¿Bloqueos o derecho a huelga? Una inédita alianza de abogados laboralistas se presentó en la Justicia por un caso testigo

En una alianza inédita, abogados laboralistas de diferentes vertientes y con terminales en las tres centrales obreras del país, se presentaron el miércoles pasado en el Juzgado Nacional del Trabajo N°69 para pedir ser admitidos como amicus curiae (amigos del tribunal) e interceder en el conflicto que mantienen desde el 18 de julio la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) y Lácteos Vidal, una pyme de 46 trabajadores que denunció pérdidas millonarias por el bloqueo de activistas sindicales. El grupo de abogados laboralistas, encabezados por Héctor Recalde y Horacio Meguira, pretende tallar en la discusión sobre los alcances del derecho a huelga en una pulseada judicial que podría convertirse en un caso testigo. El trámite está en curso.

José Ignacio Ramonet es el juez a cargo del caso de Lácteos Vidal. Una medida cautelar ordenó a la pyme a reincorporar a 29 empleados que fueron despedidos con el argumento de “abandono de trabajos”, pero esa resolución aún no se cumplió, según fuentes judiciales y de Atilra, el gremio que lidera a nivel nacional Héctor Ponce. El juez, en tanto, desestimó como prueba de que haya habido bloqueos unos videos incluidos a la causa por los abogados de la firma. Esta definición fue la que empujó al grupo de abogados laboralistas a involucrarse en el conflicto y teorizar sobre el derecho a huelga con fallos de la Corte y resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Detrás de la alianza de profesionales están Recalde, asesor legal histórico vinculado a la CGT, y Meguira, referente de la CTA Autónoma. También se sumó Hector Omar García, director del departamento jurídico de la CTA de los Trabajadores. Es decir, están representadas las espadas jurídicas de las tres centrales obreras. Aunque hay otros que se anotaron en la cruzada, como Guillermo Perez Crespo, abogado del Sindicato Único de los Trabajadores del Neumático (Sutna), el único gremio industrial en manos del trotskismo. Por CGT, además, adhieren Marta Pujadas, de la Uocra, y Hugo Moyano (h.), representante legal de Camioneros, entre otras organizaciones.

“El conflicto en Lácteos Vidal surgió por denuncias ante el Ministerio de Trabajo que se hicieron desde 2018 por el incumplimiento de obligaciones del empleador de garantizar la higiene y la seguridad del trabajo, corroborado con inspecciones, a lo que se agrega diferencias salariales por incorrecta aplicación de categorías profesionales y la precarización de muchos trabajadores que eran estables y se los consideraba temporarios. Por lo que se trata de un reclamo legítimo y el ejercicio de un legítimo derecho, como es el de huelga. El discurso que se pretende instalar es que la huelga es una extorsión y por ende puede ser judicializada penalmente. Grave error: la extorsión como delito ya está legislada. Este delito nada tiene que ver con la huelga”, argumentó Meguira a LA NACION.

Y añadió: “También se pretende confundir la huelga con el bloqueo. En nuestro país se adoptó el criterio amplio de huelga por lo tanto no esta circunscripto al cese de actividades. Los piquetes de huelga son admitidos por los órganos de control de la OIT en la medida que no se ejerza violencia sobre los trabajadores. Existe una campaña mediática y fáctica por intermedio de profesionales que pretenden modificar esta vieja interpretación jurisprudencial. La justicia penal no tiene jurisdicción sobre el conflicto capital -trabajo. En principio la autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo y luego la Justicia Nacional de Trabajo. Se pretende criminalizar la huelga y la protesta”.

“Es un conflicto extenso y desmesurado por la cantidad de días que lleva. No hubo acuerdos en las audiencias y terminó con una medida inesperada, con el despido de 26 trabajadores y suspensión de tres delegados. Estamos esperando una resolución del juez”, dijo Arturo Díaz, apoderado y director técnico de Lácteos Vidal.

Y agregó: “No es por reclamos salariales el conflicto. Comienza por un pedido de recategorización de 44 trabajadores sobre el total de 46 que había. El gremio fue una medida antes de que el Ministerio de Trabajo resuelva. Tuvimos el primer bloqueo en 2014, cuando asume Gastón Moreno, el delegado de Atilra en la zona. Ahí empiezan las primeras diferencias. De ahí en adelante fuimos soportando arrebatos, extorsiones, como ´si no nos das esto, te paro´. El daño a la empresa fue muy grande. Uno con los años va resistiendo y trata de ir a un acuerdo. Así fue hasta que fuimos a juicio en 2021 por un juicio, cuando impugnamos a un delegado en una lista. Fue la primera vez que nos animamos a ir a la Justicia. Es la primera vez que Atilra pierde un juicio contra una láctea. La Justicia de Trenque Lauquen nos dio la razón. El bloqueo de ahora fue una pasada de factura, más que un reclamo”.

Juan Manuel Beluardo, abogado de lácteos Vidal, dijo que un grupo de abogados laboralistas vinculados a empresas también pedirán la semana próxima ser admitidos como amicus curiae. Beluardo se jacta de tener el respaldo de la Unión Industrial Argentina y de la Sociedad Rural. “¿Por qué este grupo de abogados vinculados a los gremios que se presentaron ahora para defender a Atilra no lo hicieron en el expediente de Lácteos Mayol, donde hay dirigentes procesados? Corresponde penalizar porque antes de llegar a una medida de fuerza la empresa tiene que tener una posibilidad de derecho a réplica y el Ministerio de Trabajo una instancia para negociar y chequear si los reclamos son válidos. Y eso en el caso de Lácteos Vidal nunca pasó. Nos tomaron la empresa para demostrar poder. Hubo usurpación, daños y amenazas a los empleados”, dijo Beluardo a LA NACION.

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