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Avanza una causa por negocios con Chávez
Complican a Uberti evidencias de irregularidades
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El juez federal Julián Ercolini recibió un testimonio clave en el caso que investiga irregularidades en la ejecución de un fideicomiso multimillonario con Venezuela: el ex agregado comercial en Caracas Alberto Alvarez Tufillo reveló que hubo ocho cables diplomáticos reservados, cruzados entre la delegación argentina y la Cancillería, que daban cuenta de la gravedad de la situación. Esta declaración complica a Claudio Uberti, que, según declaró Alvarez Tufillo, era el coordinador del fideicomiso.
Hasta ahora sólo se conocía uno de esos cables, el último, de enero de 2005, que hablaba de "corrupción en Pdvsa" y decía que el manejo irregular de los fondos afectaba "seriamente" la relación bilateral. Pero Alvarez Tufillo relató que hubo otros siete, que demostrarían que meses antes el gobierno argentino ya sabía lo que pasaba. Anteayer expuso ante el juez un detalle de sus números, fechas y contenidos.
La presunta maniobra fraudulenta consistió en sacar ilegalmente 90 millones de dólares del fideicomiso,
venderlos en el mercado negro del dólar, recomprarlos en el oficial y quedarse con la diferencia: 13 millones de dólares. Según el testimonio de Alvarez Tufillo, los responsables de la administración de los fondos fueron los funcionarios venezolanos, sin intervención de la Argentina.
Los cables hasta ahora no revelados a los que hizo referencia en su declaración son del 19 y 22 de noviembre de 2004, del 1°, 2, 7 y 15 de diciembre de ese mismo año, y del 10 de enero de 2005.
Según relató el testigo, el cable del 2 de diciembre, por ejemplo, dice que el Ministerio de Relaciones Exteriores había instruido al responsable de la delegación argentina a "realizar gestiones al máximo nivel" para recuperar el dinero para el fideicomiso y le había informado que citaría al embajador venezolano en Buenos Aires, Fredy Balzán.
Alvarez Tufillo detalló también el contenido del cable del 19 de noviembre y dijo que ese correo dio cuenta de un reclamo del Ministerio de Salud de Venezuela, que pedía que se repusieran 63 millones de dólares que Cammesa, el mayorista eléctrico argentino, había transferido para el fideicomiso. Ese dinero iba a ser utilizado por el gobierno de Caracas para comprar aparatología médica a una empresa argentina, según relató ayer una fuente vinculada con el caso a LA NACION.
Otro de los cables a los que hizo referencia el testigo es uno que daba cuenta de reuniones entre Alvarez Tufillo y Franklin Méndez, de Pdvsa, en las que éste se habría comprometido a pedirle al presidente de la petrolera venezolana y al ministro de Energía que restituyeran el dinero al fideicomiso. El correo siguiente dirigido a la Cancillería informó sobre la "falta de respuesta" de Méndez, según dijo el ex agregado comercial.
Pedido contra Uberti
El fiscal del caso, Gerardo Pollicita, tiene presentado en este expediente un pedido para que se investigue a Claudio Uberti en relación con la presunta maniobra ejecutada en perjuicio del fideicomiso. Uberti era el titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) y funcionaba además como una suerte de embajador en las sombras ante Venezuela. En la causa hay una acusación concreta contra él: haber llamado a Alvarez Tufillo para que le comunicara al entonces embajador en Venezuela, Alberto Sadous, firmante del cable que habla de "corrupción", que dejara de meterse en el asunto. Ayer, Alvarez Tufillo ratificó este llamado ante Ercolini.
El cable que suscribieron Alvarez Tufillo y Sadous, que el juez tiene agregado a la causa, es de enero de 2005. A las pocas semanas, Sadous dejó Venezuela. Dos meses después, un decreto de Néstor Kirchner designó en su lugar a Nilda Garré.
El fideicomiso objeto de esta causa había sido creado en 2004 para que el dinero que el gobierno de Néstor Kirchner pagaba a Venezuela por la importación de combustible fuera destinado a comprar bienes industriales argentinos.
Esta investigación forma parte de una causa mucho mayor: la que busca determinar si existió una asociación ilícita entre Cristina Kirchner, su marido y varios funcionarios de su entorno. Se inició con una denuncia de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.
En relación con el fideicomiso, se investigan además otras dos denuncias: una que dice que se contrató a Ascensores Servas, una empresa que tiene varios antecedentes de incumplimientos con el Estado que le impedirían ser contratista, y otra que sostiene que se cobraban coimas a las compañías argentinas que querían participar del negocio.
Claves
Denunciante. La investigación que lleva adelante el juez Ercolini se inició a partir de una denuncia de asociación ilícita contra Néstor Kirchner que presentó Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica.
Fideicomiso. Fue armado entre el gobierno de la Argentina y Venezuela con los fondos que el Gobierno pagaba al de Hugo Chávez por la compra de combustible. Con ese dinero, Venezuela debía comprar productos a la Argentina.
Uberti. El polémico ex funcionario le exigió al entonces embajador argentino en Caracas, Alberto Sadous, que dejara de entrometerse en el asunto. El diplomático había advertido sobre un posible caso de corrupción.
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