Vacunas vip: Alberto Fernández, ante su peor crisis política

Podría haber sido la inflación extremadamente alta. O podría haber sido el acto inconstitucional de intimar a decenas de jueces para que se jubilen por parte de la Anses que conduce la camporista Fernanda Raverta. Sin embargo, la crisis política más importante de la administración de Alberto Fernández la provocó (la está provocando) la interminable lista de vacunados contra el virus Covid-19, sin tener la edad necesaria o sin haber respetado el protocolo de turnos y de prioridades. Una crisis de la que se desconoce todavía si terminará con la salida del exministro de Salud Ginés González García o si necesitará más renuncias. El escándalo amenaza, además, con pulverizar la simpatía social con que contaba el Presidente en un año políticamente crucial, porque se realizarán las elecciones legislativas de mitad de mandato. La participación de jóvenes de La Cámpora en las anomalías vacunatorias de la provincia de Buenos Aires, que ya habían sido denunciadas por varios intendentes opositores, podría llevar también a niveles inéditos de impopularidad a esa organización que nunca fue popular. Es la caldera de militantes que alimenta las filas de seguidores más fieles de Cristina Kirchner. De ahí nacen los príncipes del régimen, la casta real de una república, aunque tal descripción parezca (y lo es) un oxímoron.

La crisis política es profunda porque no se trata de sórdidas peleas entre dirigentes políticos ni de los clásicos arrebatos de la vicepresidenta para cuestionar las políticas y los funcionarios del Presidente. Las vacunas vip es el tema que la sociedad eligió para examinar al Gobierno y al estado del país. No es un conflicto mediático, como señala el Gobierno, ni fue creado artificialmente. Es al revés: la sociedad eligió un tema que la aflige y el periodismo debe informarle sobre esas aflicciones. El hecho de que la sociedad haya seleccionado los privilegios de las vacunas, y el incómodo lugar del Gobierno que no sabe qué más hacer para dejar conforme a la gente común, son los elementos que conforman la tormenta política perfecta. El fastidio social no debería ser una novedad. Millones de argentinos están esperando la vacuna. Hay ancianos y enfermos que necesitan recuperar la esperanza de que seguirán viviendo. La vacuna, que no llega, es la esperanza. En ese contexto, un grupo selecto de personas (uno de los varios grupos que hay en el país), todos vinculados de una u otra forma al poder, fueron vacunadas en salas vip del Ministerio de Salud o del hospital Posadas, según el testimonio público de los propios enfermeros. Algunos, como el expresidente Eduardo Duhalde, su esposa y sus hijas fueron vacunados en sus propias casas. Un inmenso privilegio que no se sabe a qué se debe. ¿Acaso a que el entonces presidente Duhalde lo entronizó a González García por primera vez en el Ministerio Salud en el año 2002, donde se quedó hasta el final del mandato de Néstor Kirchner, cinco años después? ¿Por qué olvidarse de Daniel Scioli o de Martín Guzmán, que no tienen edad ni enfermedades conocidas para recibir la vacuna en este momento? ¿Por qué no recordar al empresario hotelero y de medios marplatense Florencio Aldrey Iglesias, que se vacunó en la Capital cuando su señorío empresarios y mediático está en Mar del Plata? Solo una sociedad definitivamente anestesiada no hubiera reaccionado ante semejante avalancha de arbitrariedades.

Para peor, Alberto Fernández empezó bien con el control de la crisis, cuando en cuestión de horas le pidió la renuncia a González García, pero luego empezó a desandar su propio camino. El recorrido habitual del Presidente. Elevó al exministro a la condición de héroe de la lucha contra la pandemia cuando es el responsable de que la Argentina no cuente todavía con un número razonable de vacunas (el número suficiente no lo tiene nadie en el mundo). La Argentina no es un ejemplo de país que combatió de la mejor forma la amenaza del coronavirus. Es el país número 13 en el mundo en nivel de contagiados y tiene que lamentar ya la muerte de más 51.000 personas. ¿Dónde está el éxito? ¿Por qué hay que aplaudirlo al doctor Ginés?

Faltaba lo peor. Este martes, desde México, el Presidente calificó de "payasadas" la acción de jueces y fiscales por las investigaciones que iniciaron sobre el vacunagate después de recibir 13 denuncias penales. ¿No hay un delito cuando se violaron una ley y una resolución que crearon protocolos para recibir la vacuna? ¿Ningún delito se cometió cuando esas violaciones podrían significar la muerte de personas que no recibieron la vacuna porque estas fueron a parar a los privilegiados? ¿Cuáles son las "payasadas" expuestas por el Presidente? ¿Puede el Presidente conocer y opinar sobre causas judiciales en curso? Desde ya que no. Otra vez Alberto Fernández rompió la frágil frontera que establece el principio de la división de poderes. Es frágil, porque cualquiera puede pasar por encima de ella, como lo demuestra frecuentemente el jefe del Estado. Pero es indispensable, porque sin ese principio no existiría el sistema político que establece la Constitución.

El Presidente debe sobrellevar hasta en México las desventuras de la crisis política en su desgarrado país. Los vacunatorios vip argentinos (no hay uno solo) han tenido un importante despliegue en la prensa internacional y también en la México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que tendrá una elección de mitad de mandato dentro de cuatro meses, prefirió tomar distancia del escándalo argentino. Poco antes de verse con Fernández, aclaró que en México no hay privilegios para nadie en la vacunación contra el coronavirus. Después, canceló su participación en una visita al laboratorio mexicano que produce la parte final de la vacuna de AstraZeneca. La primera parte se produce en la Argentina, en el laboratorio del empresario farmacéutico Hugo Sigman. Esa visita al laboratorio debió ser el primer encuentro personal entre Fernández y López Obrador. No lo fue. El sabor amargo de la comitiva presidencial que está en México era perceptible hasta en Buenos Aires.

Otra excusa del oficialismo (esta es creación del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero) consiste en que la mayoría de las personas vacunadas es "personal estratégico". En ese bloque colocaron al diputado Eduardo Valdés, al senador Jorge Taiana y al procurador del Tesoro, el siempre influyente Carlos Zannini. Valdés y Taiana se escudaron, además, en la edad que tienen (más de 60 años los dos) y en que tienen enfermedades prevalentes. Hay millones de personas con más de 60 años y con enfermedades prevalentes que esperan la vacuna. ¿Por qué ellos tenían que ser la excepción?

Párrafo aparte merece lo de "personal estratégico", una categoría creada para no decir nada o para abrirle la puerta a los privilegios. Si Taiana, Valdés y Zannini son personas estratégicas, ¿por qué no lo son el resto de los diputados y senadores nacionales, incluidos, desde ya, los de la oposición? ¿Por qué solo ellos dos y algunos otros oficialistas que encontraron la puerta del privilegio en sus provincias? Es discutible, incluso, si la vicepresidenta es "persona estratégica" sin tener la edad para vacunarse. Hay especialistas que señalan que el Presidente es la única figura del Gobierno que podría inscribirse en esa categoría, no la vicepresidenta. Hay otros que advierten que el caso de Cristina Kirchner bordea la legalidad, pero no la quiebra. Uno de los tantos casos inexplicables es el de Zannini, el hombre más importante de los últimos cinco años de Cristina Kirchner como presidenta y uno de los más influyentes ahora en la estrategia de voltear jueces y cambiar las leyes que sancionan a los corruptos. Zannini debe renunciar. Su categoría de "persona estratégica" no es aceptable por ninguna descripción de ese rango. Es solo el jefe de los abogados del Estado. ¿Cuál es su imprescindible protagonismo para que el Estado funcione? Mucho menos estratégica es la esposa de Zannini, también vacunada.

Las provincias deben dar a conocer las listas de sus vacunados vip. La disposición de vacunas es una sola para todo el país. Cualquier vacuna mal aplicada en cualquier lugar del país es un bochorno para el plan nacional de vacunación. La provincia de Buenos Aires tiene intendentes oficialistas que distribuyeron vacunas entre amigos. La Cámpora les sacó a muchos alcaldes, opositores o no cristinistas, el manejo de la vacunación, a pesar de que el 70 por ciento del personal sanitario de la provincia está en los municipios. El escándalo llegaría al colmo si Elisa Carrió confirmara que jóvenes de La Cámpora canjeaban vacunas por afiliaciones en la provincia de Buenos Aires, como denunció públicamente. La crisis política podría alcanzar, en ese caso, niveles más altos aún de trascendencia y vergüenza.

Por Joaquín Morales Solá

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