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Aduana: complican a tres funcionarios por operaciones ilegales
Piden citar a directivos de Echegaray en la AFIP, vinculados con la mafia de los contenedores
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LA NACIONHugo Alconada Mon
La fiscal Gabriela Ruiz Morales y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) pidieron ayer las indagatorias de tres altos funcionarios de la Aduana y un puñado de empresarios, sospechados de integrar "un grupo criminal" abocado a contrabandear mercadería con protección aduanera entre 2014 y 2015, por montos multimillonarios.
Los investigadores solicitaron, además, al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky que ordene una batería de embargos, inhibiciones, secuestros de la mercadería y decomisos sobre todas las empresas y personas sospechadas de integrar la llamada "mafia de los contenedores", a las que requirió que se les prohíba salir del país.
Los fiscales concentraron su acusación en tres miembros de la familia Paolantonio -Alejandro César, Miguel Fernando y Diego Raúl-, como así también a los representantes de un puñado de sociedades que participaron en la supuesta operatoria delictual: Transportes DTM SRL, Corport SA, Different Imports SA, New Unique Imports SA, Sicem BA SRL, Las Cortaderas SRL, Oslona SRL, Origini RM SRL y Lion Trade SRL.
Los pedidos de indagatoria también alcanzaron a tres de los máximos jefes aduaneros durante la gestión de Ricardo Echegaray al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP): Daniel Santanna, Edgardo Paolucci y Eduardo Alfredo Bernardi -el ex titular de la Aduana de Buenos Aires al que le encontraron US$ 500.000 sin declarar al allanarle su casa-, aunque los fiscales adelantaron que citarán a tribunales "a toda otra persona que hubiese ejercido funciones de control sobre la operatoria" cuestionada, entre enero de 2014 y diciembre de 2015.
Por último, los investigadores también requirieron indagar a la agente de transporte aduanero, Liliana Leguiza, los despachantes Juan Manuel Benavides, Edgardo Mingrone, José Mocciola y Silvina Otturi, y los máximos responsables de dos depósitos fiscales: Terminal Carga Tigre SA y Carestiba SA, de Jorge Lambiris, el empresario que vacacionó con Echegaray en Río de Janeiro.
La causa penal comenzó a partir de una denuncia de la Procelac, que a su vez se apoyó en un trabajo preliminar que inició con datos aportados por el nuevo titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, y la investigación que, desde el diario Clarín, desarrolló el periodista Matías Longoni, que lo publicó a lo largo de 2016.
Durante su investigación, Longoni detectó cómo los Paolantonio, en connivencia con la Aduana en tiempos de Echegaray, gestionaron el ingreso al país de cientos de contenedores con mercadería prohibida, hasta convertirse en, acaso, la banda más importante de contrabandistas que operó en el área metropolitana de Buenos Aires durante los últimos años.
"Grupo criminal"
Apoyados esos aportes y el trabajo conjunto posterior, la fiscal Ruiz Morales y la Procelac, liderada por Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta, reconstruyeron un presunto entramado de operaciones ilícitas y encubrimientos, que abarcaría, al menos, tres tipos de maniobras: importaciones con documentación apócrifa para "ingresar al país una cantidad, calidad, especie o peso distinto" a la declarada; contenedores trasladados a depósitos fiscales, también con "diferencias de peso, cantidad y calidad respecto a lo efectivamente declarado", y contenedores inspeccionados por aduaneros al descargarlos de los buques Value y Valiant.
Para los fiscales, el dictamen de casi 200 páginas que entregaron al juez Aguinsky resultó, además, un avance en sí mismo: "Es un logro producto de un muy intenso trabajo coordinado entre la fiscalía, el juzgado y la Procelac, una buena muestra de cómo se puede avanzar en una investigación compleja cuando se trabaja en forma articulada", indicaron.
Articuladas alrededor de los Paolantonio, las sociedades sospechadas comparten rasgos comunes: todas se constituyeron durante los últimos años, las personas que aparecen en los papeles viven en zonas humildes del conurbano bonaerense y la mayoría de esas sociedades ni siquiera tienen empleados. Son sólo empresas "de fachada" para operar.
Los fiscales también apuntaron contra los aduaneros Paolucci, Bernardi y Santanna, quienes habrían brindado, según el dictamen, "un marco de cobertura genérica ilegal a sus dependientes, quienes debían realizar sus tareas de fiscalización de manera sólo aparente, para que no entorpecieran la estructura delictual que se estaba llevando adelante".
Los investigadores urgieron, además, al juez Aguinsky a tomar todas las medidas necesarias para proteger documentos, mercaderías y otros activos del supuesto "grupo criminal" dada, según remarcaron, "la amplia capacidad de la organización para ocultar su origen delictual y aparentar varias fuentes legales".
"Es razonable conjeturar la posibilidad de que la asociación (criminal) continúe utilizando sus potencialidades y herramientas para sustraer los bienes producidos del dominio" de la Justicia, afirmaron los fiscales Ruiz Morales, Pérez Barberá y Roteta, para así "frustrar el éxito de la presente causa como la eventual responsabilidad patrimonial que podría caberles".
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