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Ante la resistencia de las provincias, el Gobierno prioriza la “modernización laboral” y fragmenta la reforma tributaria
En el oficialismo ya descartan impulsar un paquete impositivo integral y analizan avanzar con cambios parciales atados al equilibrio fiscal; el freno de los gobernadores, el principal límite
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El Poder Ejecutivo no enviará al Congreso una reforma tributaria integral. En lugar de eso, buscará avanzar con los cambios impositivos incluidos en el proyecto de “modernización laboral”. La decisión marca un giro: el oficialismo desacelera su ambición reformista y se concentra en lo que cree posible aprobar en el corto plazo. El principal obstáculo del Congreso llega desde las provincias. Los gobernadores se resisten a convalidar recortes en impuestos coparticipables que afecten su recaudación.
Según ratificaron distintas figuras del oficialismo, el plan se trastocó y ahora la idea es avanzar con ajustes tributarios escalonados, pero no con un paquete general.
“Primero va esta reforma. Después veremos cómo queda el déficit y, recién entonces, evaluaremos si hay margen para algo más integral”, explicó un referente parlamentario del Gobierno. La hoja de ruta ideal, admiten en el oficialismo, serían adendas que incluyan tributos provinciales y tasas municipales, pero ese escenario hoy luce lejano.
La eliminación del capítulo XI del Presupuesto 2026 durante su tratamiento en Diputados terminó de enfriar los planes. Allí el Gobierno había incluido la derogación de dos leyes que considera especialmente onerosas para las cuentas públicas: el financiamiento de los servicios de discapacidad y de las universidades nacionales. “Eso obligó a frenar la baja de cargas patronales”, sintetizaron en la presidencia de Diputados.
Lo deslizó en diciembre el propio ministro de Economía, Luis Caputo, durante una charla con inversores, según constató LA NACION. “Esta primera parte de la reforma tributaria va más a personas jurídicas. Focalizamos en lo laboral”, respondió sobre el tema. Ante la consulta de este medio, en Economía eludieron dar mayores precisiones.
El envión posterior a las últimas elecciones, con el que la Casa Rosada aspiraba a sancionar un trío de reformas −tributaria, penal y laboral− entró así en una meseta. Sin un proyecto impositivo en agenda y sin que haya ingresado formalmente la anunciada reforma penal −pese a haber sido incluida en el decreto de convocatoria a extraordinarias−, la única iniciativa en pie es la de modernización laboral. A eso apunta ahora toda la energía oficial.
El proyecto incluye un capítulo de ajustes tributarios, pero de alcance acotado. Forma parte de una estrategia de cambios escalonados a futuro. “Es, en sí misma, la reforma tributaria más importante que se haya hecho”, defendió un senador libertario, que evita hablar de postergaciones y prefiere el término “gradualismo”. “No se puede hacer todo al mismo tiempo”, argumentó.
Aunque ya cuenta con dictamen de comisión, el texto aún debe superar el filtro del recinto del Senado y luego recorrer todo el trámite en Diputados. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta, planea usar la segunda quincena de enero para aceitar negociaciones y llegar con los votos alineados. El objetivo es evitar que se desarme un capítulo sensible: el de los ajustes tributarios impulsados por Economía.
El mayor escollo vuelve a ser el diálogo con los gobernadores. El tramo impositivo de la reforma laboral incluye una reducción de tributos coparticipables, en particular modificaciones en el impuesto a las Ganancias, una de las principales fuentes de ingresos provinciales. El proyecto prevé bajar las alícuotas para sociedades en los tramos más altos y eximir del tributo a los alquileres destinados a vivienda.
El malestar en las provincias no es nuevo. En los últimos dos años, Milei utilizó la billetera como herramienta política: premió a los aliados con mayores giros discrecionales y restringió fondos a los mandatarios más distantes de la Casa Rosada. En un contexto sin obra pública nacional y con un escenario electoral competitivo en el horizonte, la resistencia se profundiza.
Hay una certeza compartida entre los gobernadores: el oficialismo buscará disputarles el territorio en 2027. Catorce de los 24 mandatarios pueden y buscarán reelegirse. Nadie está dispuesto a resignar recursos en el tramo decisivo de su gestión.
Están habilitados a renovar su mandato: Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Claudio Poggi (San Luis), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).
Diego Santilli es otro de los funcionarios activos en el período estival. La semana pasada recorrió junto a Torres las zonas afectadas por el fuego en Chubut. El ministro del Interior proyecta, además, visitar a otros nueve mandatarios provinciales en lo que resta de enero, con la reforma laboral como principal eje de conversación.
Mientras tanto, el Gobierno celebró en diciembre la sanción de la ley de “inocencia fiscal”, orientada a incentivar la formalización de ahorros en dólares y fortalecer las reservas. En el camino quedó el proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que buscaba prohibir el déficit y penalizar a los funcionarios que aprueben gastos sin respaldo.
También sigue en carpeta la reforma de la Ley de Glaciares, un guiño a las provincias cordilleranas y, en particular, a las que integran la Mesa del Cobre. El proyecto apunta a reducir áreas protegidas para habilitar inversiones mineras millonarias. Aunque Milei lo incluyó entre los temas a tratar, su debate quedó en suspenso. Para varios gobernadores, avanzar en esa discusión será una de las condiciones para aceptar nuevos ajustes que impacten sobre sus recursos.
