Ambientalistas y veteranos de guerra fueron a la Justicia para frenar el proyecto Sea Lion en la zona de influencia de Malvinas

Abogados ambientalistas y veteranos de la guerra presentaron una acción preventiva de daño ambiental colectivo contra la empresa británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum Development en el juzgado federal de Río Grande, con competencia sobre Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a cargo de la jueza Mariel Borruto.

La demanda fue presentada en los tribunales fueguinos el martes pasado, dos días antes de la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei anunciara sanciones contra empresas extranjeras que exploten recursos hidrocarburíferos en las Islas, entre otros anuncios enfocados en la defensa de la soberanía nacional.

La acción fue presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim) y busca frenar el proyecto de petróleo y gas Sea Lion —denominado León Marino en el escrito judicial— y reclaman la suspensión inmediata de las obras y de las operaciones financieras destinadas al proyecto.

“Las empresas avanzan en la Cuenca Malvinas Norte sin la evaluación de impacto ambiental exigida por la legislación argentina ni autorización de las autoridades nacionales. El escrito incorpora, además, una dimensión decisiva: el proyecto introduce una modificación unilateral sobre un territorio ocupado ilegítimamente, en clara vulneración a la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas”, aseguraron los denunciantes a través de un comunicado publicado en sus páginas oficiales.

La acción une a la Asociación de Abogados Ambientalistas, liderada por Enrique Viale, y al Cecim La Plata, representado por Rodolfo Carrizo y Luis Aparicio; demanda a Rockhopper Exploration (británica) y Navitas Petroleum (israelí) y, entre otros argumentos, sostienen en el escrito que ambas firmas arrastran inhabilitaciones por 20 años de la Secretaría de Energía por operar clandestina e ilegalmente y hoy pretenden perforar la plataforma argentina bajo licencias espurias británicas.

La AAdeAA y el CECIM, con trayectorias distintas, hoy confluyen en esta acción común. Mientras los abogados sostienen una defensa jurídica de los ecosistemas, los bienes comunes y el acceso a la información ambiental, el Cecim, nacido en 1982 e integrado por exsoldados conscriptos, construyó durante más de cuatro décadas una política de derechos humanos para pensar Malvinas: Memoria, Verdad, Justicia, Soberanía y Paz; de allí nace lo que denominan tutela ambiental soberana.

El proyecto Sea Lion se encuentra a 220 km al norte de las islas, prevé perforar 23 pozos submarinos (16 productores, seis de inyección de agua y uno de gas) vinculados a una unidad flotante de almacenamiento y descarga (FPSO) anclada con 12 anclas de succión, para procesar 120.000 barriles de crudo y 140 millones de pies cúbicos de gas diarios; en tanto que en Puerto Argentino, proyectan ampliar la escollera, dragar el calado e instalar una base logística de hasta 120.000 m², con plantas de lodos e infraestructura aeroportuaria. La acción sostiene que la obra vulnera de manera acumulativa las ecorregiones del “Mar Argentino” e “Islas del Atlántico Sur”.

La demanda detalla demoledores impactos en este santuario ecológico y asegura que el proyecto afecta dos ecorregiones reconocidas por Argentina: Mar Argentino e Islas del Atlántico Sur. Su área de influencia mantiene, además, una conexión ecológica con la Antártida.

Por un lado, la huella de carbono: 9 millones de toneladas de CO2 en el desarrollo y más de 100.000.000 al quemarse el crudo, acelerando la acidificación oceánica. Por otro, ruidos submarinos y colisiones letales amenazan a cetáceos como la ballena sei y la ballena franca austral; también sostienen que aves marinas sufrirán desorientaciones y muertes por colisión o incineración debido al flaring (venteo de gas) y la luz artificial, en tanto que en el lecho, anclas y cañerías destruirán la fauna bentónica, sofocándola con descargas de lodos de perforación y el arribo de buques arriesga a introducir especies invasoras mediante el agua de lastre.

La demanda detalla que el mayor peligro es un eventual derrame de petróleo, calificado de “alto a muy alto” y explica que la fría Corriente de Malvinas, que fluye al norte, actuaría como vector de dispersión rápida; a lo que agrega que la remota ubicación geográfica tornaría ineficaz cualquier plan de mitigación tardía.

“La soberanía excede el mapa y la efeméride. Comprende el derecho del pueblo a decidir, el de las familias a que el lugar donde yacen sus muertos no sea contaminado y el de las generaciones futuras a recibir un patrimonio vivo. Cada pozo hunde una pretensión de permanencia colonial”, sostienen a través de un comunicado donde dieron a conocer la presentación y sostienen que en un mismo espacio se superponen dos bienes colectivos: ambiente y soberanía. “El daño nace de un proyecto hidrocarburífero de enorme escala, ejecutado sin evaluación ni autorización argentinas. La herida es doble. Afecta los ecosistemas. Afecta el derecho del pueblo a decidir y preservar lo propio”, sostienen los denunciantes.

Por su parte, los excombatientes nucleados en el Cecim afirman que “el colonialismo hoy asume la forma de la expoliación de recursos naturales” y que la agresión ambiental no es un “daño reflejo”, sino que el mar de Malvinas constituye la fosa sagrada donde yacen sus compañeros caídos en 1982, en tanto recuerdan que la soberanía nacional es un bien colectivo e indivisible, habilitándolos legalmente a exigir su resguardo como un todo inseparable.

De este modo, en el escrito de 170 páginas, los demandantes exigen de forma urgente una medida cautelar para detener la catástrofe, la suspensión de obras que incluya prohibir perforaciones, movimientos del lecho, tendido de ductos o construcciones portuarias vinculadas al complejo, impedir a las demandadas contraer nuevos financiamientos, préstamos o aportes de capital para el proyecto; librar oficios a bolsas mundiales (Londres, Nueva York, Tel Aviv) para registrar y publicitar la cautelar, neutralizando maniobras de evasión.

Esta semana, en la que se presentaría en el Congreso el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que establece la modificación de la ley 26.659 y endurece las sanciones y penas contra las empresas vinculadas a operaciones no autorizadas, se espera que el Juzgado Federal de Río Grande se pronuncie sobre la competencia del juzgado para avanzar, en tanto el caso ya fue dado traslado al fiscal federal Marcelo Rapoport.

Por Mariela Arias

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