Un blindaje de dólares para el operativo reelección

La maquinaria del Gobierno concentra su trabajo en un único propósito: la reelección de Javier Milei. Si se examinan esos movimientos aparece un rasgo llamativo: las principales hipótesis defienden como un fenómeno fuera de discusión que Milei ganará los comicios del año que viene. En el peor de los casos, ese designio sólo podría verse contrariado si el Presidente es derrotado por un candidato que garantice igual o mejor que él la continuidad de la actual orientación económica. El optimismo se manifiesta en varios campos. Pero sobre todo en dos: el programa financiero diseñado por el Ministerio de Economía y la ingeniería diseñada por la Casa Rosada para facilitar que los votos de fuerzas que compiten entre sí a nivel provincial confluyan en la fórmula encabezada por Milei.

Es una ley no escrita que cada vez que se acercan las elecciones nacionales los ahorristas e inversores se lanzan a “formar activos externos”. Es el tecnicismo equivalente a “comprar dólares”. El oficialismo actual se ufana de ser distinto de todos los anteriores, en especial en cuestiones económicas. Aun así, sufrió este comportamiento como los que lo precedieron. O aún de un modo más traumático. Antes de los comicios legislativos de 2025 la presión sobre las reservas del Banco Central fue tan fuerte que llegó a contaminar el mercado de bonos: los tenedores de papeles argentinos comenzaron a temer que faltarían dólares para atender sus acreencias. El Gobierno quedó contra las cuerdas y sólo pudo respirar gracias a un auxilio excepcional de Donald Trump, que desembolsó 20.000 millones de dólares para rescatar a su principal aliado sudamericano.

Con la memoria atrapada en esa experiencia, Luis “Toto” Caputo y su secretario de Finanzas, Federico Furiase, están interesadísimos en demostrar que su gestión está blindada ante el riesgo electoral que plantean las próximas presidenciales. El lunes presentaron el programa financiero oficial para 2026 y 2027. Esa iniciativa es, por sí misma, una novedad. Por primera vez Caputo ofrece una hoja de ruta explícita sobre las necesidades y fuentes del financiamiento oficial. Él siempre ha sido fóbico a ese tipo de ataduras.

Entre todos los datos en los que se sostiene el cálculo del equipo económico, hay dos muy significativos desde el punto de vista político. El primero tiene que ver con la necesidad de hacer frente a los vencimientos previstos para 2027 de bonos emitidos bajo ley local. Representan 4.900 millones de dólares. Una cifra casi equivalente a la que Caputo promete captar emitiendo títulos similares: 5.000 millones de dólares.

Estas previsiones llevan implícita una premisa: desde comienzos de 2027 el mercado en el que se compran y venden esos bonos va a estar tan tranquilo que se podrá resolver ese compromiso sin dificultad. En la suma y resta final, será un rollover. Es decir, prevalecerá la confianza en que la nave se desplazará sin turbulencia alguna.

El cuadro diseñado por Economía presenta otro detalle tranquilizador. Para pagar la deuda en dólares el Tesoro conseguirá que el Banco Central le venda 4.900 millones de dólares. Esta operación supone algo obvio: que el Central dispondrá de esa suma para atender las necesidades financieras de Hacienda. Dicho de otro modo: en el mercado de cambios reinará la serenidad debido a que los ahorristas o inversores no querrán pasarse de pesos a dólares. Para seguir con la jerga de los especialistas: no habrá “creación de activos externos”.

La lectura política en la que se sostiene el programa financiero presentado por las autoridades es coherente con las afirmaciones habituales de Caputo: no hay posibilidad alguna de que el electorado decida un cambio y prefiera un candidato volcado hacia el populismo económico. En otras palabras, el “riesgo kuka” se ha reducido a cero. Por eso los bonos que vencen serán rescatados con papeles similares que todo el mundo aceptará y por eso al Central le sobrarán divisas para prestar al Tesoro en el momento de pagar la deuda. Esa paz financiera sólo es concebible en dos escenarios: uno en el que la candidatura de Milei resulta invulnerable u otro en el que esa candidatura es desafiada por la de otro dirigente que no inspira duda alguna sobre la continuidad del rumbo actual. Es decir: o Milei marcha hacia una victoria contundente en primera vuelta o Milei deberá enfrentar en un balotaje a alguien tan ortodoxo como él.

El porvenir que vaticina el programa financiero de Caputo descarta, como queda claro, que la política tenga otras ideas. Una de ellas es que prospere una propuesta que tenga afinidades conceptuales con Cristina Kirchner. Por ejemplo, que ella auspicie a un dirigente salido de sus filas, al estilo de Eduardo “Wado” De Pedro, Mariano Recalde o el mismo Máximo Kirchner, y que ese ahijado muestre alguna competitividad. Como es sabido, ese abanderado deberá defender dos consignas que el diputado Kirchner ya sacralizó: “Cristina libre” y “renegociación de la deuda externa”. Si, en cambio, el kirchnerismo acuerda con Axel Kicillof, el gobernador deberá aceptar ese credo. Hasta Sergio Massa, si quiere la bendición de San José 1111, no podrá desafiar el imperativo. Cabe la posibilidad de que Kicillof enfrente a su antigua mentora. Aun en ese caso, todavía no está para nada claro que él esté dispuesto a prometer que va a cumplir con los compromisos financieros asumidos sin reestructurar una moneda.

Estas posibilidades, que contienen un potencial de intranquilidad para los mercados, no parecen estar contempladas en el programa de Caputo. Al contrario, da la impresión de que los datos que expuso Economía obedecen a la tesis electoral que ya defendió el ministro a comienzos del mes pasado: “Puede haber un shock externo, una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida”. Hay que suponer que, si no llega Kicillof, menos lo haría un candidato de La Cámpora. Por lo tanto, ¿hacía falta ofrecer un programa financiero?

El Ministerio de Economía descarta otro peligro, que ya no tiene que ver con la identidad de los rivales sino con la organización del calendario electoral. Una de las grandes novedades que presenta en estos tiempos la vida pública argentina es que la provincia de Buenos Aires comenzó a tomar vida propia. El signo más evidente es que discute su propio cronograma para elegir autoridades, ajeno a del orden nacional. Sucedió el año pasado: los bonaerenses eligieron a sus legisladores el 7 de septiembre. Ganó el peronismo y ese resultado explica, en parte, esa inquietud financiera que pidió una intervención de Trump.

Todavía no está descartado que el año que viene las elecciones de la provincia sean, de nuevo, desdobladas. Es decir, que antes de la elección presidencial se elija al sucesor de Kicillof. ¿Qué impacto tendría en el clima general que esas elecciones las gane alguien del PJ? ¿Cómo asimilarían los inversores una derrota anticipada del oficialismo nacional en el principal distrito del país? El confiado programa financiero de Caputo estaría suponiendo un triunfo del candidato de Milei, lo que a la vez implica imaginar que en territorio bonaerense La Libertad Avanza y Pro irán unidos. En otras palabras: las cuentas de Caputo y Furiase suponen que en 2027 habrá apetito por el peso y apetito por los bonos. Imaginan todo, menos una corrida.

Esa propuesta financiera del Ministerio de Economía parece tener, sin embargo, un detalle de cautela que corrige este panorama. Está cifrado en tres guioncitos que indican falta de datos. Esos tres guioncitos aparecen, dentro del área de fuentes de financiamiento, en la opción NY law, es decir, bonos emitidos bajo ley de Nueva York. Los casilleros no consignan números. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que aparece esa opción, aunque todavía resulte abstracta. Para sintetizar: es posible que el Gobierno esté pensando en salir al mercado de deuda internacional. ¿Para recaudar qué cantidad de dólares? Guioncitos.

La baja del riesgo país volvería más atractiva esa emisión. Hay expertos que suponen que las calificadoras de riesgo mejorarán el status del país y que ese sería otro empujón hacia el mercado. Aunque desde el martes irrumpió un factor que podría entorpecer esta iniciativa. Ese factor es Trump. La decisión del presidente de los Estados Unidos de, a raíz de nuevos enfrentamientos en el estrecho de Ormuz, desconocer el Memorandum de Entendimiento con Irán y ordenar nuevos ataques sobre bases militares de ese país, vuelve a enrarecer a la economía internacional, sobre todo en los campos energético y financiero.

Para la Argentina y, con especial énfasis, para la administración de Milei, la permanencia de la guerra en Medio Oriente tiene consecuencias importantes. Una es la posibilidad de una suba en la tasa de interés, que encarecería el costo de esos dólares que Economía podría ir a buscar al mercado internacional. En esta instancia hay que considerar otra variable: la del mayor o menor pragmatismo del Presidente. En febrero pasado fue reemplazado el secretario de Finanzas Alejandro Lew a raiz de que Milei se negó a autorizar una emisión de deuda por 5.000 millones de dólares a 10 años a una tasa superior a 9,5%. Los especialistas calculan que hoy la Argentina podría conseguir fondos con una tasa de alrededor del 8,7%. Si la tormenta repuesta por Trump se mantiene y el dinero se vuelve más costoso, ¿el Presidente autorizaría igual esa eventual operación de deuda?

Las decisiones bélicas de Irán tienen otra proyección sobre la Argentina. Al elevar el precio de los combustibles en los Estados Unidos, vuelve más esquivo un triunfo electoral para los republicanos. Un consenso muy extendido entre los estudiosos de la opinión pública en ese país indica que Trump perderá el control de la Cámara de Representantes y no tiene asegurado retener el del Senado. Quiere decir que, con un Trump debilitado, la posibilidad de que el gobierno libertario pueda recibir, in extremis, un auxilio financiero desde el Norte, se vuelven mucho más pequeñas. El que Washington concedió en septiembre de 2025 ya desató una discusión inconveniente para el benefactor de Milei. Este es el rosario de preguntas que los guioncitos de Caputo todavía no responden.

Quiere decir que el programa elaborado por el ministro y su secretario Furiase se sostiene sobre hipótesis políticas de difícil verificación. Para expresarlo en términos muy generales: ellos pretenden conjurar una posible turbulencia derivada de un riesgo electoral inexistente, porque imaginarían que Milei ya tiene la reelección escriturada. Obtener más recursos para blindar un futuro menos previsible depende de que se atenúen o corrijan el comportamiento geopolítico de Trump y las restricciones financieras de Milei.

Una lógica parecida a la de Caputo al mirar las finanzas del año que viene es la que preside el trabajo de Diego Santilli y su reforma electoral. El jefe de Gabinete negocia dos cambios principales en el sistema. La suspensión de las primarias, por lo menos en su simultaneidad y su obligatoriedad, y la habilitación de listas colectoras. Este segundo cambio permitiría que fuerzas que rivalizan con La Libertad Avanza en las provincias puedan alinear sus listas de senadores y diputados nacionales con la candidatura presidencial de Milei.

Existe una ilusión óptica en ese nuevo esquema. Es de suponer que Milei ya tiene los votos, que incluso ya tiene las adhesiones de esos aliados partidarios, y sólo necesita una reglamentación para incorporarlos. Como Caputo, Santilli adopta el resultado deseable, la reelección de Milei, como premisa. Tal vez tenga razón.

Sin embargo, lo contante y sonante en la actualidad es que Santilli sólo está inventando un nuevo instrumento que es un arma de doble filo. Los gobernadores peronistas, radicales o independientes, que prometen al jefe de Gabinete unirse a la marcha triunfal de Milei lo hacen en el caso de que esa marcha triunfal se verifique. Y, sobre todo, porque hoy carecen de candidato, lo que es clave en la dirigencia peronista. Sin embargo, si por las razones que fuere, apareciera un rival competitivo que desafíe el triunfo de Milei, Santilli le estará ofreciendo a ese dirigente una herramienta para ordenar y expandir su propio campo.

Mientras el jefe de Gabinete y el ministro de Economía trabajan para la reelección de Milei, Juan Bautista Mahiques, el ministro de Justicia, va creando, designando un juez tras otro, una estructura al servicio de Comodoro Py, la corporación a la que pertenecen él y su familia. Para construir ese artefacto de largo plazo debe pagar un precio de mediana duración: despejar de pesadillas judiciales las noches del Presidente y de su hermana Karina. La designación de magistrados es la herramienta principal para armar ese objetivo.

Una demostración muy elocuente de este juego aparece en la causa $LIBRA, que podría tener involucrados a los dos hermanos. Para que ese expediente desemboque, como está previsto, en la impunidad, el primer servicio llegó desde donde más se lo esperaba: el fiscal Eduardo Taiano. Aterrado siempre ante cualquier enfrentamiento con el poder, Taiano alegó que carecía de recursos técnicos para investigar la sospechosa operación con esa criptomoneda. La semana pasada, como viene informando Hugo Alconada Mon, se agregó el controvertido juez Marcelo Martínez de Giorgi, que eliminó a los que habían sido reconocidos como querellantes, incluso por la Cámara Federal.

El argumento de Martínez de Giorgi fue desopilante. Según él, los querellantes no pueden querellar porque no quedó probado todavía que haya habido fraude. Es obvio que, para que eso quede probado, debería terminar el juicio. Salvo que se adopte la solución de De Giorgi: que los querellantes lo reemplacen a él y prueben que el delito que se investiga se consumó.

Es posible que con apenas una pizca de sinceridad Martínez de Giorgi podría haber reemplazado ese argumento por este otro: no debe haber querellantes que aporten pruebas o exijan medidas porque mi esposa, Ana María Juan, acaba de ser designada jueza federal de Hurlingham por el Presidente, que es a quien yo debería investigar. Es una broma, claro. Pero hay algo cierto: Milei designó a la esposa de un juez que tiene entre manos una causa que no lo deja dormir.

El otro aporte de Mahiques a la tranquilidad de los Milei es el armado de la Cámara Federal. Es decir, del tribunal que debe revisar todos los pronunciamientos de primera instancia en los casos de corrupción. Allí el ministro piensa enviar al Senado el pliego de su amigo Pablo Yadarola, quien, como él y como su padre, Carlos Mahiques, compartieron la malhadada excursión a Lago Escondido. Yadaraola obtuvo, por el examen y los antecedentes, el lugar Nº 16 en el concurso 461 del Consejo de la Magistratura. Pero gracias a la entrevista posterior subió 11 posiciones y terminó integrando la primera terna.

El juez penal económico Yadarola ganó celebridad en los últimos tiempos por sus dificultades para detectar quien dio la orden para que Laura Belén Arrieta, quien llegó en el avión del empresario Leonardo Scatturice, pasara más de 10 valijas sin control de la Aduana en el aeroparque metropolitano. El juez alega, como Taiano, limitaciones técnicas. No se le ocurrió convocar a la agente que recibió la orden y preguntarle quién se la impartió. Tal vez escuche lo que se repite hoy en voz baja en la Aduana: que hubo un llamado que se originó en el entonces director José Velis, que se transmitió al entonces director de Comprobación Documental Marcelo Lista, encargado de que se cumpla la excepción. Lista habría sido ascendido el viernes pasado. Habladurías. Ojalá Yadarola no las verifique antes de que lo conviertan en camarista y pierda el cargo. Otra broma.

A pesar de esas sospechosas alteraciones, en Tribunales hay una llamativa coincidencia: más nefasta que la llegada de Yadarola a la Cámara Federal sería la de su competidor Fernando Poviña, entre otras razones, por intereses que hunden sus raíces en la AFA, dada su condición de directivo del Atlético Tucumán. La AFA es el universo social de los Mahiques. Basta recordar que su padre celebró su cumpleaños en la mansión de dos jubilados de Villa Rosa en la que solía descender el helicóptero de Pablo Toviggino.

Otro camarista sería Pablo Bertuzzi, quien concursó por el cargo que hoy ocupa porque llegó allí por un traslado. Bertuzzi quedó en el puesto Nº 21. Gracias a la entrevista lo promovieron hasta el lugar Nº 7. Es posible que Milei envíe su pliego al Senado. Aunque en la Justicia afirman que demorará. Antes se espera que Bertuzzi convalide como camarista la decisión de Martínez de Giorgi de eliminar a los querellantes de la causa $LIBRA. Es decir: el presidente también tiene en sus manos el destino de unos de los magistrados que decide sobre el caso en el podría estar involucrado.

Bertuzzi aceptó competir por su cargo actual. No adoptó la posición de su colega Leopoldo Bruglia, quien denunció una discriminación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: a él lo desplazan de su cargo actual porque llegó por un traslado, dentro del mismo fuero federal. Pero el padre del ministro, Carlos, también llegó desde otro cargo y, en su caso, desde otro fuero. Sin embargo, no sólo no se lo desplaza sino que se lo propuso para continuar en el cargo de camarista de Casación después de haber cumplido 75 años. La Comisión envió el caso al Ministerio de Justicia para que responda la acusación de Bruglia. Mahiques debe explicar por qué su padre tuvo un privilegio.

Ayer papá Mahiques hizo alarde de su buen francés. Explicó que renunciaría a su “soberanía lingüística” en homenaje a los magistrados franceses que lo escuchaban. Participaba de un encuentro profesional de jueces franceses y argentinos. Como Mahiques intervino vía Zoom, agigantó la leyenda tribunalicia de que está asistiendo a los partidos del Mundial de Fútbol. Hazte fama.

Más allá de esas minucias, el de Mahiques fue un gesto muy oportuno. La relación con Francia acaba de tener un entredicho originado en Mendoza, cuando la vicegobernadora Hebe Casado describió a la selección de ese país como un “equipo africano”. En la embajada francesa ante la Argentina la declararon persona non grata.

Por Carlos Pagni

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