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El gobierno de EE.UU. no ve que en el caso $LIBRA haya pruebas de un delito
Planteó que las criptomonedas son activos especulativos y que su “promoción” de un político en redes no equivale a inducir a una trampa
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LA NACIONHugo Alconada Mon
Un día antes de que una jueza federal de Nueva York desestimara la demanda colectiva (“class action”) que impulsaron afectados por el lanzamiento y colapso de $LIBRA, el gobierno de Estados Unidos había fijado su propia posición, por escrito, que comunicó de manera formal a las autoridades argentinas. Sostuvo que los inversores en criptomonedas asumen los riesgos propios de comprar y vender activos financieros que son especulativos, nuevos y no regulados, y que la publicación viral de un político que promueve un criptoactivo no basta, por sí sola, para demostrar que fueron inducidos a una trampa.
La posición oficial del gobierno estadounidense, que hasta ahora no había trascendido y cuya copia obtuvo LA NACION, fue más lejos. Tras transmitir su parecer, le informó al Gobierno de Javier Milei que no entregará los registros solicitados por la Justicia argentina porque la información aportada desde Buenos Aires fue insuficiente para demostrar que se había cometido un delito.
“Dado que no hay pruebas suficientes para dar curso a la solicitud, estamos cerrando nuestro expediente sobre este asunto”, indicó la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) de la División Criminal del Departamento de Justicia. Y lo planteó mediante una carta de una carilla que remitió al Ministerio de Justicia argentino para que la presente ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de instruir la investigación criminal por presunto fraude en los tribunales federales de Comodoro Py.
La requisitoria argentina había comenzado a tramitarse hace más de un año y medio y el Departamento de Justicia la recibió el 8 de abril de 2025. El pedido buscaba acceder a “registros de suscriptor” para avanzar en la investigación por fraude en torno a $LIBRA, el criptoactivo que impulsaron el estadounidense Hayden Mark Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y que contó con el apoyo del presidente Milei, quien posteó en su cuenta de la red social X el código de 44 letras y números indispensable para adquirirlo.
Según surge de la respuesta oficial remitida desde Washington, funcionarios estadounidenses solicitaron información adicional a los tribunales argentinos en dos ocasiones —el 24 de abril y el 31 de julio de 2025— para evaluar si daban curso a la requisitoria. La primera respuesta argentina llegó el 31 de julio de 2025; la segunda, recién el 7 de mayo de 2026, más de nueve meses después. Pero, al final, la respuesta fue negativa.
“Lamentablemente —indicó la carta, redactada en inglés, con traducción oficial en español, y firmada por la fiscal Mari Aponte—, la información fue insuficiente para obtener los registros solicitados, ya que no había pruebas suficientes que demostraran que se había cometido un delito”.
“Deben existir pruebas suficientes para demostrar que existe una conexión clara entre los sujetos de la investigación y los delitos objeto de investigación y las asistencias solicitadas”, abundó el texto, que en su cuerpo no aludió por sus nombres a Davis, Novelli y Terrones Godoy, entre otros acusados, ni a Milei, que sí figuró en la carátula de la misiva.
“Los inversores de criptomonedas asumen los riesgos de activos financieros especulativos nuevos y no regulados”, fijó como pauta general el Departamento de Justicia. “Las campañas agresivas en las redes sociales sobre un criptoactivo altamente volátil y una publicación viral de un político que lo promueve, por sí solas, no son suficientes para demostrar que los inversores fueron inducidos a invertir mediante falsedades”.
Aunque el texto no aludió a político alguno, esa descripción podría aplicarse a figuras como el presidente Donald Trump, su esposa Melania y Milei, quienes han utilizado sus redes sociales para difundir “memecoins” y otros criptoactivos con sus nombres -$Trump y $Melania- o, en el caso del jefe de Estado argentino, $LIBRA, para darles visibilidad y volumen financiero a esos proyectos.
Tras el colapso de $LIBRA, cabe recordar, Milei borró su posteo original y buscó despegarse del proyecto y de sus protagonistas. Remarcó que él solo se había limitado a “difundir”, pero no a “promocionar” el proyecto, del que empezó por afirmar que serviría para “incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”, pero al que luego caracterizó como “ir al casino” o, incluso, una “ruleta rusa”.
En la misiva que llegó a Comodoro Py, el Departamento de Justicia terció en ese contrapunto, acaso sin buscarlo: aludió al político que “promueve” un criptoactivo, en lugar de sostener que se había limitado a difundirlo. La carta, sin embargo, se limitó a cerrar el trámite vinculado al pedido argentino, pero no precisó si la Sección Fraudes de la División Criminal tramita su propia investigación sobre lo ocurrido.
En ese sentido, funcionarios de la Sección Fraudes recibieron al menos un “reporte de operaciones criminales” en los días posteriores al colapso de $LIBRA, según reveló LA NACION en febrero de 2025, ante la sospecha de una presunta megaestafa por entre 87 millones y 107 millones de dólares, que afectó a miles de inversores de la Argentina, Estados Unidos y otros países, e impactó en empresas del mundo cripto como KIP Protocol, Jupiter y Meteora, donde cayó uno de los máximos ejecutivos. No trascendió si esas actuaciones avanzaron.
Un día antes
La comunicación oficial del Gobierno de Estados Unidos se fechó el 28 de septiembre pasado, en Washington. Es decir, un día antes de que la jueza federal Jennifer Rochon rechazara en Nueva York la demanda colectiva de inversores damnificados por el lanzamiento y posterior colapso de $LIBRA y dispusiera el cierre de la causa que tramitaba ante los tribunales federales de Manhattan.
Rochon admitió así los pedidos de desestimación formulados por Davis y los demás integrantes de Kelsier Ventures, por Benjamin “Ben” Chow y por Dynamic Labs, y rechazó además el intento de los demandantes de ampliar nuevamente su denuncia, por lo que los impulsores de la “class action” deberán evaluar ahora si recurren a la Cámara de Apelaciones.
Rochon concluyó que los inversores Omar Hurlock y Anuj Mehta no habían logrado demostrar sus acusaciones de fraude, conspiración, enriquecimiento injustificado y violaciones de la ley federal RICO —utilizada contra organizaciones que desarrollan un patrón continuado de actividades ilícitas—. En particular, consideró que no habían acreditado el requisito de continuidad exigido para configurar un “patrón” de actividad ilícita bajo esa legislación.
En ese sentido, la jueza mencionó 18 veces a Milei en su resolución y consignó que Davis envió mensajes a terceros afirmando que tenía “control” sobre el jefe de Estado y ofreciendo reuniones con el mandatario a cambio de dinero. También, según surge de los mensajes incorporados a la demanda colectiva, que afirmó que le enviaba dinero a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “y él firma lo que sea que yo le diga y hace lo que yo quiera”.
Rochon también consignó el papel que los propios demandantes atribuyeron a Milei en el lanzamiento del criptoactivo, el 14 de febrero de 2025, a partir de su posteo en la red social X. “En respuesta a su anuncio [por el posteo], el interés de los inversores, el volumen de operaciones y la cotización [de $LIBRA] subieron”, señaló la magistrada.
Tipo de trabajo:noticia original
