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Avanza la investigación judicial que inquieta a las organizaciones sociales y preocupa al Gobierno
La causa está radicada en los tribunales federales de San Martín; investiga supuestas extorsiones a beneficiarios de planes sociales; secuestraron 50.000 dólares y 8,5 millones de pesos
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LA NACIONCandela Ini
Un celular escondido debajo de una baldosa, 50.000 dólares, 8.500.000 pesos, kilos de yerba, de leche en polvo y de café. Ese fue el resultado de 25 allanamientos que ordenó la Justicia para dilucidar si dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) extorsionaron a beneficiarios de planes sociales y comercializaron alimentos indebidamente. El material secuestrado está bajo investigación de la jueza federal de San Martín Alicia Vence.
El expediente judicial no es nuevo: tiene tres años y fue iniciado durante la gestión de Cambiemos, a raíz de una denuncia recibida por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de parte de un grupo de beneficiarios de planes sociales que reclamaban estar siendo extorsionados por dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).
Según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, los denunciantes, que ya declararon como testigos, dijeron que se les pedía participar de movilizaciones callejeras para que no les quitaran los planes sociales que recibían. Las hipótesis que maneja la Justicia son la venta indebida de alimentos, la supuesta exigencia de dinero a los beneficiarios y los pedidos para asistir a las movilizaciones sociales.
Los allanamientos fueron llevados adelante por la Policía Federal en distintos domicilios particulares del conurbano bonaerense y de la Ciudad. En los domicilios particulares de dirigentes de la zona de San Martín y de La Matanza fueron hallados 50.000 dólares en efectivo y 8.500.000 pesos. También fue allanado un depósito en el barrio porteño de Retiro, donde fueron secuestrados los alimentos que, según una de las hipótesis, eran comercializados por la CCC.
“Estamos buscando conocer la trazabilidad de los productos. Primero eran fabricados por empresas que se los vendían al Ministerio de Desarrollo Social. Pero tenemos que saber cómo eran entregados a las organizaciones sociales y por qué eran comercializados”, dijo una fuente que interviene en la causa a LA NACION. Además de los allanamientos hay intervenciones sobre las comunicaciones de las personas cuyos domicilios fueron allanados, aunque no hay “imputados concretos”, admitieron las fuentes consultadas.
De todos los celulares que fueron secuestrados en los procedimientos que llevó adelante la Policía Federal, uno causa especial interés en los investigadores: el que estaba escondido debajo de una baldosa. La Policía lo buscó durante varias horas, a raíz de que una de las personas implicadas manifestó preocupación durante el allanamiento porque hallaran el aparato.
Cerca de Alderete dijeron, ante una consulta de LA NACION, que los 50.000 dólares en efectivo “eran los ahorros de toda la vida de una compañera”. “Los pesos que allí incautaron son parte de los aportes de los compañeros y compañeras de todo el país para la organización. La CCC es una organización que se autofinancia. Cada compañero y compañera aportan voluntariamente para sostener el movimiento”, dice el comunicado difundido por la organización respecto de los más de 8 millones de pesos secuestrados en el operativo. Y cuestiona el avance de esta causa: “¿Por qué en vez de investigar a una organización popular que mete las patas en el barro para enfrentar la crisis no investigan a los que se fugaron el préstamo del FMI?”.
Apoyo presidencial
Pese a los resultados de los allanamientos, en los que fueron secuestradas altas cifras de dinero en efectivo, el presidente Alberto Fernández recibió el miércoles pasado al diputado nacional y líder de la CCC Juan Carlos Alderete y a un grupo de referentes de organizaciones sociales, y cuestionó el avance del caso. “Me preocupan enormemente los allanamientos a comedores y merenderos. No avalo la persecución judicial de la dirigencia política y social”, comunicó el mandatario. Alderete también se refirió al avance de esta causa y dijo: “La justicia macrista nos quiere meter presos”.
¿Por qué la causa no tuvo movimientos antes? Según reconstruyó este medio, el expediente estaba delegado en el fiscal Jorge Sica, que nunca activó medidas de prueba. El juzgado de San Martín reasumió esa causa en diciembre y la semana pasada ordenó los allanamientos. Hoy fueron designados en el juzgado al menos siete abogados en representación de la CCC, según dijo a LA NACION el propio Alderete.
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