Caso Andis: nuevas pruebas apuntan a que los intermediarios se llevaban hasta el 20% de las compras en coimas

El número del 20% apareció en la investigación judicial por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La Justicia detectó coincidencias entre las compras del organismo y las anotaciones y mensajes de un lobista sospechado de quedarse con la quinta parte del dinero que les correspondía a las contratistas a cambio de ofrecerles participar en las licitaciones.

LA NACION accedió a los certificados de pagos del organismo, cuyas fechas y montos presentan similitudes con tres archivos del expediente.

Un ejemplo: el 30 de junio de 2025, la Andis emitió dos certificados de pago a nombre de “Artrobone Ortopedia S.A.”. Uno por $17 millones y otro por $16 millones. Ocho días después, la titular de esa empresa le envió a Miguel Ángel Calvete, un hombre que nada tenía que ver con la firma y que tampoco ejercía un cargo público, una tabla que decía “Artrobone”, dos cifras al lado ($17.000.000 y $16.000.000), una línea con “Miguel $6.600.000″, otra con “Guadalupe $1.650.000″ y una más con “Cobrado el 30/6″. Misma fecha, idénticas cifras y los $6.600.000 que representan el 20% de ese total.

Calvete tenía diálogo con funcionarios de la Andis que lo mantenían al tanto de sus pagos, según el expediente. El exdirector de Acceso a los Servicios de Salud del área Daniel Garbellini le envió en un mensaje: “Sus ofrendas de esta semana”. El texto acompañaba una tabla de 10 contratistas del Estado con la suma de $2021 millones. Ese mismo día, 24 de julio de 2025, el organismo emitió 16 certificados de pago a las mismas empresas allí mencionadas. Todas ellas suman una cifra idéntica ($2021 millones), tal como surge de un pedido de acceso a la información pública realizado por LA NACION.

Tres de las 10 compañías del mensaje de las “ofrendas” también se encuentran en el documento interno del Ministerio de Salud que detectó presuntos sobreprecios de hasta 4239% en la compra de sillas de ruedas, andadores y prótesis. Entre ellas, la mencionada Artrobone.

Esos documentos y el mensaje de las “ofrendas” forman parte de la causa a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi. El último pedido de indagatorias alude a su “verdadero significado” como una presunta connivencia entre funcionarios y empresarios que redundaba en licitaciones acotadas y posibles “retornos”. En ese supuesto circuito, se describe a Calvete como “permanente engranaje entre ANDIS y las firmas, cobrando por ello entre un 12% y un 20% de las adjudicaciones en cuestión”.

La defensa del extitular de Andis Diego Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, negó que haya integrado el presunto grupo delictivo investigado. “No conocía a los proveedores ni mantuvo conversaciones con ellos. No designó a los empleados que manejaban licitaciones ni usaron sus claves. No existe responsabilidad penal objetiva en sentido estricto; toda imputación penal requiere culpabilidad. Si los empleados o proveedores cometieron delitos, Spagnuolo no participó de ellos”, indicó.

Asimismo, LA NACION contactó al abogado de Garbellini, quien adujo que prepara un descargo. Este medio también intentó contactar a la titular de Artrobone al número de teléfono que aparece en el expediente y procuró contactarla en el domicilio comercial de la firma, pero allí dijeron que sólo recibían correspondencia. Por su parte, la defensa técnica de Calvete recordó que su asistido se negó a responder preguntas a la Justicia “en tanto aguarda el resultado de la pericia de los audios atribuidos a Spagnuolo, de la producción de prueba ofrecida y de la nulidad planteada de las 16 órdenes de allanamiento”.

Según el dictamen fiscal, Calvete fue un supuesto eslabón intermedio entre la Andis y sus proveedores. “Obtendría un rédito espurio por habilitarles su participación irregular en el Siipfis”, señaló Picardi. El Siipfis es el sistema de compulsas que utilizaba el organismo para licitar sus compras.

Sus compulsas, así como sus adjudicaciones, no eran publicadas en el portal de compras públicas Compr.Ar. Por ese motivo, los certificados de pago obtenidos por LA NACION son uno de los indicadores sobre esas contrataciones, que no están a la vista de la sociedad.

“Miguel 20%”, se lee en un documento que la Justicia encontró en el celular de Calvete. Se trata de una foto que le envió Guadalupe Muñoz, identificada por la Justicia como su pareja, con una tabla. En todas dice “Silla” y una cifra de dinero. Suman $115 millones. Abajo aparece otra fila que dice “Miguel 20%” y “$23.000.000″. “Se corroboró −a través del sistema Siipfis− que se trata de compra de sillas y, se identificó que la firma adjudicataria de esas compras es Expo Trauma S.A.”, recabó la Justicia.

Expo Trauma es la que aparece con el monto más alto dentro del mensaje de las “ofrendas”: $400,7 millones divididos en tres certificados de pago con fecha del 24 de julio del año pasado. Esta empresa vendió sillas de traslado postural a la Andis, según surge del documento interno del Ministerio de Salud. A propósito de los valores que facturó y otras referencias de mercado con precios más baratos, mencionaron: ”La inclusión de características como el plegado frontal no representa un incremento en el costo de materiales que explique la diferencia del 535% observada en este rubro”.

LA NACION intentó contactar a sus representantes en el domicilio fiscal declarado de la firma, pero no obtuvo respuesta. Asimismo, se dirigió a otra dirección vinculada a la empresa, su “domicilio operativo”, según el Ministerio de Salud, ubicada en Haedo, en la calle Héroes de Malvinas 422. Sin embargo, no encontró dicha altura. “No existe la dirección indicada”, señala el documento interno de la cartera dirigida por Mario Lugones.

El caso de Neurosalud, otra de las empresas del listado de las “ofrendas”, reviste un punto de conexión con Calvete, según el dictamen judicial. El presidente de la compañía, Fabián Piedimonte, intercambió mensajes con él. “403.270.000. - mañana”, le envió Calvete el 30 de junio de 2025. Al día siguiente, la Andis emitió un certificado de pago a favor de la empresa por idéntico monto, tal cual se desprende del pedido de acceso a la información pública presentado por LA NACION.

Dos semanas antes, Calvete le había mandado un audio a Piedimonte. Según el expediente, allí dijo: “Creo que la semana que viene sale una liquidación, hacemos como siempre, llevalo ahí a lo de los chicos”.

Este medio intentó contactar a Piedimonte a través de un correo electrónico y el número de teléfono que figura a su nombre en el expediente, pero no obtuvo respuesta.

Otros casos

La Ortopedia Bernat también aparece en las anotaciones atribuidas a Calvete. Es una de las 10 de la lista de las empresas de las “ofrendas” con $308 millones. Existen tres certificados de pago que suman esa cifra con fecha del 24 de julio del año pasado.

La empresa emitió la factura del andador con el presunto sobreprecio del 4239% del que habla el documento interno del Ministerio de Salud. En paralelo a eso, la Justicia investiga documentos comerciales de la firma.

El dictamen fiscal posó la lupa sobre la facturación entre Ortopedia Bernat e Indecomm, que es una empresa de la que Calvete fue socio en 2022 y figura como firmante de cheques, según una plataforma con información bancaria. “Lo facturas a Bernat porfa…!!”, dice un mensaje que Calvete le envió a quien la Justicia identificó como su secretaria. El texto estuvo acompañado de una foto que muestra tres cifras juntas (14.900.000, 3.200.520 y 11.699.480) y una abajo de ellas con un círculo que dice “FC a Bernat” y el número 5.849.740, que representa el 19,6% de la suma de los tres anteriores.

El mismo día de ese mensaje, según el texto judicial, la secretaria le envió una factura a Calvete emitida por Indecomm a Ortopedia Bernat. Su importe total coincide con la cifra de abajo de la imagen anterior. El detalle del producto dice “Camas ortoped. reacond”. Sobre ello, el fiscal Picardi sostuvo: “No se halló documentación respaldatoria ni ninguna otra constancia que dé cuenta de la existencia o refacción de dichas camas ortopédicas en dependencias de la firma Indecomm S.R.L.”.

En diálogo con LA NACION, Ortopedia Bernat sostuvo: “No participamos en ningún circuito de coimas a funcionarios”. Sobre la factura del andador con el presunto sobreprecio de 4239% señalado por el Ministerio de Salud, indicaron que el valor se ajusta al costo del equipamiento vendido y agregaron que todavía no recibieron el pago por dicha operación.

El fiscal Picardi observó que Indecomm también le emitió facturas por $159 millones a otra empresa del listado de las “ofrendas”. Se trata de Prolite Orthopedics, que aparece con un certificado de pago a favor del 24 de julio, equivalente a $67,5 millones.

Según el expediente, esas facturas eran emitidas bajo el concepto de presunta venta de “camas ortopédicas reacondicionadas”. Picardi cuestionó una supuesta desproporción entre los precios y el servicio. “La facturación no respondía a una operación comercial genuina, sino que habría sido utilizada como instrumento para canalizar transferencias de dinero entre los integrantes de la organización ilícita articulada para defraudar al Estado Nacional, bajo una apariencia formal de legalidad”, acusó.

LA NACION se comunicó con Christian Sagues, representante de Prolite. Desde la defensa del empresario dijeron que “las invitaciones a cotizar” en las licitaciones las “definía Andis” y describieron que “las compulsas eran secretas: ningún proveedor sabía qué otras empresas participaban ni qué cotizaban”. Asimismo, negaron que haya tenido contacto “con funcionarios del organismo ni acceso a información privilegiada”. Y reconocieron el vínculo con Calvete. “Se encargaba de gestiones de inscripción, presentación documental y seguimiento de cobros ante ANDIS como gestor / intermediario comercial, práctica habitual en el sector”, indicaron. Por ese motivo, afirmaron que se “le pagó comisiones documentadas con facturas” y que ignoraban sus “vínculos con funcionarios o con otras ortopedias”.

En total, fueron llamadas a indagatoria 49 personas. La estrategia que siguen muchos de ellos es pedir la nulidad de toda la causa y cuestionar el origen de los audios atribuidos a Spagnuolo que hicieron explotar el cas. En respuesta a un pedido de la Cámara Federal, el juez Ariel Lijo ordenó a fines de abril realizar un peritaje de aquellas grabaciones.

Por Ignacio Grimaldi

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