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Archivan una causa contra decenas de empresarios y exfuncionarios por lavado de dinero
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LA NACIONCandela Ini
El juez federal Sebastián Ramos decidió archivar una causa por lavado de dinero contra decenas de empresarios y exfuncionarios del kirchnerismo que, según se dio por probado en el caso de los cuadernos de las coimas, conformaron una asociación ilícita dedicada al pago de sobornos a exfuncionarios del Ministerio de Planificación.
La investigación había sido iniciada tras una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), que aportó informes de inteligencia sobre la exteriorización de fondos que tendrían origen ilícito en las maniobras investigadas en la causa de los cuadernos.
El fiscal Eduardo Taiano, que llevó a cabo la investigación, consideró que la causa debía ser archivada porque había "imposibilidad de proceder" y porque la denuncia era "débil". La UIF había pedido que como medida de prueba se ordenara la indagatoria de los 68 empresarios y exfuncionarios mencionados en la denuncia, pero estos no fueron siquiera imputados.
El año pasado LA NACION informó que la UIF detectó movimientos de cuentas bancarias en el exterior que pertenecen a Aldo Roggio (Roggio Hnos), Héctor Zabaleta (Techint), Carlos Wagner (Esuco), Enrique Pescarmona (Impsa), Juan Carlos De Goycoechea (Isolux), Jorge Neira (Electroingeniería) y Claudio Glazman (Sociedad Latinoamericana de Inversiones).
Son cuentas bancarias en Suiza, Estados Unidos, Uruguay y Luxemburgo, según el documento al que había accedido este medio. Esos informes habían sido presentados ante el juzgado de Claudio Bonadio, pero por la inacción frente a los mismos, la UIF formalizó la denuncia.
Los informes daban cuenta de la exteriorización de fondos y activos posiblemente provenientes de actividades ilícitas como los sobreprecios en las obras públicas durante los años del kirchnerismo. En esos informes se aludía a bienes que habrían surgido producto de adhesiones a regímenes de blanqueo.
Según la denuncia de la UIF, "el esquema de corrupción desarrollado y sostenido en el tiempo por la organización ilícita referenciada, supone también una estructuración de maniobras jurídicas y financieras que permitieron insertar en el mercado formal o hacer circular, las millonarias sumas de dinero espurio que generaron".
Para los entonces directores de la UIF Mariano Federici y María Eugenia Talerico, el circuito de los pagos ilícitos debía ser investigado como "hechos inescindibles" de la asociación ilícita investigada en los cuadernos. Y propusieron la hipótesis de lavado de activos para que se iniciara una investigación.
La denuncia de la UIF había sido presentada ante el juzgado de Bonadio, que entonces tramitaba el caso de los cuadernos de las coimas, pero el magistrado extrajo testimonios y consideró que la causa debía ser tramitada en otro juzgado. Entonces la causa le cayó a Sebastián Ramos, quien se declaró incompetente. Finalmente la Cámara Federal le adjudicó el caso a Ramos, titular del Juzgado Federal Nro. 2.
Ramos delegó la investigación en el fiscal Taiano, quien le pidió mayor precisión a la UIF, que entregó 57 informes de inteligencia de donde surgiría la información vinculada a los imputados en el caso de los cuadernos.
La argumentación del fiscal
Según Taiano, solo 15 de los 57 informes presentados por la UIF daban cuenta de supuestas maniobras de lavado, pero esos hechos -indicó el fiscal- no debían ser investigados porque "resultaría contrario a derecho dar inicio a una investigación sobre la base de información que, como se vio, ya fuera incorporada en el marco de otras actuaciones".
Taiano consideró además que "la UIF no puso en conocimiento aquí ninguna información novedosa, sino que se limitó a reunir en una misma presentación una variedad de informes de inteligencia oportunamente judicializados".
"Entiendo que la sola puesta en circulación de bienes provenientes de un ilícito penal no deriva necesariamente en la comisión del delito de lavado de activos, sino que debe sustentarse en maniobras que permitan disimular el origen de los mismos con la consecuencia posible de que adquieran apariencia de licitud", consideró el juez en base al dictamen fiscal.
Además de los empresarios involucrados en el caso de los cuadernos estaban mencionados en esta denuncia el exministro Julio De Vido, el exjuez federal Norberto Oyarbide y el chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno.
Con distintos argumentos, varios de estos empresarios ya habían confesado haber hecho pagos ilegales. Bonadio procesó en septiembre a casi todos los empresarios involucrados como miembros de la asociación ilícita a través de la cual los exfuncionarios del kirchnerismo recaudaron dinero que luego habría sido utilizado para financiar la política, entre otros fines.
Algunos fueron sobreseídos u obtuvieron la falta de mérito por un fallo de la Cámara Federal. Otros esperan, sin una fecha definida, el inicio del juicio oral por el caso de los cuadernos, a cargo del Tribunal Oral Federal Nro 7.
Como la la UIF -ahora bajo la conducción del abogado Carlos Cruz- no se constituyó como querellante, no podrá apelar la decisión del juez.
