Andrés Gil Domínguez: "Una Corte de nueve miembros permitiría mayor diversidad"

Andrés Gil Domínguez es abogado constitucionalista y uno de los convocados para integrar la comisión asesora para reforma la Corte Suprema.
Andrés Gil Domínguez es abogado constitucionalista y uno de los convocados para integrar la comisión asesora para reforma la Corte Suprema.
Paz Rodríguez Niell
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29 de julio de 2020  • 11:28

Andrés Gil Domínguez es abogado constitucionalista y forma parte de la lista de once expertos convocados por la Casa Rosada para proponer cambios en la Corte Suprema. Cambios que, sostiene él, son muy necesarios.

"No está funcionando bien la Corte desde ningún punto de vista, si uno considera que es el máximo y último intérprete de la Constitución", dice Gil Domínguez, profesor de derecho constitucional y discípulo de Germán Bidart Campos. Según él, el número ideal de jueces de la Corte es nueve.

A diferencia de la mayoría de los miembros de la comisión que hoy anunciará Alberto Fernández, Gil Domínguez tiene una trayectoria que más de una vez lo ubicó del lado de enfrente del kirchnerismo. Intervino en la causa por la ley de medios ante la Corte como amicus curiae elegido por Clarín y promovió la acción que consiguió la inconstitucionalidad de la ley de subrogancias impulsada durante el gobierno de Cristina Kirchner.

-¿Hay que modificar la composición de la Corte Suprema?

-Hace tiempo que sostengo, y lo tengo publicado, que una Corte de nueve permite mayor diversidad, pluralismo, garantizar la paridad de género, y que obliga una construcción de sentido, en términos de la Constitución y los tratados de derechos humanos, mucho más sólida, porque para arribar a una mayoría de cinco se necesitan mayores consensos, entrecruzados, que para una mayoría de tres.

-En la experiencia argentina no siempre una Corte con más miembros fue mejor, ¿no cree?

-Por supuesto que, más allá del diseño, después todo depende de quiénes integren esa Corte y cómo la hagan funcionar. Hemos tenido la Corte de cinco de la vuelta de la democracia que fue excelente, la Corte de siete en el primer gobierno de Kirchner que fue excelente, la Corte de nueve del gobierno de Menem que fue una de las peores cortes que hemos tenido, y una Corte de tres personas, cuando se jubilaron Fayt y Zaffaroni, que funcionó muy bien. El éxito de los diseños depende de quiénes la integren. También incorporamos el Consejo de la Magistratura para despolitizar la Justicia, y está hiperpolitizada, ¿por qué? porque quienes lo han integrado se han salido del diseño. Con la Corte pasa lo mismo.

-¿Qué problemas tiene la Corte?

-Está sobredimensionada en cuanto a los casos que le llegan. La Corte, a lo largo de su historia, habilitó jurisprudencialmente la posibilidad de llegar a ella para revisar una sentencia definitiva que es arbitraria y esos casos representan hoy el 85% de los que llegan a la Corte. Solo el 15% se relaciona con la aplicación directa o indirecta de la Constitución. Ese 85% debería ser resuelto en otra instancia, como con la creación de un tribunal de casación federal de sentencias arbitrarias. Además, casi todos los recursos que llegan a la Corte son en queja. Hoy tenés que hacer un depósito de 100.000 pesos para entrar en la Corte y la Corte tiene la facultad de, sin ningún fundamento, rechazar los recursos; a su vez, dictó una acordada donde se establecen requisitos formales, como el tamaño de letra o los renglones por hoja. Si no se cumplen, los recursos son rechazados sin más. Eso solo podría disponerlo el Congreso. No está funcionando bien la Corte desde ningún punto de vista, si uno considera que es el máximo y último intérprete de la Constitución. Hace falta una discusión que lleve a un mejor funcionamiento de la Corte.

-La oposición denuncia que esta comisión es una maniobra promovida por Cristina Kirchner para presionar a la Corte que, entre otras cosas, no resuelve los recursos presentados por ella en las causas en su contra.

-Me parece que un proceso de discusión sobre la modificación de la Corte Suprema lleva un tiempo que excede la demanda política que podría tener la actual vicepresidenta en términos de mejorar su situación ante la Justicia.

-Pero el Presidente le va a poner un plazo a la comisión para hacer el trabajo y dijo que después rápidamente va a enviar su proyecto al Congreso, son tiempos inusualmente rápidos, ¿no?

-Que los tiempos sean rápidos y la comisión tenga un plazo definido de trabajo me parece que es positivo para que no se pierda en el tiempo. Después, hay que ver si el Poder Ejecutivo hace suyas las propuestas y eleva al Congreso un proyecto, que se deberá discutir y aprobar.

-¿Le preocupa que pueda ser usada la comisión como una amenaza sobre la Corte?

-Me parece que no es una herramienta que pueda amenazar, el funcionamiento de una comisión de estas características y un debate abierto. Es un ambito de discusión, de debate de ideas, sobre una temática que es necesaria. Es una deuda de la democracia discutir cómo funcionan la Corte, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público. Es un tema pendiente, salvo que estemos todos de acuerdo en que funciona de manera óptima. Funciona desde hace muchos años en forma deficiente. Ponerse a discutir este tema, en estas condiciones, no sé de qué manera podría generar una presión a la Corte para que resuelva de una u otra manera a las causas que tiene que resolver. que tiene que resolver.

-¿Qué opina de Daniel Rafecas como candidato a procurador?

-Desde un punto de vista técnico, Rafecas tiene los antecedentes como para ser procurador, más allá de que he sido crítico de algunas cuestiones puntuales, de algunas decisiones que ha tomado en su actuación como juez. Creo que tiene los antecedentes y la idoneidad para ocupar ese cargo.

-¿Está de acuerdo con la ampliación de Comodoro Py?

-El sistema político tiene dos deudas con la democracia en este tema. Una es mejorar el funcionamiento de los servicios de inteligencia y romper el maridaje de los servicios de inteligencia con Comodoro Py. Otra, reformular el poder de Comodoro Py. Si la sociedad tiene una mala imagen de la Justicia es porque la identifica, casi con exclusividad, con Comodoro Py. Todos los presidentes, desde Alfonsín en adelante, han tenido estos objetivos y siempre quedaron en deuda. Algunos incluso llegaron con ese plan, pero creyeron que era más fácil ponerlos [a los jueces de Comodoro Py] a disposición de ellos y después sufrieron las consecuencias. Un camino posible, desde un punto de vista de reforma estructural, es unificar fueros: disolver en más jueces y juezas el poder concentrado que tiene Comodoro Py y hacer lo mismo con el fuero contencioso administrativo federal. No solamente implicaría la disolución de un poder concentrado, sino más jueces y juezas trabajando sobre una misma materia, acelerando los tiempos de fueros que deben controlar al poder.

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