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Bajo presión, en busca de un plan de salida
El tema se terminó de conversar en la comida que todos los martes reúne a la mesa chica del oficialismo. Alberto Fernández, Santiago Cafiero, Sergio Massa, Máximo Kirchner y Wado de Pedro –lo más parecido a un comité ejecutivo del Gobierno, aunque sin la presencia de la accionista principal– consensuaron la necesidad de liderar con mayor nitidez un horizonte de salida de la crisis económica, aunque sigan lidiando con el coronavirus. La administración de la pandemia no dio buenas noticias esta semana, pero concluyeron que tampoco hay mucho margen para seguir esperando. Las paralelas de la salud y la economía siempre se tocan.
Ginés González García fue sincero al admitir que la última fase estricta del aislamiento no había funcionado como esperaban, mientras la cifra de contagiados superaba los 6000 casos diarios. En definitiva, lo que reconoció el ministro de Salud fue que la cuarentena dejó de ser una herramienta eficaz, aun en el caso de que haya que volver a fases de mayor control. Ahora todo depende del sistema sanitario. Por eso en el Gobierno aseguran que en esta fase las variables que más hay que observar son la ocupación de las camas críticas, que en el caso del AMBA está en el 65%, y la tasa de letalidad, que bajó de 2,22% a 1,84%. En la Casa Rosada están convencidos de que el origen mayor de los contagios son las reuniones sociales y no las actividades económicas. Por esta razón, y por la certeza de que es imposible recluir a la sociedad a pura amenaza, descartan volver al modelo de fines de marzo. "En ningún país se volvió a cerrar como al principio. Regresar a la fase 1 es imposible. Debemos acostumbrarnos a convivir con el virus", señala uno de los funcionarios que monitorean el tema.
En el tablero del Gobierno hay indicadores que marcan que el principal problema económico dejó de ser el encierro. Según su relevamiento, el 87% de la actividad productiva del país está autorizada a funcionar, y curiosamente el distrito más cerrado no es la ciudad ni la provincia de Buenos Aires, sino Jujuy. En la medición del consumo eléctrico que provee Cammesa, un indicador de la actividad, se nota un repunte. Después de caer 40% respecto de los niveles de abril, ahora está 10% abajo. "El problema central no es la habilitación para funcionar, es la falta de consumo. La gente no gasta porque no tiene plata, porque tiene miedo a contagiarse o porque se cuida ante la incertidumbre del futuro", concluye un funcionario cercano al Presidente.
En las últimas semanas se multiplicó la presión de sectores empresarios y sindicales para que el Gobierno lidere un proceso de recuperación económica ante la evidente debacle. Pero Alberto Fernández está convencido de que no tiene sentido hacer una gran apuesta hasta que no ceda la pandemia. Así cambió el punto de partida del supuesto relanzamiento de su gestión, que ya no sería el cierre de la negociación por la deuda, sino la declinación del virus, sobre la cual nadie en el alto mando arriesga fechas.
En este contexto que mezcla escasa convicción y la necesidad de dar señales, el Presidente anticipó que prepara un paquete de 60 medidas económicas que van desde propuestas programáticas hasta proyectos de ley, desde temas impositivos hasta cuestiones de consumo e inversión. Una heterogénea carta de intenciones cuyos detalles el Gobierno se reserva. Se trataría de una suerte de reseteo de la administración bajo presión. Alberto Fernández ya dijo que no cree en los planes económicos. Curiosamente el Presidente no parece sentir vocación por convertirse en un gran reformista. Lo apasiona más la búsqueda de consensos y equilibrios. La identidad de su gobierno luce más moldeada por la voluntad de diálogo que por la densidad de los proyectos. Un táctico para administrar la crisis más profunda.
Por estas razones, empresarios y gremios no depositan demasiadas expectativas en las promesas oficiales. Transitan una etapa de desesperación y empezaron a dinamizar los contactos entre ellos. Un dato extraoficial emerge en esas charlas: la cifra de pérdida de puestos de trabajo no sería de 200.000, como dijo Claudio Moroni, sobre la base de los puestos en blanco. Desde que se inició el año habrían dejado de trabajar 2 millones de personas, si se incluyen los informales. Un estudio que elaboran especialistas en temas laborales da cuenta de que desde la restauración democrática el nivel de empleo nunca mejoró, excepto durante el mandato de Néstor Kirchner. Raúl Alfonsín asumió con 4,7% de desocupación y terminó con 8,1%; Carlos Menem lo dejó en 13,4%, y con el dúo Fernando De la Rúa-Eduardo Duhalde llegó a 15,6%. Kirchner lo bajó a 7,5% y su esposa, Cristina, manipuló tanto las estadísticas que se estima que lo dejó en una cifra similar al dejar el poder. Con Mauricio Macri volvió a subir a 8,9%. Nunca más se pudo regresar a los niveles de los 80. Lo que se llama un problema estructural.
En contrapartida, como suele comentar el ministro Daniel Arroyo, el nivel de asistencia social siempre creció. Con Alfonsín, 500.000 personas recibían las cajas PAN; con Duhalde, la cifra de los planes Jefas y Jefes de Hogar llegaron a 1,2 millones de beneficiarios; cuando Cristina creó la Asignación Universal por Hijo, se acercó a los 8 millones, y Macri la amplió a 10 millones. Es decir, en 30 años la cifra se multiplicó por 20. Hoy ya hay 11 millones de personas que directamente reciben ayuda alimentaria. Estos datos coinciden con el planteo del economista Pablo Gerchunoff: la Argentina agotó un modelo de crecimiento mercadointernista e industrialista a mediados de los 70 y desde entonces el país no encontró un patrón de desarrollo alternativo.
Pero los datos de desempleo esconden otra realidad: hoy solo un 60% de la fuerza laboral responde al patrón clásico y realiza aportes al Estado que permiten mantener las prestaciones básicas. La matriz está integrada por tres categorías bien diferenciadas. La primera, compuesta por 11,5 millones de empleados formales (5,8 millones privados, 3,1 millones públicos, 2,2 millones monotributistas y 470.000 empleadas domésticas). Desde 2012 hasta ahora, el sector privado perdió 400.000 puestos en blanco, y el sector estatal aumentó en 300.000, es decir que el fisco subsidió el traspaso para evitar un mayor desempleo.
La segunda categoría corresponde a los trabajadores en negro, que suman 5,7 millones de personas (3,6 millones privados, 250.000 públicos, 1,4 millones de empleadas en casas particulares y 500.000 cuentapropistas). La Argentina supo tener una informalidad cercana a los parámetros internacionales, entre 7 y 10%, hoy representa el 39% del empleo privado. Y la tercera categoría es la de los movimientos sociales y la economía popular, que 25 años después de su conformación ya suman 4,5 millones de personas, aproximadamente.
Estos números marcan la inviabilidad del sistema productivo tal como está planteado hoy. Por eso fue uno de los temas abordados en la videoconferencia de la CGT con AEA del martes, un encuentro que motivó la cólera de la vicepresidenta, quien lo interpretó como la confirmación del eje del mal del 9 de Julio.
La elaboración de una agenda para la pospandemia se transformó en un diagnóstico compartido de que ambos sectores perdieron representación frente a la matriz productiva que se gestó en los 90 y se terminó de moldear con las crisis de 2001. Por eso se definió que el actor central del desarrollo productivo es el sector privado (una ironía para Andrés Rodríguez, el estatal que fue el coorganizador con el titular de AEA, Jaime Campos), se admitió que tanto a los empresarios como a los gremios les fue mal en la última década y que "hay una problema serio de tendencia hacia la decadencia", como lo definió uno de los hombres de negocios. La falta de competitividad fue asumida por todos, pero solo se habló de bajar impuestos. Nadie mencionó la mala palabra "reforma laboral", aunque todos reconocen que con sectores arreglando suspensiones al 75% y con paritarias olvidadas, solo se trata de una cuestión semántica.
Pero el dato más gravitante fue la ausencia del Gobierno en estas conversaciones, leída por los protagonistas como parte de un liderazgo reticente. "Empezamos a tomar nosotros la iniciativa porque ya le pedimos al Gobierno que forme un comité de emergencia económica, como armó un gabinete sanitario, pero las medidas tardan en aplicarse", señaló un integrante de la conducción de la CGT. Hay un debate interno en la central sindical por estos posicionamientos. Héctor Daer interpreta estos diálogos como una señal al Presidente de sus aportes a la gobernabilidad, mientras que recela de la relación del Gobierno con el bloqueador Hugo Moyano. Otros, como Gerardo Martínez, que perdió 200.000 puestos de trabajo en la construcción, están más urgidos por encontrar respuestas.
Mientras esto ocurría, el Gobierno anunciaba la prórroga por 60 días de la prohibición de despedir, un paliativo que tuvo el sabor de una anécdota anunciado por un Moroni permanentemente cuestionado por La Cámpora. Más ruido generó la decisión del oficialismo de avanzar en el Senado con el proyecto de teletrabajo. Todas las cámaras empresarias pidieron cambios, al igual que varios senadores, pero el kirchnerismo, con apoyo sindical, resolvió firmar el dictamen sin hacer concesiones. Curiosa traducción de las promesas de diálogo que se dispensaron dos días antes por videoconferencia.
En el mundo de los movimientos sociales también hay un debate interno. Juan Grabois plantea que la economía popular es una realidad cristalizada en el país y que nunca el sistema capitalista absorberá la mano de obra que hoy integran cooperativas o cartoneros. En consecuencia, hay que formalizar la precariedad para evitar una crisis mayor. El problema es cómo se financia. Otros, en cambio, aún confían en un horizonte de reinserción de los trabajadores sociales en el mundo laboral formal, como plantea Fernando "Chino" Navarro. "Hay un problema de capacitación. Si a la gente más humilde le das capital social, se independiza. Pero la política los condiciona porque le conviene electoralmente", grafica el economista e investigador Lucas Ronconi.
En el medio el ministro Daniel Arroyo esbozó su propuesta para crear un ingreso universal que reformule todo el esquema asistencial. El propio Alberto Fernández alentó la idea en uno de sus días de generosidad verbal. Las organizaciones sociales percibieron una amenaza a su base de legitimidad, sustentada en la intermediación de los planes de ayuda. Al lado del Presidente ahora desactivan la propuesta: "Es un idea para países que no tienen el entramado de ayuda de la Argentina. No lo veo", cerraron la discusión.
Por ahora el Gobierno mantiene las medidas de emergencia de la primera etapa de la pandemia, especialmente con la renovación del IFE y del ATP. Pero la profundidad de la crisis le demanda a Alberto Fernández evolucionar rápido hacia una transición administrada. "La foto actual del manejo de la pandemia no le da mal a la Argentina en el contexto mundial. Pero el Gobierno usó el liderazgo para decirle a la gente ‘quedate en casa’, no para intervenir en la puja distributiva. Ese proceso no estuvo coordinado desde la política". La economista Marina Dal Poggetto sabe ser categórica.ß
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