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Acusan a Irán por el ataque a la AMIA
Pidieron la captura de un ex presidente de ese país, de dos ex ministros y de cuatro otros ex altos funcionarios y diplomáticos
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Al responsabilizar directamente al gobierno de Irán por el atentado terrorista que demolió la sede de la AMIA hace 12 años, los fiscales que investigan el ataque pidieron ayer la captura internacional de ocho ex funcionarios iraníes, entre ellos un ex presidente de ese país, dos ex ministros, integrantes del Hezbollah, y dos ex diplomáticos que estuvieron destinados en la embajada argentina.
"El ataque fue ejecutado por la organización terrorista libanesa Hezbollah, a instancias de las máximas autoridades del entonces gobierno de la República de Irán", dijeron los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos, que tienen la investigación.
Ahora, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral debe analizar las pruebas en que se basa este pedido y si las considera suficientes hacer lugar a la medida para que en caso de ser detenidos en algún lugar del mundo puedan ser extraditados a la Argentina.
Los acusados por los fiscales son el ex presidente de Irán entre 1989 y 1997 Alí Akbar Hashemi Rafsanjani; el ex ministro de Información y seguridad hasta 1997, Alí Fallahjan; el ex ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Ali Akbar Velayati; el ex comandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai; el jefe del Servicio de Seguridad Exterior del Hezbollah Imad Fayez Moughnieh (también buscado por Estados Unidos por el ataque a la embajada de Israel); el ex consejero cultural de la embajada iraní en Buenos Aires, Mohsen Rabbani, el ex tercer secretario de la embajada Ahmad Reza Asghari y el ex comandante de las fuerzas QUDS iraníes Ahmad Vahidi.
Los acusados actualmente ocupan cargos menores en el gobierno y no tienen inmunidad, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.
Los fiscales señalaron que, por diversos testimonios, establecieron que el motivo por el cual se produjo el ataque en nuestro país fue la suspensión unilateral por parte del gobierno argentino del programa de transferencia de tecnología nuclear, que Irán consideraba clave.
Además, reafirmaron que la camioneta Trafic cargada de explosivos que se estrelló contra el edificio de Pasteur 633 y provocó la muerte de 85 personas, estaba conducida por Ibrahim Huseim Berro, integrante de Hezbollah.
Para acusar a los máximos responsables del gobierno iraní, los fiscales consideraron probado, sobre la base de testimonios, que el atentado contra la AMIA fue decidido el 14 de agosto de 1993 en una reunión realizada en la ciudad iraní de Mashad, de la que participaron los acusados.
En rigor, el ex juez federal Juan José Galeano, antes de que lo apartaran de la causa y de que lo destituyeran, había pedido el 5 de marzo de 2003 la captura de 12 iraníes y de un libanés sospechados por el atentado. Entre ellos se encontraban cuatro que están en la lista actual. Fue el corolario de un informe de la SIDE, realizado durante la gestión de Miguel Angel Toma, que recogió las informaciones propias y de los servicios de inteligencia norteamericanos, israelíes y de países europeos. Galeano se había cuidado de no acusar a Irán y en cambio había hablado de elementos radicalizados iraníes.
Entre los buscados estaba el ex embajador iraní en Buenos Aires Hadi Soleimanpour, que fue detenido en Londres, pero liberado por Gran Bretaña ante la orfandad de pruebas que aportó entonces la Argentina en contra de él.
Tras el juicio oral y público que terminó con la absolución de Carlos Telleldín y los ex policías bonaerenses acusados de integrar la conexión local, esos pedidos de detención fueron dados de baja por Interpol al entender que fueron firmados por un juez cuya actuación fue calificada de irregular.
Por eso la Unidad Fiscal AMIA revisó toda la causa, descartó pistas inconducentes, retomó otras dejadas de lado en un principio, reunió nuevos testimonios, realizó entrecruzamientos de llamadas realizadas hace 15 años y llegó a nuevas conclusiones.
Por ejemplo, se estableció que Rabani, al regresar al país luego de participar de la reunión de agosto de 1993 donde se decidió el ataque, abrió una cuenta en el Deutsche Bank, donde recibió entre marzo y abril de 1994 transferencias de 150.000 dólares, totalmente inusuales en sus movimientos. Este dato, sumado a la foto de la SIDE donde se lo ve buscando camionetas por Warnes, suman indicios en su contra.
Los cruces telefónicos permitieron establecer que desde el celular de Rabbani se hizo una llamada hacia una mezquita realizada desde un lugar cercano a la playa de estacionamiento donde estuvo la Trafic hasta que fue conducida hacia su objetivo.
Una hora después, desde un locutorio cercano se llamó a un celular de Foz do Iguazú, que pertenece a quien coordinó la operación desde la Triple Frontera. Establecieron que el grupo operativo, comandado por Mougnhieh, llegó al país el 1° de julio de 1994 y salió por Aeroparque a las 7.15 del 18 de julio, horas antes del atentado. Esto se estableció por las comunicaciones telefónicas realizadas al celular de la Triple Frontera, las que cesaron el mismo día en que ocurrió el ataque. También se detectaron otras llamadas desde los mismos locutorios a un número que la SIDE identifica como una base del Hezbollah en el Líbano.
Canicoba Corral
- El juez Rodolfo Canicoba Corral ya comenzó a analizar el dictamen de la fiscalía sobre el ataque contra la AMIA. "Se dispondrán las medidas que tengan respaldo, que se ajusten a derecho. Hay que leer el dictamen completo y estudiar cada una de las referencias, de la prueba citada, hacer todo este trabajo y después resolver si se ordenan las capturas. Si todo está bien, ordenaré lo que la fiscalía pide", dijo el juez a la agencia DyN.
