Alberto Fernández busca despegarse del escándalo del seguro: “Yo no pedí por nadie, y si mi secretaria lo hizo, se extralimitó”

El escándalo de los seguros, que exhibió la acción de gestores vinculados al poder político que cobraban comisiones millonarias en el mercado cautivo del Estado, recayó finalmente en la Justicia y tuvo como denunciado al expresidente Alberto Fernández. Se lo acusa, entre otros delitos, de malversación de fondos públicos, violación de deberes de funcionario y abuso de poder debido a los contratos de gestoría dados de alta durante su presidencia a favor de su amigo, Héctor Martínez Sosa, esposo de la histórica secretaria privada del expresidente, María Cantero.

Múltiples fuentes aseguran que recibieron llamados de Cantero, que acompañó durante 30 años a Alberto Fernández, para promover en diferentes dependencias públicas la designación de Martínez Sosa como productor de sus seguros. De regreso a la Argentina tras su estadía en España, el expresidente buscó tomar distancia, negó que haya realizado gestiones con funcionarios para que contraten a Martínez Sosa y que tampoco le pidió a Cantero, su secretaria, para que lo haga: “Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”, aseguró Alberto Fernández a LA NACION.

Fernández aseguró que el decreto 823 de 2021 que firmó, que dictó la obligatoriedad de los entes públicos de contratar a Nación Seguros, que fue el mecanismo que hizo aparecer a los gestores sospechados, tuvo la intención de terminar con la intermediación. El expresidente argumentó que el decreto indicaba que la contratación debía hacerse de manera directa, para así terminar con el sistema que se implementó durante el gobierno de Mauricio Macri, el cual, a su entender, dio lugar a “muchos negocios”.

La práctica denunciada en la Justicia obligaba a las dependencias estatales a canalizar los contratos a través de Nación Seguros, empresa que contrataba, a su vez, a un bróker y a empresas privadas, de referentes vinculados a Fernández y Sergio Massa. Entre los intermediarios aparecen Pablo Torres García, cercano a Sergio Massa y Martínez Sosa, esposo de la secretaria del expresidente.

El decreto de Fernández menciona que los contratos debían hacerse mediante convenio interadministrativo para el caso de la administración central, mientras que el resto de las entidades, como empresas públicas y entes fiduciarios, debían hacerlo por los procedimientos de sus regímenes de contrataciones. Se prohíbe expresamente la subcontratación de las pólizas, aunque no se hace mención expresa a que no podrían haber gestores. Allí aparecían los intermediarios bajo sospecha.

Fernández aseguró que “nunca” habló con Martínez Sosa sobre su papel como intermediario en el Estado, con comisiones millonarias.

Varios de los documentos a los que accedió LA NACION dan cuenta de que los convenios con Martínez Sosa y otros productores se suscribieron previamente al decreto, pero también hay posteriores a la fecha de su decisión presidencial, como los realizados por la Casa de la Moneda y la Superintendencia de Servicios de Salud. Fernández asegura que no estaba en conocimiento de que las áreas requirieran la participación de brokers externos. Ahora, el expresidente consideró que ese negocio iba “en contra” del espíritu del decreto.

Uno de quienes firmó un convenio posterior al decreto fue Juan José Bahillo, exsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, que respondía políticamente de Sergio Massa. Su área designó Pablo Torres García, empresario vinculado al exministro de Economía, quien también tuvo a cargo la gestión del seguro del Anses. Fernández dijo a LA NACION que no tenía buenas referencias de este productor, es decir, del intermediario que lleva directamente a Massa. Torres García tiene negocios en varios rubros, incluido el complejo de esquí en el Cerro Bayo. Fuentes cercanas a Massa dijeron que nunca pidió por él. Otros lo vinculan.

Fernández aseguró que a Martínez Sosa hace “uno o dos años” que no lo ve. Dijo que jamás habló de estos contratos con el gestor y que nunca ocurrió una reunión entre los dos y Alberto Pagliano, conocido de ambos y presidente de Nación Seguros. Martínez Sosa es uno de los productores de seguros con mayor cantidad de carteras en el país, de acuerdo a múltiples fuentes del rubro. Heredó el negocio de su padre y lo hizo crecer con pólizas de organismos públicos, no solamente de Nación sino de varias provincias, como la de Buenos Aires. Conoce a Fernández hace décadas, cuando el expresidente fue superintendente de Seguros en los 90 y luego ocupó un lugar en el Grupo Provincia para desarrollar el negocio.

El expresidente se muestra molesto por las implicancias del escándalo. Y, en defensa de Martínez Sosa, asegura: “No se trata de un Lázaro Báez”. Se refiere a que el empresario tenía un pasado en el mercado de los seguros previo a su aparición como gestor de los negocios que se reprodujeron en el gobierno bajo la presidencia de Fernández y el desembarco de Massa en el Ministerio de Economía. El expresidente asevera que Martínez Sosa es uno de los productores de seguros más grandes del país y que tuvo negocios con la gestión de Mauricio Macri.

Como anticipó LA NACION, la Gendarmería es uno de los organismos que tenían contratado a Martínez Sosa a través de uno de sus satélites. Cuando Nación Seguros quiso bajar la comisión que ganaban del 15% al 10%, se llevó la cartera de pólizas de vida a La Caja Seguros alegando que se trataba de aportes voluntarios, aunque el tomador fuese un organismo público. Para Fernández, este es un caso que ejemplifica que él no ejercía presión.

En una de sus declaraciones juradas, Fernández presenta una deuda con Martínez Sosa. Explica que todavía tiene la deuda y que se trata de un préstamo que tomó de su amigo cuando renunció a la jefatura de Gabinete de Cristina Kirchner, en 2008. Según su testimonio, el monto total fue de US$20.000, que nunca pudo repagarle, razón por la cual la reportó en su declaración jurada como funcionario cuando cerró el período 2023, cuando seguía vigente.