacional dependen unos 700.000, aproximadamente.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, se refirió hoy al tema, aunque sin dar demasiadas precisiones. “Vamos a rever todas las paritarias que hayan quedado atrás de la inflación”, confirmó Moroni en FM Futurock. Y agregó: “Los salarios le van a ganar a la inflación este año, pero tampoco se puede esperar recuperar en un año lo que se destruyó en cuatro”.

La nueva pauta salarial fue incluso convalidada por el presidente Alberto Fernández, la semana pasada, en un acto de la Asociación Bancaria (AB). Acompañó allí a Sergio Palazzo, un sindicalista que ya logró revisar su paritaria anual y llevar el acuerdo a un aumento salarial del 45% en 2021. La Bancaria había firmado en enero un aumento de 29%, en línea con la inflación anual que había trazado Martín Guzmán en la ley de presupuesto. Además, los bancarios recibirán una compensación de $100.000.

Fue Cristina Kirchner quien rompió inicialmente la pauta de Guzmán al habilitar hace tres semanas un incremento de 40% para el personal legislativo. Con esta maniobra, la vicepresidenta elevó la vara salarial para las negociaciones que siguieron después: los camioneros de Hugo Moyano obtuvieron un 45% más un bono de fin de año cuyo monto se resolverá entre diciembre y febrero, mientras que los bancarios y los porteros de edificio adelantaron sus revisiones previstas para septiembre con subas que ya le garantizan un piso de 45% más adicionales. Hasta un gremio aeronáutico, que tiene a su personal casi sin actividad, logró un aumento de 36,5% más un incremento en diferentes ítems. Se vendrán ahora las revisiones salariales de los docentes y es por ahora una incógnita saber lo que sucederá con el Sindicato de Comercio, el más numeroso del país.

La presión de los estatales comenzó a profundizarse la semana pasada. La conducción nacional de ATE, a cargo de Hugo Godoy, exigió que se adelante la revisión prevista para noviembre porque considera que es la única manera de garantizar que los salarios superen el nivel inflacionario.

“El dato relevante y positivo es que la paritaria está permanentemente abierta. Aquel acuerdo base del 35% para todos los y las trabajadoras se empezó a mejorar particularmente en los sectoriales más numerosos y estratégicos como el SINEP, el de profesionales de la Salud, con los civiles de las Fuerzas Armadas y lo científico tecnológico; esperamos que continúe con mejoras que superen ese piso y que nos permitan garantizar el compromiso central que es recuperar los salarios por encima del nivel inflacionario”, planteó Godoy en un comunicado.

Reforzó el pedido de Godoy una gestión personal de Daniel Catalano, el secretario general de la seccional porteña de ATE. También avanzó en gestiones Andrés Rodríguez, el jefe nacional de UPCN y número tres de la CGT.

LA NACION

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