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Vicentin: especialistas en derecho cuestionan la validez constitucional de la intervención
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LA NACION
La intervención dispuesta por decreto de la empresa Vicentin fue cuestionada por distintos especialistas en derecho consultados por LA NACION.
Basados en que no es facultad del Estado intervenir una empresa que se encuentra en concurso de acreedores, dos abogados expertos en derecho comercial, Raúl Aguirre Saravia y Máximo Fonrouge, dijeron que hay un "avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial" y que la intervención es inconstitucional. Entre los constitucionalistas consultados, Daniel Sabsay afirmó que el DNU de Alberto Fernández es "abiertamente inconstitucional", mientras que Andrés Gil Domínguez consideró que su constitucionalidad es "discutible" y Roberto Gargarella sostuvo que la expropiación puede ser "justificada y necesaria", pero que el procedimiento está "en tensión con el derecho" y que la forma elegida por el Gobierno fue "a las trompadas".
"Si el Estado es acreedor, que reclame en el concurso, no puede intervenir la empresa", dijo Máximo Fonrouge. "Esto se planteó como una intervención lisa y llana, y se están entrometiendo en un proceso concursal, en el que ya hay un juez actuando", agregó Fonrouge.
La ley que regula las expropiaciones dice sobre el objeto expropiable: "Pueden ser objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la 'utilidad pública', cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no".
Fonrouge consideró: "Que en el caso de una empresa en un ambiente competitivo como es el del comercio de cereales, donde hay empresas que se dedican al tema, donde hay empresas que hasta podrían interesarse en compras, se refieran al concepto de soberanía alimentaria, me parece peligroso. No es que se trata de una empresa de servicios públicos en crisis".
En el mismo sentido, el abogado especialista en derecho comercial Raúl Aguirre Saravia dijo: "Vicentin está en concurso en Reconquista, ahí está el juez Fabián Lorenzini, y el concurso es un proceso universal donde tienen que concurrir todos los acreedores. El juez puede dictar la intervención de la sociedad y separar al directorio y poner un interventor. Lo mismo puede ocurrir en un conflicto societario, donde los directores pueden tener graves irregularidades y el juez los saca y pone un interventor. Pero acá hay un avasallamiento".
Según Aguirre Saravia, "el Poder Ejecutivo está pasando por encima del Poder Judicial". "Aprovechando el Covid y la pandemia, intervinieron por 60 días y designaron un interventor, pero no tienen ninguna facultad para hacer eso", dijo.
Para el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, la intervención dispuesta es "constitucionalmente discutible". Gil Domínguez explicó que el formato jurídico de la intervención fue el de una "ocupación temporaria anormal". Según él, lo "positivo" es que el Presidente podría haberla ordenado por un decreto simple y lo hizo por medio de un decreto de necesidad y urgencia, enviando al Congreso un proyecto de ley de expropiación.
Lo polémico, para Gil Domínguez, es que la ocupación "anormal" está pensada para situaciones excepcionales, de emergencia. "Si bien es una empresa que ocupa un lugar estratégico en la economía, es muy discutible que esta intervención responda a una situación así", dijo.
Para el constitucionalista Daniel Sabsay, el DNU que dispuso la intervención "es abiertamente inconstitucional" porque no se dan las circunstancias excepcionales que prevé la Constitución Nacional para que un presidente pueda dictar un decreto de contenido legislativo.
"El pretexto de la pandemia no cabe, es un pretexto para ejercer poder salteando al Congreso -dijo-. Se crea la figura de la intervención provisoria, pero implica una violación al Código Civil y Comercial de la Nación. Manda entonces una ley de expropiación, pero mientras tanto, hace la intervención, que es una pre-expropiación. Además, el Estado no participa en Vicentin, que ya está en un concurso que corre por vía judicial."
Roberto Gargarella, también especialista en derecho constitucional, sostuvo que el método que el Gobierno eligió para expropiar Vicentin fue "a las trompadas".
"No tengo ningún prejuicio ideológico: la expropiación puede ser perfectamente justificada y necesaria. Pero me asombran, primero, los procedimientos (intervenir una empresa bajo control judicial), que por estar en tensión con el derecho ponen en riego a la misma iniciativa que se quiere concretar (¿o es que se trata de eso?); y segundo, la forma "a las trompadas" por la que se opta", escribió Gargarella.
"Si está en juego la 'soberanía alimentaria' como se alega (y tal vez sea así) -dijo Gargarella- sería entonces una extraordinaria oportunidad para, otra vez, explicarlo en público, persuadir a la ciudadanía, sentarse con la oposición, acordar, fijar posiciones comunes, actuar en conjunto. Es lo que requiere, siempre, la democracia."
LA NACION
