AFAgate: con nuevos actores, la causa por la quinta de Pilar encalla en una etapa de “análisis”

Con el cambio de sede judicial ordenado este martes por la Cámara de San Martín, la causa que revisa quiénes son los dueños de la millonaria quinta de Pilar entra en una etapa de “análisis”, en la que los nuevos funcionarios judiciales a cargo del caso fijaron como objetivo inicial revisar todo el material recabado hasta aquí.

Es esperable, por tanto, que la marcha del expediente, que en este mes y medio de vida tuvo picos de vértigo, se apacigüe en lo inmediato. Las fuentes consultadas señalan que los nuevos protagonistas deberán ponerse en conocimiento de las actuaciones, por más que ya hayan tenido breves intervenciones en la causa.

En el juzgado de Adrián González Charvay están abocados a analizar el material que comenzaron a recibir este martes por la tarde, luego de que el camarista Alberto Lugones hiciera valer el argumento territorial y trasladara el caso a la jurisdicción de Campana, tal como buscaban los presuntos testaferros de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Ana Conte y Luciano Pantano. “Es una etapa de análisis”, remarcan.

Algo similar ocurre en el equipo de investigadores que lidera el fiscal Sebastián Bringas, que ya se encuentra trabajando en el expediente, identificando cada uno de los archivos. Bringas debió interrumpir sus vacaciones tras el fallo de la Cámara y este jueves llegará a su fiscalía, indicaron a LA NACION.

El fiscal intervino en el expediente cuando debió pronunciarse acerca del traslado a Campana que promovieron Pantano y Conte. Dictaminó que la causa debía seguir tramitando bajo la órbita del juez federal Marcelo Aguinsky, en el fuero Penal Económico. Consideró que era “prematuro” otorgarle un peso decisivo al criterio territorial en una causa con tantas aristas, en la que la ubicación de la quinta es apenas un renglón.

Sin embargo, el juez González Charvay, que acogió favorablemente al planteo de los dueños formales de la quinta, opinó lo contrario y la Cámara terminó por darle la razón.

Así, el fiscal Bringas deberá intervenir en una causa que, al menos en en un primer momento, no consideró como propia. No obstante, el juez González Charvay acostumbra a hacerse cargo de las investigaciones, por lo que se espera que sea él y no el fiscal Bringas quien lleve las riendas del expediente.

Los jueces

Si eso finalmente ocurre, ninguno de los tres jueces que intervinieron en la causa le habrían confiado la investigación al fiscal.

Delegar o retener la pesquisa es algo que responde a las costumbres de cada juez, pero que ahora tensiona con el nuevo sistema acusatorio federal, que no contempla esa posibilidad y pone siempre en cabeza del fiscal la investigación. El nuevo sistema está sancionado desde 2014, pero su implementación fue gradual y todavía no rige ni en el fuero federal de CABA ni en el de Buenos Aires, por lo que los jueces aún pueden oficiar de investigadores.

La causa dio sus primeros pasos en el juzgado de Daniel Rafecas, en Comodoro Py. Primero a instancias del fiscal Ramiro González y luego por iniciativa propia, el juez puso en marcha la primera tanda de medidas. Al tiempo que declaraba su incompetencia, ordenó allanar y realizar una valuación de la quinta bajo sospecha, pero nunca delegó la investigación.

En el procedimiento que realizó en el lugar, la Policía se topó con un bolso y una placa homenaje que llevaban el nombre del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. También con una costosa colección de autos, muchos de ellos de altísima gama, a nombre de los presuntos testaferros. Ese allanamiento afianzó las primeras sospechas que pesaban sobre la quinta.

El caso pasó luego al fuero Penal Económico. Para mantener el pulso de la pesquisa, el juez Aguinsky suspendió la feria judicial y continuó ordenando medidas durante el mes de enero, pero tampoco delegó la investigación en el fiscal, que era Claudio Navas Rial. Con sus medidas, la Justicia constató, por caso, que el monotributista Pantano pagaba los telepases de los autos con una tarjeta corporativa de la AFA, con la que también se pagaba la luz de otros domicilios ajenos a la entidad.

Todo eso está ahora bajo estudio de los equipos del juez González Charvay y el fiscal Bringas.

Por Federico González del Solar

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