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Acusan al kirchnerismo de tratar de silenciar a Antonini
Según el fiscal, el gobierno argentino y el venezolano le ofrecieron al empresario 2 millones de dólares
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LA NACIONHugo Alconada Mon
MIAMI.– Las revelaciones comenzaron a llegar. Al “maletero” Guido Alejandro Antonini Wilson le ofrecieron US$ 2 millones a cambio de su silencio. O, dicho de otro modo: le recomendaron que callara su verdad sobre lo que pasó en la madrugada del 4 de agosto en el aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires, a cambio de todos esos dólares y la seguridad de sus hijas, que estaba “en riesgo”.
La oferta no fue una iniciativa que tomaron sus amigos Carlos Kauffmann y Franklin Durán por su cuenta o sin consultar a alguien. Fue, precisó el fiscal federal Thomas Mulvihill, producto de “un acuerdo” entre los gobiernos más afectados por las sospechas de escándalo: el de Hugo Chávez y el de Néstor Kirchner.
“Hay numerosas grabaciones que dejan bien en claro que había un acuerdo entre los gobiernos de la Argentina y de Venezuela para que la verdadera fuente de los fondos fuese suprimida, y este problema desaparecería siempre que el señor Antonini colaborara”, planteó el fiscal, de lo cual dijo tener pruebas, aunque se cuidó de dar nombres de otros posibles implicados, que quiere guardar hasta el juicio oral. “El hecho es que estos dos acusados [por Kauffmann y Durán] le estaban ofreciendo 2 millones a Antonini Wilson”, dijo Mulvihill cuando concluíala audiencia ante el segundo magistrado que intervino en este caso hasta ahora, el juez federal William C. Turnoff. Y por si quedaban dudas, insistió: "Estamos hablando de un agente de un gobierno extranjero [por el supuesto agente de inteligencia venezolano José Canchica] y dos agentes encubiertos [Kauffmann y Durán] ofreciendo 2 millones en nombre del gobierno de Venezuela".
La audiencia también deparó una ratificación. Apoyado en la evidencia que dice tener, el fiscal reiteró que los 800.000 dólares decomisados en Buenos Aires "estaban destinados a la campaña presidencial en la Argentina", pero esta vez se cuidó de mencionar a la presidenta Cristina Kirchner.
"El dinero fue confiscado -explicó-. El problema fue que se convirtió en un problema de relaciones públicas porque los medios de América del Sur publicaron alegatos de que este dinero iba para una campaña presidencial en la Argentina. Eso estaba causando problemas al gobierno de Venezuela porque el dinero había llegado a la Argentina en un avión privado que salió de Venezuela. Para suprimir ese desastre es que los agentes de la Disip [la inteligencia venezolana] se reúnen con Antonini". La meta: "Subvertir los procedimientos judiciales de la Argentina".
Para eso, todos los implicados "produjeron documentación para ocultar el verdadero origen de los 800.000 dólares". Y ante una pregunta del juez Turnoff, fue aún más asertivo: "El dinero no era de Antonini. Era de Venezuela", y en la estratagema participó "un director de la Disip".
Mulvihill también corrió un velo al detallar el momento en que el valijero de doble nacionalidad -venezolano por nacimiento y norteamericano por su madre- comenzó a cooperar con las autoridades de Estados Unidos. Fue "subsecuentemente" al escándalo y a su regreso a su casa en Key Biscaine, cuando sus socios lo desconocían en público y presionaban en privado.
De pie, delante de un micrófono durante toda la audiencia, el fiscal reiteró esa precisión ("comenzó a cooperar cuando regresó a Estados Unidos, no cuando fue a la Argentina"), con lo que contradijo uno de los argumentos centrales del gobierno argentino: que esto fue una operación de inteligencia norteamericana. Y todos los detenidos, aclaró Mulvihill por si hacía falta, "se reunieron con Antonini sin saber que él estaba cooperando".
El "maletero" no apareció por la audiencia, ni nadie del gobierno de Estados Unidos precisa dónde se encuentra. Su familia desapareció desde hace días de Key Biscaine, y su abogada, Teresa van Vliet, guarda silencio. "Mi cliente es inocente, pero no podemos hablar ahora", se excusó ante LA NACION.
Detenidos y esposados
Sí estaban en la audiencia, en cambio, los cuatro detenidos (los venezolanos Kauffmann, Durán y Moisés Maionica, y el uruguayo Rodolfo Wanseele), encadenados de las muñecas y los tobillos a otros 11 detenidos. Con sus fianzas rechazadas el miércoles pasado, Kauffmann y Durán fueron poco más que observadores de la audiencia, al igual que sus familiares, policías, abogados y periodistas. Maionica obtuvo una semana más, aunque detenido, para contratar un abogado, y sólo Wanseele decidió solicitar su fianza ayer (de lo que se informa por separado).
Los 53 minutos que duró la audiencia también permitieron obtener más datos sobre la investigación que protagonizó la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) junto a la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida y, dato elocuente de la seriedad con la que tomaron este caso, la sección de Contraespionaje de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.
Mulvihill y un agente del FBI, Brian Young, que fue llamado a declarar por la defensora pública de Wanseele, Sowmya Bharathi, detallaron parte del menú que tienen preparado: filmaciones, grabaciones telefónicas y de reuniones, fotografías, documentos, informes, testigos y, claro, a Antonini.
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