Alberto Fernández removió por decreto a Fabián “Conu” Rodríguez por el caso de espionaje ilegal

Alberto Fernández firmó esta tarde el decreto con el que desplazó de su cargo al camporista y funcionario de AFIP Fabián “Conu” Rodríguez, acusado de espionaje ilegal. Fue a través de un decreto al que accedió LA NACION en el que el mandatario consignó: “Que, atento los hechos de público conocimiento, en la presente instancia resulta necesario disponer el cese del mencionado funcionario en el cargo citado precedentemente”, en referencia a Rodríguez en el cargo de Subdirector General de Servicios al Contribuyente de AFIP.

Fue el corolario de un búsqueda a lo largo de casi un mes, en el que el presidente intentó, sin éxito, en dos oportunidades que Rodríguez, hombre de Máximo Kirchner, diera un paso al costado.

El primer pedido de Fernández fue poco después de conocido el caso. Esperó que se concretara después de las elecciones del pasado 19, para evitar ruido en la campaña. No sucedió nada. Por eso volvió a insistir esta semana, vía Carlos Castagneto, todavía titular de la AFIP. Creyó que este viernes se concretaría, pero tampoco sucedió. Rodríguez, que pidió licencia poco después de que estallara el caso, seguía sin hacer caso a la orden presidencial, amparado en el respaldo político que representa su pertenencia a La Cámpora.

Por eso luego del paso de las horas sin noticias, en las que además se conoció un nuevo dictamen del fiscal Gerardo Pollicita que pidió la indagatoria de Rodríguez -estaba en el propio edificio de la AFIP mientras se hacía un allanamiento en su despacho, pero se mantuvo en otras oficina para eludir a la justicia-, Fernández tomó la decisión de rubricar el decreto.

En una entrevista al Diario.AR de este domingo, Fernández se había referido al tema al sostener: “Desprecio esa metodología de la política. La persona que apareció vinculada a eso [Rodríguez] estaba trabajando ahora en la AFIP como planta permanente. Le pedí a [el jefe de la AFIP, Carlos] Castagneto que lo cesara para que no gozara de ningún privilegio funcional durante la investigación. La persona se adelantó y pidió licencia. El juez no tomó ninguna determinación hasta ahora. Todo lo que está apareciendo en esa causa es realmente asqueante”.

En paralelo a esos pedidos, desde la AFIP se solicitó la apertura de un sumario en su contra, sobre el que ahora deberá decidir si se abre o no. Deberá decidir la Procuración General del Tesoro (PGT), ya que Rodríguez tiene un cargo jerárquico y ese es el procedimiento en ese tipo de casos. En tanto desde el organismo se resalta que colaboraron con toda la información requerida por la justicia, tomando distancia de un eventual encubrimiento frente a lo sucedido.

Una causa judicial que puede marcar un nuevo mapa político

Los avances judiciales del caso tienen su correlato en la política, en especial en el oficialismo, donde la bronca por lo sucedido, luego de conocerse que había espionaje ilegal contra diferentes miembros del espacio, que se traducía en “operaciones de prensa”, también a través de la pauta en manos del funcionario, fue la confirmación de lo que muchos ya intuían. “La causa demuestra que funcionarios K hacían espionaje ilegal. Pueden disfrazarlo de “operaciones” de prensa, pero es violación a la ley de Inteligencia”, explican. “No importa si el fin eran operaciones de prensa, eso no está penado. La violación a la ley de Inteligencia, sí”, completaron. “El modus operandi era como el del lavado de dinero, pero con información. La conseguían de forma ilegal, la “blanqueaban” a través de un portal y luego hacían la denuncia para perjudicar a un compañero”, deslizó un intendente del oficialismo.

“Con Cristina conocimos el lawfare porque ella nos habló de eso y los camporistas terminaron haciéndolo para perjudicarnos: conseguían información ilegal, la publicaban y después un fiscal amigo empezaba la investigación”, resumió un hombre del albertismo. “Una cosas es una disputa política, otra era operarnos que ya lo sabíamos y ahora confirmar que nos espiaban”, completó.

El enojo es tal que buena parte de los oficialistas consideran que el caso puede terminar de marcar un quiebre. En especial cuando la lista de más de treinta personas que se presentaron como querellantes empiece a conocer lo que hay sobre ellos. “Lo hicieron ellos” y “es la farsa del último kirchnerismo”, es parte de las frases que más se repiten desde que se conoció el caso.

“Te sigo reportando a vos”, preguntó Zanchetta. “Sí, sí”, respondió Rodríguez. Ese diálogo que se conoció poco menos de un mes atrás es el que desde entonces resonó en múltiples terminales del oficialismo. Eso, junto con todo lo que se conoció, en especial el capítulo que tuvo que ver con la avanzada contra la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, comenzó a ratificar lo que en gran parte del oficialismo siempre creyeron: “La Cámpora nos operaba”, como sintetizan con la frase que une a diferentes funcionarios, dirigentes y referentes del espacio.

Parte de la expectativa también está puesta en lo que se sabe de Ariel Zanchetta, el expolicía detenido en el caso, que era “un acumulador serial que no destruía nada”, con lo cual creen que las derivaciones del caso en el tiempo pueden ir aún mucho más lejos de lo imaginado. “No sirven ni para elegir un buchón”, dijo un dirigente que aún evalúa si se presentará o no en la causa.

Ya la mayoría sabe que hay desde fotos de comidas, todo tipo de eventos y partes por analizar. Pero también, fundamentalmente, que en las notas que salían en esos portales donde pautaba Rodríguez y desde donde se los “operaba” casi siempre implicaban datos de AFIP, a los que asocian directamente al funcionario.

Muchos de los afectados ya cuentan que saben informalmente que información sobre ellos que luego salió publicada circuló por “los principales voceros y voceras” de La Cámpora y esperan que eso también se plasme en el expediente una vez que se analicen los elementos técnicos secuestrados en el caso.

Aunque saben que la causa es voluminosa y su análisis puede demandar meses y hasta años, cifran parte de la expectativa en lo que puede hacer el juez del expediente, Marcelo Martínez de Giorgi. Creen que tiene un “enorme desafío” por delante, que es “no quedar como un boludo delante de sus compañeros”. La razón es simple para ellos: el magistrado “tiene en sus manos a los responsables de que se metan en los celulares de jueces, en sus vidas privadas, incluidas las de los jueces de la propia Corte Suprema y la Casación y nadie quiere quedar mal con los jefes”. En esa línea, además de esos magistrados, mencionan, como para “que no queden dudas de donde provenía todo eso” mencionan los espionajes a Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, dos de los que juzgaron a Cristina Kirchner.