Carrió fue absuelta y no irá a la cárcel

Inmóvil, como petrificada, Elisa Carrió tardó unos cuantos segundos en reaccionar. La despertó el abrazo de su abogado, Gerardo Conte Grand. El juez Luis Schelgel acababa de leer un veredicto categórico que la declaraba inocente de todos los cargos y ya no corría peligro inminente de ir a la cárcel. Eran las 21.30 y ella lloraba frente a las cámaras como nunca antes.

Terminaba un día intenso para la candidata presidencial: el empresario Héctor Antonio, hijo del fallecido dirigente peronista Jorge Antonio, había pedido para Carrió una pena de un año y seis meses de prisión en un juicio por calumnias. La acusó de haberlo señalado como instigador de un asesinato cometido en 2003, que todavía hoy sigue impune.

Carrió se defendió con un fuerte alegato político: “Si uno no habla en la Argentina de la impunidad, uno es cómplice por silencio. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Me iba a callar para no tener la represalia de la querella de los amigos del poder?”

Después afirmó que había elegido “dar testimonio” y que había asumido sin temor a las consecuencias. "En la Nación Argentina debo ser la primera líder política que está sentada en el banquillo de los acusados. Los responsables del saqueo de la república no fueron nunca siquiera citados. Yo elegí estar acá. Yo elijo dar testimonio aunque tenga que pagar con la cárcel."

El enfrentamiento entre Carrió y Héctor Antonio comenzó en 2003, cuando ella denunció que "la mafia de la pesca" estaba detrás de la muerte del empresario Raúl Espinosa, asesinado por un sicario en Puerto Madryn.

Carrió sostiene que existió un "evidente móvil económico" detrás de ese homicidio: quedarse con acciones de la empresa pesquera San Isidro, que Espinosa no quería vender.

Los interesados en la compra eran Antonio y el empresario español Juan Alvarez Castellanos, dueño de la pesquera Conarpesa. Con el tiempo se supo que después de la muerte de Espinosa ellos lograron comprar buena parte de esas acciones.

Carrió sostiene que eso debe ser investigado: "El querellante mintió. Dijo que él no había comprado esas acciones. Pedimos las constancias del expediente y debió reconocer que sí, que las había comprado como un favor a Juan Alvarez".

La audiencia de ayer había empezado con el alegato del abogado de la querella, Jorge Sandro, que sostuvo que "ni la relación comercial ni la gestión de compra de acciones son evidencia de homicidio en ningún tribunal del mundo".

Sandro dijo que las pruebas de Carrió contra Antonio eran "pretextos fútiles e inaceptables", que ella había hecho una "acusación terrible" de homicidio sin elementos y que no habría "un mejor ejemplo docente de calumnia" que este caso.

Además, Sandro acusó a Carrió de usar la denuncia "para la exaltación de su propia figura y por el rédito político". Le atribuyó, además, una actitud de "autorreferencia enaltecedora", de experimentar "la alegría del descubridor" con cada denuncia y de asumir una pose de víctima. Y sostuvo que no existía ningún "interés público" en esta investigación.

Después, fue el alegato de la defensa, que terminó con un pedido de Conte Grand para que el juez ordenara investigar si hubo un financiamiento ilegal de la campaña presidencial de Néstor Kirchner (en una grabación presentada por la defensa, la viuda de Espinosa le dijo a Carrió que su marido era presionado para hacer aportes a la campaña).

Por último, querella y defensa tuvieron un derecho de contrarréplica y el juez le concedió a Carrió "las últimas palabras". Ella le respondió con dureza a Sandro.

"Si alguien es muerto injustamente en la Argentina, ¿no hay un interés público?, ¿la única muerte que tiene interés público es si muere un funcionario? -alegó la acusada-. No hay categoría de muertos. Un muerto son todos los muertos. Un hombre muerto son todos los hombres."

Además, la líder de la Coalición Cívica desmintió que pretendiera sacar un rédito: "No lo hice por una cuestión política. Yo hablé en 2004 y hablar entonces no era como hablar ahora, cuando habla toda la oposición. Cuando yo hablé, el pueblo no quería escuchar".

La relación de Carrió con este crimen fue casi una casualidad. Una semana antes de morir, Espinosa se había reunido con ella, que estaba de campaña en la Patagonia. Le contó que lo presionaban para que pagara coimas, que lo habían amenazado y que la firma Conarpesa se quería quedar con su compañía. Aquella conversación, que tuvo unos 30 testigos, terminó con la promesa de Espinosa de hacerle llegar las pruebas a Carrió 10 días más tarde.

En su descargo final, la candidata se refirió al compromiso que, como ciudadana, tenía con la búsqueda de la verdad. "Tenemos una responsabilidad por lo que les pasa a los otros. Los que tuvimos todo y nunca nos faltó nada somos mucho más responsables", advirtió.

Afirmó también: "El hombre murió en los días que me tenía que entregar las pruebas. Eso me pesa, me hace sentir una responsabilidad individual".

Carrió sostuvo en todo momento que ella no había acusado a nadie de un delito.

El juez le dio la razón. La absolvió por todos los cargos y la semana que viene presentará los fundamentos de su decisión.

• Elisa Carrió enfrenta otras dos querellas por calumnias e injurias. La primera de ellas la inició el dueño de Conarpesa, el español Fernando Alvarez Catellano, por los mismos dichos que molestaron a Héctor Antonio. La restante la comenzó el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a quien Carrió acusó de ser "el cajero de Kirchner". El funcionario primero pidió penas de prisión, pero después retiró ese reclamo.

Por Por Paz Rodríguez Niell <br/> De la Redacción de LA NACION

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