Carlos Liuzzi, el segundo de Carlos Zannini, fue favorecido por otro fallo de la Justicia que pasó bajo los radares

El opulento estilo de vida que lleva Carlos Liuzzi, quien fuera el segundo de Carlos Zannini durante los tres gobiernos kirchneristas que se sucedieron hasta diciembre de 2015, lejos está de ser investigado en profundidad por la justicia argentina. La misma fortuna en los tribunales federales de Comodoro Py corre para Gustavo Benvenuto, dueño de la firma Adcon SA, que, gracias a contratos con el Estado, facturó cientos de millones de pesos mientras Zannini manejó la secretaría de Legal y Técnica, y estuvo sospechado de haber sido su testaferro.

Ambos fueron favorecidos por un fallo que pasó bajo los radares, firmado en octubre del año pasado por los camaristas federales Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun. Gracias a ese fallo, la causa que los involucra quedó muy debilitada porque la Cámara declaró que buena parte de lo que hay en el caso ya había sido analizado y cerrado en otros expedientes.

Esta causa, en manos del fiscal Carlos Rívolo y el juez Julián Ercolini, fue iniciada en 2017 por una presentación de la Unidad de Información Financiera (UIF), que le informó a la Justicia la existencia de operaciones, bienes y propiedades que ligaban a Benvenutto y a Liuzzi. El juez Marcelo Martínez de Giorgi, que entonces llevaba adelante la investigación por enriquecimiento ilícito contra Liuzzi, consideró que este informe aludía a hechos nuevos y, por eso, mandó la denuncia a sorteo. Así llegó a las manos de Ercolini y Rívolo, que hoy tienen vedada por la Cámara Federal la posibilidad de avanzar sobre una línea de investigación considerada como ya explorada.

Benvenuto, un empresario de 63 años, es uno de los dueños de la Adcon SA (Administradora de Conocimientos SA), una firma creada en 2005 con un capital social de $12.000 y que, menos de dos meses después de haber sido dada de alta, recibió, gracias a un convenio de cooperación firmado por Zannini, una contratación directa del Estado para digitalizar toda la información del Boletín Oficial, un servicio que hasta entonces brindaba la firma La Ley SA. Desde entonces, y hasta diciembre de 2015, la firma, que no estaba inscripta como proveedora del Estado, facturó aproximadamente $134.000.000, según reconstruyó LA NACION. Benvenuto multiplicó su patrimonio y hoy es dueño, entre otras empresas, de la mendocina Finca Sophenia. Un pequeño detalle que ilustra la buena sintonía entre Liuzzi y Benvenuto: en Legal y Técnica, según declaró en una causa (que fue cerrada por el juez Luis Rodríguez) un testigo que trabajaba en esa dependencia durante el kirchnerismo, recibían con frecuencia a modo de obsequios cajas de vino de esa finca.

Más allá de los detalles de color, para la fiscalía que busca investigar estos hechos, la relación entre Liuzzi y Benvenuto está acreditada a través de documentación que los liga. No solamente registros de compra de propiedades, sino también actas societarias de distintas empresas. En el informe presentado ante la Justicia, la UIF señaló que Liuzzi y Benvenuto son socios en otra constructora, Desarrollo y Construcción SA, que tiene a su vez el mismo domicilio fiscal que ADC SA. Ese informe incluye un listado de bienes adquiridos por sociedades de Bevenuto en Mendoza y en los Estados Unidos. Pero la Cámara Federal ordenó acotar la investigación y no indagar en los vínculos existentes entre ellos ni en los contratos por considerar, frente a un planteo de las defensas, que se trataba de cosa juzgada.

Dos jueces federales de primera instancia habían allanado el camino y tomado decisiones muy favorables para Liuzzi y Benvenuto: el exmagistrado Norberto Oyarbide sobreseyó al primero de ellos en una causa por enriquecimiento ilícito en 2013, en tiempo récord, y Luis Rodríguez los sobreseyó días antes de las elecciones de octubre de 2015 en una causa que debía investigar los contratos concedidos por el Estado a Benvenuto. Un tramo de la causa que llevaba Rodríguez sigue vigente, en las manos del juez Martínez De Giorgi, quien tiene abierto hace casi seis años un expediente por enriquecimiento ilícito que no le despierta grandes preocupaciones a Liuzzi.

El expediente que sí tuvo algunos movimientos más visibles es el que llevan Rívolo y Ercolini. A partir de una serie de órdenes de presentación a escribanías de Mendoza, el año pasado accedieron a las escrituras de las propiedades y se corroboró que Benvenuto compró campos para él y para Liuzzi. En ese período, se le quitó a la Cancillería el dominio de las .ar y se le transfirió por decreto a la Secretaría de Legal y Técnica. Desde esa dependencia, Zannini firmó una adenda del contrato con Adconsa mediante la cual también se le otorgó a la empresa de Benvenuto la facultad de manejar los dominios .ar.

El año pasado, la justicia federal allanó la sede de Adconsa. A partir de ese episodio, los defensores de Benvenuto, Jorge y Juan Martín Fragueiro Frías, pidieron ver el expediente y presentaron planteos de nulidad y de falta de acción por cosa juzgada. Argumentaron que Rodríguez y Oyarbide ya habían sobreseído a su cliente por los hechos que ahora buscaba dilucidar la Justicia. Y en un fallo firmado por unanimidad por los camaristas Farah, Boico e Irurzun en octubre del año pasado, se le hizo lugar a una parte de los planteos por falta de acción y cosa juzgada. “Fácil es advertir que todo lo relativo a las operaciones propias del vínculo contractual entre la Secretaría Legal y Técnica y Adconsa fue sometido a un proceso penal, que está fenecido con autoridad de cosa juzgada”, consideraron los camaristas en el fallo al que accedió LA NACION.

Zannini, quien firmó los convenios de cooperación con la empresa de Benvenuto, nunca fue indagado por la Justicia en esta causa ni en ninguna de las relacionadas, por lo cual el criterio de cosa juzgada podría no correr para él si la Justicia optara por investigar su responsabilidad, que podría encuadrarse, según supo este medio, dentro del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, dijeron fuentes que conocen de adentro la investigación.